El enfrentamiento entre oficialismo y oposición por el pliego de Teresa Day propuesto por el gobernador Rodolfo Suárez para la Suprema Corte ha generado una inédita pelea entre los tres poderes. Concretamente, entre el Ejecutivo y el Legislativo por un lado, y el Judicial por el otro.
En medio de recusaciones acusaciones y presentaciones judiciales, hoy habrá un nuevo capítulo en este enfrentamiento cuando en el nuevo edificio del Senado, la actual coordinadora general del Ministerio Público Fiscal se exponga a la Audiencia Pública -uno de los pasos formales antes de la votación secreta- a los cuestionamientos y valoraciones de los parte de la sociedad.
Así como ayer el Gobierno pegó el faltazo a la audiencia de conciliación que había convocado la Corte a pedido del peronismo, ahora este sector, junto a otros de la oposición, evalúa no asistir a la votación del pliego en la Cámara Alta el próximo martes, lo que marcaría un precedente pocas veces visto en las sesiones de acuerdo.
Puntualmente, lo que está en cuestión es si Day cumple con los requisitos para ser elegida ministra de la Corte en reemplazo de Jorge Nanclares, quien inició el proceso jubilatorio. Prácticamente todo el arco opositor (con el peronismo a la cabeza) ha salido a impugnarla presentando un pedido de Declaración de Certeza y también una medida cautelar a la Corte para frenar el proceso, asegurando que se podría incurrir en un “escándalo institucional” si Day es elegida el próximo martes.
Del otro lado, el oficialismo se defiende afirmando que “no tiene razón de ser” la intermedición judicial ya que, según su interpretación, la Corte está ingresando en un “conflicto de poderes” al resolver cuestiones que sólo se debieran reservar al Ejecutivo (con la elección del pliego) y al Legislativo (con la votación).
Mientras tanto, el Máximo Tribunal también juega con sus posiciones fijas entre el ala radical y la peronista. Ayer quedó visualizado con la audiencia, a la cual de la Sala II asistieron los más cercanos II al PJ (Mario Adaro y Omar Palermo), mientras que no estuvo el supremo “radical” (José Valerio). Pero también con las recusaciones, ya que dos de ellos (Adaro y Valerio) recibieron objeciones para fallar estas medidas. El primero por el vicegobernador Mario Abed; y el segundo por el abogado patrocinante de la oposición, Andrés Ramírez.
Interrogantes
El fracaso de la audiencia de ayer se sabía de antemano, pero la disputa seguirá con algunos interrogantes que se deberán resolver. En primer lugar, si la Sala II resuelve a tiempo la medida cautelar, es decir antes de la votación del martes 30 en el Senado. “Si saliera en contra del oficialismo, puede ocurrir que el radicalismo siga con su idea de votar. La otra opción es llevar este tema al ámbito de la Corte nacional por conflicto de poderes”, señalan en Tribunales.
Pero el otro interrogante es qué ocurrirá el día después de la votación si, como se prevé, se aprueba el pliego de Day. El peronismo pretende que ese día no haya “cosa juzgada” (como plantea la UCR), sino que apela a que la Corte resuelva la medida de fondo de la Declaración de Certeza antes que Day asuma en su cargo, y que interprete si precisamente la funcionaria reúne los requisitos del inciso 3 del artículo 152 de la Constitución que expresa que para ser miembro se necesita “ser abogado con título de universidad nacional y con 10 años de ejercicio de la profesión u 8 de magistratura”.
Aquí entra en juego también el fiscal de Estado, Fernando Simón, quien en su escrito ya consideró que podría haber conflicto de poderes o algún tipo de “intromisión” si la Corte decide sobre dos temas que a su entender no son judicializables: la elección por parte del Gobernador del pliego y la sesión de acuerdos del Senado. Sin embargo, para Simón sí son revisables judicialmente por la Corte los requisitos para acceder al cargo, por lo que esta historia política-judicial continuará después del martes 30.
Palabras cruzadas
Mientras el oficialismo pegaba el faltazo a la audiencia de conciliación, el gobernador Suárez justificó este accionar “porque no hay competencia de la Corte” y es “en el Senado de la provincia es donde se tiene que resolver esto”.
“Esto es una competencia originaria del Senado a propuesta del gobernador, y algunos senadores quieren que la Corte se expida en esto y eso tiene una gravedad enorme”, agregó en ua entrevista con radio Mitre.
También habló el senador radical Juan Carlos Jaliff, quien destacó a Los Andes que la Corte “no le puede ordenar a otro Poder que no cumpla lo que la Constitución y el propio reglamento interno de la Cámara Alta establece”.
Del otro lado, Lucas Ilardo, senador peronista, aseguró que tienen “más dudas que antes” respecto al pliego de Day y denunció que “el Gobierno no tiene cómo explicar esta situación”.
En tanto, el abogado patrocinante de la oposición, Andrés Ramírez, sostuvo que se está a las puertas de un “escándalo institucional” y aseguró que si Day se transforma en ministra de la Corte, la gravedad “se verá de forma notoria cuando firme sentencias, porque serán atacadas con nulidades”.
Por último, el legislador de Protectora Marcelo Romano opinó que la idea de que Day sea jueza del máximo tribunal es una “obstinación” del Gobernador y le pidió que “recapacite y que envíe a una candidata que reúna los requisitos formales. No va a tener ningún problema con la oposición si los requisitos son cumplidos”, agregó.
