El Gobierno envió a Diputados la reforma del Régimen Penal Juvenil, que incluye la reducción de la edad de imputabilidad a los 13 años. Aunque la oposición está dispuesta a debatir, surgen reparos. El proyecto presentado por la ministra Patricia Bullrich se debatiría en las comisiones de Legislación Penal y Justicia.
Debido a que el texto ingresó durante el receso invernal, los bloques aún no lo han discutido internamente. Sin embargo, todas las bancadas tienen propuestas sobre el tema. Hay otras siete iniciativas con estado parlamentario, entre ellas de Cristian Ritondo (PRO), Carla Carrizo (UCR), Ricardo López Murphy (Hacemos Coalición Federal), Eugenia Alianello y Agustina Propato (Unión por la Patria), y otros de La Libertad Avanza.
Existen cuestionamientos a la propuesta oficial. La mayoría de la oposición coincide en bajar la edad de imputabilidad, pero a los 14 años. “Bajarla a 13 no existe en ninguna parte del mundo”, señala una legisladora radical de peso.
La oposición advierte que la discusión sobre la edad es insuficiente sin una reforma integral del sistema. Buscan una discusión “seria” y no superficial. “Lo de delito de adulto, pena de adulto no es así”, coinciden en distintas bancadas, señalando que no es lo mismo un adolescente que un joven. Los proyectos plantean diferenciaciones entre los 14 y 15 años, y entre los 16 y 18 años.
El oficialismo menciona que existen regímenes especiales o sistemas de infracciones a partir de los 14 años en Chile, Colombia y Perú; de 13 en Guatemala, Nicaragua y Uruguay; de 12 en Brasil y México; y de 7 en Granada y Trinidad y Tobago. No obstante, reconocen que podrían ceder en elevar a 14 la edad de imputabilidad si hay consenso.
La iniciativa de Bullrich especifica que “el adolescente deberá ser alojado en un instituto adecuado de detención o en la sección separada de los adultos de un establecimiento carcelario, adecuada para el tratamiento de adolescentes, que cada jurisdicción organizará siguiendo los principios generales que se establecen”.
El tema del “alojamiento” en caso de detención será otro foco de discusión. Muchos creen que no debe ser un sector apartado dentro de una cárcel común, aunque coinciden en que no pueden estar junto a mayores de 18.
Otro punto de debate es la intensidad de los delitos. El proyecto de Ritondo propone distintos grados de penas, desde la amonestación, reparación a la víctima o prestación de servicio a la comunidad, hasta libertad vigilada, internamiento terapéutico o en centro especializado.
Propuesta de la UCR
El proyecto de Carla Carrizo establece que los adolescentes entre 14 y 16 años serán penalmente responsables por delitos cuya pena máxima sea superior a 10 años, es decir, delitos graves. Además, las penas de prisión para menores de entre 14 y 18 años no podrán superar los 10 años y excluye la pena de prisión perpetua.
“El problema existe y hay que legislar bajo parámetros internacionales. Pero no alcanza con solo reformar la ley, se debe responsabilizar con parámetros de cuidado y políticas. También van a necesitarse otras leyes que refuercen como la de Carolina Losada, que propone penalizar a los adultos que organizan y promueven los delitos con menores”, señaló Carrizo a Clarín.
