A la Argentina no le sobra nada. Entre otras cosas, las vacunas contra el Covid-19: llegan al país a cuentagotas y el Ministerio de Salud ha establecido un listado de prioridades de vacunación. En ese listado no figuran, por ejemplo, los legisladores nacionales. Sin embargo, el diputado del Frente de Todos, Juan Benedicto Vázquez, de Santa Cruz, recibió la primera dosis de la Sputnik de forma anticipada y acrecentó el revuelo nacional por ciertos casos de abuso de poder.
Ahora la oposición pide que suspendan a Vázquez en su banca —como ocurrió con otro diputado oficialista, el salteño Juan Ameri, quien finalmente renunció tras mostrarse en una escena sexual con su pareja en plena sesión remota— y le exige un detallado informe al Ministerio de Salud sobre la vacunación en el país y cómo funciona el Sistema de Información Sanitaria Argentino (SISA).
Prioridades
“Nuestro país, al igual que otros países del mundo, va a recibir al principio una cantidad limitada de vacunas, que luego crecerá durante la primera mitad de 2021. Por eso, al inicio del plan de vacunación, algunos grupos tendrán prioridad sobre otros de acuerdo con la exposición a la enfermedad, por las funciones estratégicas que tengan o por los riesgos que presenten”, dice el Ministerio de Salud.
Señala, además, que “la vacuna será provista por el Estado nacional para quienes integran la población objetivo definida, más allá de su cobertura sanitaria o nacionalidad” y establece siete grupos prioritarios.
El primero corresponde al personal de salud (763 mil trabajadores); el segundo, a los adultos mayores de 70 años y quienes viven en establecimientos geriátricos; el tercero, a los adultos mayores de 60 años (7,3 millones de personas entre ambos grupos); después, las Fuerzas Armadas, de Seguridad y de servicios penitenciarios (500 mil); después, adultos de entre 18 y 59 años que presentan factores de riesgo (5,6 millones de personas); después, los docentes y no docentes de nivel inicial, primaria y secundaria (1,3 millones).
Finalmente, el Ministerio, que conduce Ginés González García, señala que tendrán prioridad a la hora de vacunarse “otras poblaciones estratégicas que definan las jurisdicciones, habitantes de barrios populares, personas en situación de calle, pueblos originarios, personas privadas de libertad, migrantes”.
No figuran los gobernadores, ni los diputados, ni los senadores, ni los intendentes, ni los concejales. Ni mucho menos sus familiares.
El diputado Vázquez tiene 54 años y hasta el momento no se ha reportado que sufriera alguna comorbilidad (diabetes, obesidad grados 2 y 3 y/o enfermedades cardiovasculares, renales o respiratorias crónicas).
Sin embargo, el legislador patagónico al parecer consiguió que le aplicaran la primera dosis de la vacuna rusa de manera encubierta, porque en su provincia, Santa Cruz, aún no se completó la inmunización del personal de salud.
Vázquez, que fue durante 14 años intendente de la localidad de Gobernador Gregores, recibió la primera dosis de la Sputnik V el 6 de febrero pasado, habiendo sido inscripto como en el grupo de “18 a 59 años con factores de riesgo”.
El gobierno de Alicia Kirchner salió a despegarse de las críticas al diputado, cuyo mandato vence en diciembre: el vicegobernador santacruceño, Eugenio Quiroga, dijo que “si hubo un mal accionar, hay que hacerse cargo de las consecuencias, y aquellos que tengan alguna responsabilidad responderán también”.
Escándalo tras escándalo
El caso de Vázquez se conoció después de otra polémica por la vacunación del intendente de la localidad santacruceña de Luis Piedra Buena, Federico Bodlovic, su esposa, su chofer y su padre, el vicepresidente primero de la Legislatura, José Boldovic.
El director del hospital público de Gobernador Gregores renunció y el jefe del hospital de Piedra Buena, la ciudad del escándalo anterior, fue apartado.
Es que, además del diputado Vázquez, se supo que se vacunó también el intendente de Gobernador Gregores, Héctor Vidal, de 38 años.
Reacciones
En el caso de Vázquez, lo llamativo es que, salvo las diputadas de la Coalición Cívica-ARI Mariana Zuvic (Capital Federal), quien presentó un proyecto para suspender a su colega en la banca, y del radicalismo Roxana Reyes (Santa Cruz), quien presentó junto a otros colegas suyos un pedido de informes al Ministro de Salud de la Nación “en virtud de las irregularidades en el sistema de vacunación ocurridas en distintas provincias”, la oposición no se ha mostrado particularmente escandalizada.
Zuvic solicitó, mediante un proyecto de resolución, la suspensión “inmediata” de Vázquez “por grave desorden de conducta al violar el orden de prioridades para la aplicación de la vacuna contra el Covid-19 en la localidad de Gobernador Gregores”.
Reyes, a su vez, sostuvo que “estas irregularidades no son propias sólo de Santa Cruz”, porque el miércoles trascendió que “también se produjeron en la provincia de Buenos Aires, particularmente en Hipólito Yrigoyen y Chivilcoy”.
“Es un deber del Estado garantizar en primer lugar la vacunación de la persona esencial en todo el territorio. Buscamos explicaciones”, dijo Reyes, en relación con su pedido de informes al Ministerio de Salud, que fue apoyado con la firma de otros varios diputados nacionales de la UCR, el PRO y la CC-ARI, que conforman Juntos por el Cambio (JPC).
Pedido a Massa
A su vez, el exintendente de Gobernador Gregores y referente radical, Carlos Ziehlke, pidió que a Vázquez se lo expulse o se le pida la renuncia como diputado. “A mí me surge la pregunta, y la necesidad de saber, si es que Sergio Massa, por ser presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, va a pedir la renuncia de Juan Vázquez por tan repudiable actitud ventajista por parte del diputado en una situación de pandemia, donde las prioridades públicas, económicas y en materia de salud están bien marcadas y las conocemos todos”, sostuvo.
Y recordó el caso de Juan Ameri para considerar que “Massa debería expulsar del Congreso al diputado Juan Vázquez de una forma ejemplificadora como ya lo ha solicitado con otro caso”.
“Estamos ante una pandemia y sacar provecho de las ventajas que da el cargo, quitándole vacunas al personal que está en primera línea para beneficio propio, es también atentar contra la salud pública”, dijo el referente radical santacruceño.
