El próximo viernes, el gobernador Rodolfo Suárez participará en Buenos Aires de la reunión ejecutiva del Comité de Cuenca Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco), donde en la agenda de temas brilla por sí solo uno: Portezuelo del Viento. Allí se sentará a una mesa frente a cuatro gobernadores (de Buenos Aires, La Pampa, Río Negro y Neuquén) que no quieren que Mendoza avance con la presa hidroeléctrica como está planificada porque, aducen, la obra los perjudicará “río abajo”.
Con este argumento, presionarán a la Nación -que ya ha dado señales de haber escuchado el reclamo- para que se realicen un nuevo estudio de impacto ambiental y una audiencia pública nacional. Pero, lideradas por La Pampa y Río Negro, sumarán un nuevo requisito: que sea el propio Coirco el que tome el mando de la presa como Autoridad de Aplicación.
En soledad, Suárez está dispuesto a defender, papeles en mano, lo hecho hasta ahora por la Provincia con Portezuelo, la “obra del siglo” que cuando está a punto de adjudicar parece entrar nuevamente en la nebulosa.
En 2019 el Coirco aprobó 3 a 1 (La Pampa votó en contra y Neuquén no asistió) el Estudio de Impacto Ambiental Regional (EIAR) para toda la cuenca, lo que permitió que Mendoza avanzara este año en la licitación y en la Audiencia Pública del 19 de marzo. Pero ahora, las otras provincias exigen un estudio “nacional” avalado por el ministerio de Ambiente de la Nación, para “evitar posibles judicializaciones”, según remarcaron a Los Andes sus voceros.
El Gobierno mendocino asegura que todos los estudios “están hechos” y adjudican al cambio de gestión nacional (de Macri a Fernández) que algunas provincias hayan modificado su postura. Y ponen como ejemplo que el ministro del Interior, Wado De Pedro, desarchivó el pedido de La Pampa para que haya un laudo presidencial por Portezuelo. Su antecesor, Rogelio Frigerio, lo había descartado.
El giro rionegrino
Si bien La Pampa históricamente ha levantado su voz contra Portezuelo, ahora sumó como aliada a Río Negro, mientras que Buenos Aires y Neuquén se mantienen en silencio aunque por su cercanía con el kirchnerismo -sobre todo la provincia gobernada por Axel Kicilof- se descuenta que apoyarán la postura de las primeras en el Coirco.
Daniel Petri, representante rionegrino en ese comité, asegura que “no cambió nada” y que no hay contradicciones en su actual postura, pese a que su firma aparece en el acta del 19 de marzo de 2019 que avala el estudio de impacto ambiental que realizaron las universidades nacionales de La Plata y del Litoral. Ahora, dice , se busca un estudio “más integral” y cita el antecedente de las represas Cóndor Cliff y La Barrancosa en Santa Cruz.
“Son dos obras muy importantes que se están construyendo. Se realizaron la audiencia pública y el estudio de impacto ambiental en Santa Cruz, pero hubo un amparo presentado por abogados patagónicos en donde planteaban que, como era una obra que iba a generar e incorporar energía al sistema interconectado nacional, tenía que tener una evaluación nacional”, explica el también Intendente General de Recursos Hídricos del Departamento Provincial de Aguas de Río Negro.
El funcionario recuerda que la Corte Suprema de la Nación avaló ese pedido en diciembre de 2016 y exigió un nuevo estudio de impacto ambiental nacional y una nueva audiencia: “En el Coirco, cuando estábamos en la ejecución de ese trabajo [el estudio que ya aprobó el comité en 2019], se sucede esta situación. Si Santa cruz tenía que hacer una audiencia pública nacional porque transportaba energía al sistema interconectado, una obra que involucra a cinco provincias, más allá de la energía, evidentemente iba a tocar la Audiencia Pública Nacional”.
Para Petri, este antecedente sirve para que si Mendoza avanza con la obra, cualquier presentación ante la Corte termine en un freno judicial a Portezuelo.
“No estamos en contra de que se realice la obra”, aclara, sino que se debe avanzar en el proceso licitatorio “si se cumplen determinados pasos, como el manejo del agua en el ámbito del Coirco, que el Coirco sea la autoridad de aplicación, y que se haga un estudio de impacto ambiental de toda la cuenca”.
Los pedidos de Petri van en línea con los que expresó públicamente la última semana la gobernadora Arabela Carreras: “Necesitaríamos rediseñar las capacidades de manejo de la cuenca, otorgándole aptitudes sancionatorias que el Coirco hoy no tiene”. Un argumento que, aseguró, ya habló con Suárez.
La intransigencia pampeana
A diferencia de las otras provincias, en La Pampa han sido siempre consecuentes en sus acciones: estuvieron en contra tanto de la DIA que se aprobó en 2019 así como del manejo de la presa. Con esos dos reclamos irán a la reunión del 26.
Su representante en el Coirco, Néstor Lastiri, dice que exigirán un nuevo estudio de impacto ambiental pero también solicitarán que las normas de manejo de la presa sean función del Coirco y no de Mendoza.
“Hay coherencia total en los planteos de La Pampa”, sostiene el funcionario, con una frase que quizás más que consolidar el planteo pampeano podría dejar expuestos a quienes hoy son sus aliados en el Comité.
Ante la pregunta sobre si consideran que podría haber algún riesgo en la construcción de la obra, Lastiri no duda: “Sí, existe riesgo, la obra está muy cuestionada desde siempre. Se usó la excusa política del gobernador de Mendoza de que esta obra es la salvación de la provincia. Pero la DIA (de 2019) fue parcial y la licitación también está llena de cuestionamientos”.
(Informe: Fernanda Verdeslago)
El estudio aprobado hace un año por el Coirco
En el Estudio de Impacto Ambiental Regional (EIAR) que tanto Buenos Aires como Río Negro y -por supuesto- Mendoza aprobaron hace poco más de un año, valoraron el trabajo realizado por las universidades de La Plata y del Litoral (que fueron contratadas por el propio Coirco).
Así lo muestra el Acta 857, firmada el 19 de marzo del 2019, donde la única objeción fue la de La Pampa, ya que Neuquén estuvo ausente.
Petri, de Río Negro, destaca que en ese momento su provincia estuvo “satisfecha con el producto alcanzado” y que ahora ese trabajo “también será de mucha utilidad para planificar a futuro diferentes tareas y estudios que deberá abordar el Coirco”.
Según consta en el acta, el ingeniero Marcos Aragón, representante de Buenos Aires, sostuvo que el EIAR “debía marcar los impactos positivos y negativos”, y que eso “estuvo muy bien desarrollado”, por lo que “Buenos Aires llega a esta opinión luego de un análisis interdisciplinario e interinstitucional, con la participación de la Autoridad del Agua, el Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable y Corfo Río Colorado”.
También aclaró que el Estudio de Impacto Ambiental “será la documentación para el llamado a Audiencia Pública Nacional”, que se realizó el 19 de marzo de este año vía streaming, por la pandemia del coronavirus.
