Hasta ahora hay tres decretos firmados por Rodolfo Suárez y el ministro de Planificación e Infraestructura Pública Mario Isgró. En los tres se ratifican acuerdos con constructoras que llevan adelante obras en Mendoza y que por la cuarentena fueron paralizadas durante 2020. Las normas reconocen gastos a las empresas provocados por esa paralización.
El propio Isgró admite que habrán más decretos y que entre todos, los ya publicados y los que vendrán, habrá que pagar una cifra millonaria: “no tengo la cifra exacta de la sumatoria de lo que impacta en el presupuesto, pero no me equivoco si decimos que son más de 50 millones de pesos para reactivar la obra que hubo que paralizar”, dijo el ministro a Los Andes.
Ahora se empiezan a firmar los convenios de reconocimiento de gastos por la paralización con las empresas para continuar las obras que se detuvieron el año pasado. La idea es volver a trabajar a pleno este mes.
“La desparalización, que implica un esfuerzo importante de ambas partes, dada la situación de imponderables para todos (por los vaivenes del Covid-19), hizo que consideráramos por un lado un reconocimiento del Estado para que ellos absorban costos del proceso de obra paralizada, de lo que implica retomar las tareas. Consideramos entre marzo y junio, en algunos casos un poco más, esa sería la colaboración de las empresas, considerar una menor cantidad de tiempo”, dijo el ministro respecto de los acuerdos: es decir no se reconoció todo el costo de la paralización.
Cuando las provincias o la Nación tienen desequilibrios financieros, lo primero que se recorta es la obra pública, porque se supone, más allá de lo que implica en términos de empleo privado y desarrollo, que es lo menos oneroso para paralizar.
El año pasado, el problema financiero se desató por la cuarentena asociada a la pandemia. La falta de actividad económica afectó la recaudación impositiva y así preventivamente, el 19 de marzo de 2020, Isgró firmó la resolución 65 que paralizó la obra pública, excepto los trabajos en los hospitales Central y Schestacow (San Rafael). “El presupuesto 2020, que si bien era sobrio, así todo el 80% hubo que redirigirlo a la atención sanitaria, lo cual hizo que no sólo prácticamente no se licitara obra nueva, sino que hubo que paralizar la que teníamos en ejecución”, explicó Isgró.
Hay otros costos que pueden estar vinculados a la paralización, pero no son específicos. Por ejemplo, las renegociaciones por variaciones de precio, puede estar vinculadas a la paralización, pero también por la inflación, aun cuando los trabajos no se discontinúen. Por esto, es que los convenios por costos directos e indirectos de la paralización resultan interesantes acerca de lo que significa detener la obra pública, en este caso por la cuarentena decretada por la llegada del Covid19.
Sin embargo, la paralización también tiene costos financieros para el Estado. Durante enero, se publicó en el Boletín Oficial tres decretos, 1.845, 1.846 y 1.848, los tres específicamente referidos al reconocimiento de gastos directos o indirectos por la paralización de la obra.
El primero fue firmado por la UTE conformada por Santiago Laugero Construcciones y Corporación del Sur, que lleva adelante la construcción de la nueva maternidad del Hospital Lagomaggiore. Ese acuerdo es el más oneroso de los publicados hasta ahora. El reconocimiento de gastos improductivos es por 14.670.686,53 pesos.
El decreto 1.846 ratifica el acuerdo con la UTE conformada por las empresas Ceosa y Oha construcciones, quienes tienen a cargo la construcción del Centro Federal Penitenciario de Cuyo, en Cacheuta. El monto reconocido por el Estado por la paralización es de 11.200.000 pesos.
El 1.848 es para avalar lo firmado con la UTE de las empresas Stornini y Ayfra, quienes deberán terminar el nuevo edificio de la Suprema Corte de Justicia en el polo judicial que se ubica detrás de la cárcel de Boulogne Sur Mer, obras eléctricas y el conocido como “presoducto”, que es la conexión peatonal subterránea con el complejo penitenciario. El reconocimiento del Estado por la paralización en esta obra asciende a 13.605.900 peso.
En total, los tres decretos suman 39,476.586,53 pesos en gastos improductivos generados por la paralización de la obra pública. Y según Isgró, con los decretos que faltan se superarán los 50 millones de pesos.
De acuerdo al repaso de memoria de Isgró, los que faltan se refieren a la cárcel de Almafuerte (vecina de la federal), dos edificios más del Polo Judicial, el Mercado de Productores (ubicado en calle San Martín al 300, detrás del EPRE) y un barrio de General Alvear.
¿Qué se cuenta en los costos directos e indirectos por paralización? Seguridad de las locaciones, salarios de personal (los que se mantienen), desarme de logística de obra, considerar los nuevos precios unitarios de insumos que no son los mismos que cuando se paralizó. Traslados de insumos, que fueron a depósito y hay que volver a llevarlo. “Es arrancar el camión otra vez” dijo Isgró.
