El Gobierno provincial decidió reforzar a la policía con un equipamiento que no ha sido utilizado hasta el momento por la fuerza. Este miércoles se abrió la licitación pública para adquirir las primeras 200 cámaras corporales, con una inversión de $40 millones. Es decir que cada dispositivo costará unos 200 mil pesos.
Estas cámaras se adhieren al chaleco de seguridad mediante un adaptador y permiten filmar de manera individual el accionar de cada efectivo. Las funciones principales son dos: registrar imágenes en tiempo real hacia una sala de crisis o el 911, y además, almacenar datos que puedan ser utilizados luego como evidencia.
Desde el Ministerio de Seguridad informaron que con estas 200 cámaras realizarán una prueba piloto y sí da buenos resultados, tratarán de incorporar más. Serán utilizadas por efectivos de la policía rural, la policía vial, efectivos de patrullaje y tendrá acceso a las filmaciones también la policía científica.
El director de Informática y Comunicaciones de la cartera, Leandro Biskupovich, explicó a Los Andes que lo “más interesante es la vinculación en tiempo real con el 911, tanto con la parte policial como la parte de salud”.
Es que, si un efectivo debe atender una emergencia o un accidente, con la cámara podrá ser comandado directamente por los médicos del Servicio Coordinado de Emergencias (SEC) para dar una primera intervención a quien lo necesite, como podría ser un RCP, antes de que llegue la ambulancia.
El funcionario también indicó que en situaciones críticas como una toma de rehenes o un allanamiento, el policía que está en el lugar podrá ser comandado por una sala de crisis, que sin el “estrés” de la situación, podrá tomar “decisiones más frías” para conducir el procedimiento.
Almacenamiento de datos para evidencia
Desde Seguridad sostienen que las filmaciones quedarán almacenadas, encriptadas y “no se pueden borrar ni editar”. Por lo que representan evidencias judiciales “tanto para proteger a un policía como a un ciudadano” en un procedimiento complejo. Por ejemplo, en una balacera entre un efectivo y un delincuente, servirá para determinar “quién la inició”, indicó Biskupovich.
Del mismo modo, asegura que tienen un sistema similar de control con las cámaras que están en los patrulleros tecnológicos, porque “almacenan toda esa evidencia y también transmiten en tiempo real”. Entonces, con ese material resulta factible sancionar a los que se desempeñan mal y utilizarlo incluso para capacitar a otros efectivos, sobre lo que no hay qué hacer. “Toda esa evidencia nos sirve también para capacitar y fortalecer la actividad policial”, sostuvo el informático.
Parte de las cámaras serán destinadas a la policía vial para los controles de alcoholemia o documentación. “Servirá para darle transparencia al accionar policial y cuidar al personal de una falsa denuncia de ciudadanos o viceversa. Para que el efectivo actúe como tiene que hacerlo, para cuidar al ciudadano y garantizar que el procedimiento se cumpla”, dijo Biskupovich en sintonía con lo anterior.
También la policía científica podrá hacer uso de las filmaciones cuando se realice un allanamiento, comentó el funcionario: “Esto va a complementar a los testigos, porque muchas no alcanzan a tener un nivel de detalle cómo el que se puede tener con la evidencia grabada”.
En tanto, la policía rural será dotada con estos artefactos porque no cuentan con el respaldo del sistema de videovigilancia de las zonas urbanas, ya que por dónde se despliegan, no hay conectividad ni electricidad en varias oportunidades. Por lo cual tendrá más una función de soporte.
Al pliego de la licitación se puede acceder por la página web (www.comprar.mendoza.gov.ar). El próximo 30 de junio, a las 9 de la mañana se abrirán los sobres de los oferentes. Luego habrá un período de 15 días aproximadamente para hacer los estudios técnicos, la comparativa de precios y la calidad de los productos presentada. Una vez que se adjudique la compra, habrá que esperar la importación de los dispositivos, porque no son de producción nacional.
Para cerrar, desde el Ministerio de Seguridad informaron que tienen previsto avanzar en breve con otra licitación para equipar a 250 móviles con computadoras y cámaras externas e internas.
Presupuesto
En el Ministerio de Seguridad indicaron en mayo que la inversión oficial para mejorar la seguridad ha rondado el 8% promedio del presupuesto provincial en los últimos cuatro años y que siempre se ha contemplado la adquisición de “bienes de capital” para la fuerza.
En este sentido, de acuerdo con los números oficiales, la porción de fondos para el área de seguridad bajó entre 2022 y 2023 en comparación con el presupuesto general. Representó el 9.18% en 2022 (39.000 millones de pesos) y se redujo al 6.72% este año (62.000 millones).
En 2022, un 5,7% del total fue a bienes de capital (1.700 millones). Este año, se destinarán 1.800 millones, que equivalen al 6%. Sin embargo, el resumen oficial suma para 2023 otros 1.200 millones de pesos de refuerzo que se usarán para equipar a la Policía Rural y a la Dirección de Informática. Aquí se puede mencionar la incorporación de las cámaras corporales, respectivamente.
La merma en la participación del área de seguridad respecto del presupuesto general se debió, según las autoridades a que las inversiones en capitalización más fuertes se hicieron en los primeros tres años, con la compra entre otras cosas de unos 13.000 chalecos para la Policía y los penitenciarios y el mejoramiento del sistema de comunicación Tetra. Para el último año quedaron como proyectos la modernización del sistema 911 y la Policía Rural.
