El Gobierno Nacional comenzó el proceso de privatización de rutas nacionales, con el objetivo de traspasar el trabajo de mejora y mantenimiento de 9.145 kilómetros de las vías más importantes a nivel país, muchas de las cuales están en condiciones deplorables, como es el caso de la ruta nacional 7 en la zona de Alta Montaña, en Mendoza.
En este caso, se lanzó la Nación el proceso de concesión de seis rutas nacionales que pertenecen al “Corredor vial 18″, en la zona del Litoral, en el noreste argentino, y estableció el plazo de un año para realizar la licitación.
Desde el Gobierno Provincial aseguraron que mantienen expectativas de acuerdo a lo que pueda ocurrir con la ruta 7, que es la única que entró dentro de este esquema de rutas que se privatizarán por parte de la Nación. Si bien se espera que se pueda llamar rápidamente a licitación, advirtieron que será un proceso “largo” y que Mendoza deberá aguardar durante meses este tipo de etabas administrativas y burocráticas antes de ver mejoras sustanciales en el estado de la ruta.
Particularmente entrarán 347,7 kilómetros en las concesiones, que van desde Desaguadero hasta la Variante Palmira, contemplará a Variante Palmira hasta la llegada al túnel internacional Cristo Redentor, en Alta Montaña. En este sentido, se prevé un cobro de peaje sin canon para las rutas que entren dentro de la concesión.
Según la información propuesta por la Secretaría de Transporte en lo correspondiente a la Red Federal de Concesiones, este miércoles se lanzó la primera etapa, en la cual se licitarán dos tramos del Corredor 18, cuya concesión vence el 9 de abril de 2025. “Este corredor incluye principalmente las rutas nacionales 12 y 14, el Puente Rosario-Victoria, y atraviesa las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes”, marcaron, y agregaron que la adjudicación y toma de posesión podría darse en abril de 2025.
En tanto, la segunda etapa, que es la que integra a Mendoza, contempla las “principales rutas del país”. Aquí se estableció que se concesionarán “8.470 kilómetros de rutas actualmente gestionadas por Corredores Viales S.A., sumando otras rutas que hasta ahora no estaban concesionadas, como la RN 33 en Santa Fe, la RN 18 en Entre Ríos, y la variante de la RN 19 en Córdoba”.
La licitación pública será nacional e internacional de los tramos de rutas de la Red Federal de Caminos, se realizará bajo el régimen de la Ley N° 17.520 y su objeto será la “conservación, mantenimiento, rehabilitación, explotación de infraestructura vial y la prestación de servicios públicos mediante el cobro de peaje sin canon”.
No obstante, hay un dato a tener en cuenta y es que, según informó el Gobierno Provincial a Los Andes, en Mendoza, Corredores Viales SA “solo tiene la Concesión entre Desagüadero y San Martín”, y que el resto (desde Agrelo hasta el límte con Chile en Alta Montaña “ya es de Vialidad Nacional”.
Desde el Gobierno Provincial aclararon que el tramo que desde Nación prometieron que licitarán, es el de Agrelo a Chile; y que el que corresponde a Corredores Viales SA “no se ha hablado nada”.
De hecho, en el Ejecutivo han solicitado a Nación que les traspasen al ámbito provincial la ruta 7, en los tramos que abarca los departamentos de Maipú y Guaymallén, hasta la unión con la ruta 40 (donde está la rotonda de la Virgen).
Al margen, según informó diario La Nación, luego de esta primera etapa que ya lanzó el Gobierno de Javier Milei, restaría aguardar por un decreto “donde se dicte la desaparición o la liquidación de la sociedad del Estado Corredores Viales para que todo quede dentro de Vialidad”. A partir de allí, sí se podría avanzar en las privatizaciones del resto de las rutas, con la parte que le toca a Mendoza, tanto la que corresponde hoy a Corredores Viales SA, como la que tiene en sus manos Vialidad Nacional.
Primera etapa en marcha
La medida salió publicada este miércoles a través del decreto 28/2025, que establece que algunas rutas que integran la red vial nacional serán licitados en el plazo de 12 meses (un año) con el fin de “otorgar la concesión por peaje para la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación, mantenimiento y prestación de servicios al usuario y para la realización de nuevas explotaciones complementarias o colaterales que permitan obtener ingresos adicionales”.
En este caso, son tramos del corredor vial 18, que está a cargo de Caminos del Río Uruguay (Crusa) y las rutas son las siguientes:
- ruta 12 (desde Zárate a Ceibas y desde Ceibas hasta Gualeguay),
- ruta 14 (desde Ceibas hasta Paso de los Libres),
- ruta 135 (de Colón a General Artigas),
- ruta A-015 (de Concordia a Represa Salto Grande),
- ruta 117 (de Paso de los Libres a Agustín P. Justo y de Agustín P. Justo al límite internacional entre la Argentina y Brasil)
- ruta 174 (de Rosario a Victoria).
“Con el fin de reducir el gasto público resulta conveniente delegar en el sector privado la conservación y el mantenimiento de tramos de rutas nacionales cuya gestión se encuentra actualmente a cargo de la Dirección Nacional de Vialidad, incorporándose un nuevo tramo de la Ruta Nacional 12, entre las localidades de Ceibas (empalme con la Ruta Nacional 14) y el empalme con la Ruta Provincial 16, dando de esta manera continuidad a la ruta 12 hasta la localidad de Gualeguay, Provincia de Entre Ríos, y la calzada de rodamiento del Puente Internacional Agustín P. Justo hasta el límite internacional de la Argentina con Brasil, Ruta Nacional 117″, estableció el Gobierno.
Por otro lado, sostuvieron que “el corredor vial 18 es de suma importancia, no solo para la región del Litoral argentino sino para todo el Mercosur, al conectar tres de las cuatro naciones miembros de ese organismo intergubernamental por vía terrestre, además de incluir en su traza la conexión a la Represa Binacional Salto Grande”.
También se facultó -a través del artículo 2- al Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Transporte, a llevar adelante todo el llamado a licitación; dictar el acto administrativo de adjudicación y suscribir contratos; aprobar los pliegos de bases y condiciones generales, particulares y de especificaciones técnicas, el texto del contrato y demás documentación necesaria para la realización del proceso; organizar la comisión de concesiones; y calificar a los oferentes y resolver las impugnaciones.
“Resulta conveniente con el fin de mantener un criterio sistematizado y unificado con relación a la concesión por peaje de los tramos y rutas que integran la red”, dijeron en el documento.
