En el retorno legislativo tras el receso de las vacaciones de invierno, la Cámara de Senadores dio sanción final este martes a tres proyectos importantes vinculados con la seguridad, que ya traían su aprobación por parte de la Cámara Baja.
Uno de los proyectos aprobados es la que dotará mayor cantidad de medidas judiciales preventivas para eventos a la hora de realizar controles biométricos a los ciudadanos; otro es el que busca incorporar y regular más el uso de cámaras de seguridad privadas en espacios públicos; y el tercero, que consta de nuevas regulaciones al Régimen de la Policía de Mendoza para integrar tecnología de seguridad.
Estas iniciativas corresponden al paquete de proyectos que anunció el gobernador Alfredo Cornejo durante el 1 de mayo, en la apertura de sesiones ordinarias en la Legislatura provincial.
Para la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, se trata de un paso hacia adelante en materia de dotar mayores herramientas a la Policía, y se trata de “iniciativas de vital importancia para fortalecer la seguridad en nuestra provincia”.
Cámaras públicas y privadas anexadas al CEO 911
Otro de los proyectos aprobados regula el uso de cámaras de seguridad en lugares públicos, incorporando por un lado tecnología de inteligencia artificial; pero también agrega la posibilidad de contar con las cámaras instaladas por privados en lugares públicos.
Para el Gobierno, se “ampliarán las herramientas de visualización ante emergencias, en beneficio de la seguridad pública”.
Según la ministra, este sistema es crucial no sólo para abordar diversos delitos y seguir trayectorias delictivas, sino también como evidencia fundamental en investigaciones y condenas efectivas.
Establece que el uso de videocámaras debe ser “proporcional y justificado, prohibiendo la captura de imágenes en propiedades privadas sin consentimiento expreso o autorización judicial”.
Las imágenes y datos obtenidos serán confidenciales, accesibles solo por autoridades competentes en causas judiciales o administrativas. Además, las grabaciones accidentales que violen la ley deben ser destruidas inmediatamente, salvo que estén relacionadas con un caso judicial.
Uno de los aspectos más innovadores del proyecto es la incorporación de cámaras privadas al sistema de vigilancia estatal, siempre que cumplan con estándares de compatibilidad y seguridad. Esto busca ampliar la capacidad operativa, mejorar la eficacia en la prevención del delito y permitir un mejor seguimiento de las trayectorias delictivas.
El proyecto adopta directrices de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, “asegurando el respeto por la privacidad y la seguridad de la información” y aseguran que se “garantiza el respeto por los derechos humanos, como la privacidad y el honor, mientras se provee seguridad jurídica al sistema de videovigilancia”.
El sistema de videovigilancia, que ya cuenta con aproximadamente 2.170 cámaras, será actualizado para incluir nuevas tecnologías, como el reconocimiento automático de patentes y la inteligencia artificial.
También contempla la interoperabilidad de los sistemas municipales, requiriendo que informen a la autoridad competente sobre la colocación de videocámaras y aseguren su compatibilidad con los protocolos recomendados.
Desde el PJ votaron en contra de este proyecto al indicar que “dota al Estado de una capacidad de vigilancia absoluta que lo que hace es afectar principios individuales y por ende la libertad de las personas sin regulación apropiada”.
“Nada se refiere a la protección de la imagen de niñas, niños y adolescentes y ni siquiera sobre el respeto a la identidad de los mismos. También se ve afectada la propiedad privada”, dijo la jefa de bloque del PJ, Adriana Cano.
Más información en los controles biométricos
En paralelo, se aprobó una reforma clave a la Ley 9019, expandiendo los eventos incluidos en la conocida como ”orden del día” local, con datos con los cuales los efectivos policiales realizan controles biométricos a la ciudadanía.
Además de contar con la información de las solicitudes de captura y medidas sobre vehículos, ahora se incorporarán restricciones como paraderos, prohibiciones de acercamiento, prohibiciones para ingresar a eventos deportivos e inhabilitaciones para conducir.
“Esta reforma permitirá alertas policiales en perfiles verificados biométricamente en controles, mejorando así el control preventivo y disuasorio y colaborando con la seguridad pública y vial”, destacó la ministra.
Asimismo, la reforma impulsa el programa Tribuna Segura, centrado en el control de acceso a estadios deportivos para garantizar entornos seguros durante eventos masivos. Mediante la integración de bases de datos como Renaper, Sisef y Sifcop, se asegura que personas con restricciones judiciales no puedan ingresar, fortaleciendo la seguridad en estos espacios.
El senador radical, David Sáez, destacó que estos cambios buscan “mejorar la eficiencia del sistema de seguridad al permitir una identificación más precisa de individuos en la vía pública mediante dispositivos biométricos”.
Actualmente, la provincia cuenta con 300 de estos dispositivos, que han permitido identificar a alrededor de un millón y medio de personas en operativos recientes, resultando en 10.000 pedidos de resolución judicial y 7.000 identificaciones diarias.
Reforma del Régimen de la Policía
Finalmente, la Legislatura aprobó por unanimidad una normativa propuesta por el diputado Enrique Thomas del Pro, que modifica el régimen de la Policía de Mendoza.
La modificación de la Ley 6722 pretende facilitar el ingreso directo de expertos en tecnología para fortalecer la respuesta “ante los desafíos actuales en seguridad”.
La modificación legal, explicó Sáez, responde a la creciente demanda de habilidades en tecnología, software y redes sociales para enfrentar los desafíos actuales de seguridad.
Con el nuevo artículo, estudiantes y profesionales en tecnología e informática podrán ingresar a la Fuerza con un “Estado policial”, permitiéndoles aplicar sus conocimientos en un marco estatal.
El nuevo artículo 48 bis de la Ley 6722 permite el ingreso directo hasta el rango de oficiales jefes para quienes demuestren alta competencia en manejo de recursos tecnológicos aplicados a la seguridad. Los candidatos deberán aprobar un examen de aptitud y cumplir con necesidades específicas del área informática del Ministerio.
Además, podrán optar por estar exentos del uso de armas de fuego si cumplen con los requisitos de ingreso.
Para Rus, “las nuevas modalidades delictivas, impulsadas por la tecnología y utilizadas por estafadores y hackers, requieren equipos especializados en ciberpatrullaje y ciberseguridad dentro del Ministerio de Seguridad y Justicia”.
