El Ministerio Público Fiscal deberá esperar para imputar a Janina Ortiz, secretaria de Gobierno de la Municipalidad de Las Heras. El juez Sebastián Sarmiento dio luz verde para que se proceda con la citación, que le llegó a la funcionaria ayer a la tarde, pero hay tiempo para cuestionar y la defensa prepara la apelación antes del viernes.
Se abre otro juego en el que participan los jueces penales colegiados. El recurso que presentará Elena Quintero, defensora de la funcionaria municipal, deberán resolverlo una jueza o juez o tribunal y todo puede terminar en la Suprema Corte de Justicia provincial. Allí quedará firme o no la resolución de Sarmiento. No sucederá antes de las elecciones provinciales del 24 de setiembre, día en el que Ortiz podría resultar electa diputada provincial por La Unión Mendocina.
La Municipalidad de Las Heras tiene abiertos varios frentes judiciales. Uno de los expedientes, que investiga delitos de coacción, tiene a Ortiz bajo la lupa de la Justicia luego de un audio entregado por parte de una empleada municipal que detonó varias investigaciones.
El Ministerio Público Fiscal había resuelto que debía imputarse pero la defensa de Ortiz, encabezada por la abogada Elena Quintero, interpuso recursos argumentando que no había delito y que además, se violaba el derecho a defensa.
Todo terminó en manos del juez Sebastián Sarmiento quien en una dura resolución contra los planteos hechos por la letrada, resolvió que correspondía la imputación a la esposa del intendente lasherino, Daniel Orozco. Lo cierto es que conocida la decisión, hay tiempos procesales para cuestionar. La citación para que Ortiz se presente hoy a las 10 y sea imputada, llegó antes de que venzan.
También se ha despotricado desde Las Heras sobre la persecución política a sus funcionarios. No obstante, Sarmiento fue incluido por Omar Palermo, ministro del máximo tribunal de justicia, en una lista de nombres que, considera, son perseguidos políticamente por su desempeño contrapuesto a lo que espera el oficialismo.
La dura exposición del supremo se dio cuando cargó contra el proyecto de reforma de la Corte que había enviado el Poder Ejecutivo. “Que haya resuelto Sarmiento de esa forma, le da un cierto halo de imparcialidad política”, dicen por los pasillos judiciales.
No apto para ansiosos
La defensa interpuso un recurso cuestionando que a la secretaria de Gobierno se la citara cuando aun es posible apelar la resolución de Sarmiento. El fiscal Juan Gabriel Ticheli (subrogante de Gabriel Blanco) convalidó el pedido y la imputación quedó en suspenso hasta el viernes. Si la defensa no apela, quedará firme y se procederá a notificar a Ortiz. Pero eso no sucederá porque Quintero ultima los detalles de su presentación.
Con la apelación en curso, intervendrá un juez penal colegiado, juega o tribunal que se designará por sorteo. Si no hay recusaciones, habrá audiencia y de acuerdo a lo que resuelva, se siguen abriendo instancias de apelaciones.
La letrada llegará hasta el final porque considera que no hay delito y que no se ha valorado la prueba que presentó. Además de sostener que se ha violado el derecho a defensa porque no la han notificado de varias pedidas, a pesar de haber asumido el cargo de abogada defensora luego de la presentación espontánea de Ortiz, allá por junio.
La estrategia judicial de Ortiz insumirá varias semanas. Casi con seguridad pasarán las elecciones y la funcionaria municipal no será imputada. Y quizás, en caso de ser electa (va en segundo lugar dentro de la Primera Sección Electoral) hasta podría asumir la banca aun con el proceso judicial en curso. Nada de lo impide porque la Ficha Limpia se activa con condenas en primera instancia. Falta una eternidad para eso.
El camino que escogió la defensa de Ortiz no es ilegal, aunque pueda despertar furia en sus detractores. “Son chicanas dilatorias para llegar al punto de desaforarla”, dicen en el Ministerio Público Fiscal.
Los cálculos que sacan en el Polo Judicial apuntan a Janina Ortiz ya como diputada provincial que tendrá fueros judiciales. Es decir que, para imputarla, se deberá pedir el desafuero a la Cámara de Diputados.
El pedido de la Fiscalía se trata en la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) y luego, llega al recinto. Con mayoría simple de votos se aprueba o se rechaza. La composición de la Legislatura, después de setiembre, es otra historia, pero los más futuristas advierten que este escenario podría darse en los próximos meses.
