En fila, la oposición política salió ayer a cuestionar con dureza el discurso del presidente Alberto Fernández en la 139 Asamblea Legislativa, al señalar que hay un intento del oficialismo por cooptar la Justicia y al responsabilizarlo por las consecuencias económicas que dejó el confinamiento contra la pandemia.
En el recinto, opositores gritaron y silbaron al Presidente. Incluso Fernández en un momento frenó para pedirle al diputado Fernando Iglesias (PRO) que se callara, porque “ya tuvo cuatro años para hablar”. A pesar de la escasa participación presencial por protocolo sanitario, hubo momento tensos.
Ni bien finalizada la Asamblea, los opositores opinaron. Iglesias salió del recinto con furia. Y les dijo a los periodistas que cubrían el momento: “Me pareció un discurso vergonzoso y provocador. El presidente de un Gobierno que le robó las vacunas al personal de salud y a los mayores para vacunar a los chicos de La Cámpora y a los amigos del poder, habla de que nadie se salva solo”.
Una de las primeras en responder al discurso oficial también fue la presidenta el PRO, Patricia Bullrich, quien le respondió al presidente que los banderazos opositores del año pasado fueron “contra la cuarentena más larga, inútil brutal”.
Después de que Fernández dijera que la vacunación de allegados a su ex ministro de Salud, Ginés González García, le causaron mucho dolor, Bullrich le respondió que esto “no fue un error sino una inmoralidad”.
¿Ha instruido a las autoridades para perseguir a nuestro Gobierno? Suena soviético. ¿La división de ponderes? Bien gracias. En los márgenes del sistema republicanos está su gobierno”, dijo Bullrich.
Para el radical cordobés Mario Negri, presiente del interbloque de diputados de Juntos por el Cambio, el discurso presidencial fue “chato y mediocre” que le dejó a la sociedad “más incertidumbre”.
“Lamento decir que no me equivoqué. Porque pensé que el Presidente le iba a rendir cuentas al Instituto Patria. Así fue. Debió hablar como presidente, no como barrabrava”, disparó el legislador.
Alfredo Cornejo, presidente de la UCR, dijo al salir del Congreso que el Presidente tiene una intención de “torcer las resoluciones judiciales que están en curso”, pero opinó también que la denominada “reforma judicial” que reclamó Fernández al Congreso “no es una reforma concreta que mejore la administración de Justicia sino solo la creación de cargos”.
Alejandro Rodríguez, del lavagnismo, analizó que el discurso “comenzó de manera correcta pero luego se hizo para la campaña, sin propuestas serias para crear trabajo”.
Para el diputado de izquierda, Nicolás del Caño, las promesas incumplidas de la campaña de 2019 que repitió Fernández en el Congreso, “suenan a frases vacías después de 15 meses de gobierno donde la factura de la pandemia se la hicieron pagar al pueblo trabajador”.
Maximiliano Ferraro, presidente de la Coalición Cívica-ARI, se mostró preocupado por la ausencia de propuestas y un verdadero compromiso con el ambiente y la lucha contra el cambio climático en un discurso presidencial vacío, con un fuerte foco en la extracción de hidrocarburos. “No tenemos más margen, debemos avanzar hacia la neutralidad en carbono”, expresó.
En esa línea, la diputada Brenda Austin (UCR) marcó una contradición del Presidente. “Alberto dice ‘el futuro será verde o no va a ser’ luego de anunciar la promoción de la industria hidrocarburifera, un acuerdo federal minero y que van a ‘resolver problemas regulatorios’ que impiden la explotación de tierras aptas para el cultivo”.
Ferraro también dijo que el Presidente omitió en su discurso que en el 2020 ocurrió la “catástrofe educativa” más profunda de la vuelta a la democracia, en la que “casi 2 millones de pibes se cayeron del sistema educativo y privilegiaron los intereses corporativos antes que el derecho esencial a la educación”.
El radical mendocino Luis Petri se refirió a una “brutal embestida del Presidente contra el Poder Judicial en pos de la impunidad del kirchnerismo”; y advirtió que “el Congreso y por último la Corte Suprema de Justicia de la Nación serán los campos de batalla para defender la República”.
Según Petri, el Gobierno nacional busca licuar a la Corte Suprema con este nuevo tribunal y tomar por asalto al Consejo de la Magistratura para hacerse del control total de la Justicia. “Sin autocrítica, reclamando tolerancia con el látigo, con más énfasis en su afán de someter a la Justicia, que en solucionar los problemas económicos y sanitarios, con la vista atrás, abandonado la construcción de futuro, con insalvables contradicciones con su pasado y su vice”, cuestionó Petri.
