Mientras continúa la trabajosa negociación entre la Nación y los gobernadores de cara a la firma del Pacto de Mayo, en la Cámara de Diputados la oposición dialoguista espera que el Poder Ejecutivo acepte cambios a la letra chica de la “ley bases” (una de las “patas” del acuerdo impulsado por el presidente Javier Milei) para terminar de sellar su apoyo y no repetir un fracaso como el de febrero.
El PRO expresa un respaldo incondicional, pero la UCR y Hacemos Coalición Federal aguardan para la semana próxima respuestas a una serie de observaciones que hicieron sobre el borrador, vinculadas (entre otras cosas) a la delegación de facultades, las privatizaciones, los fondos fiduciarios y también al impuesto a las Ganancias, que formará parte del paquete fiscal que se discutirá por separado.
El jefe del bloque oficialista, Oscar Zago, había informado que el proyecto ingresaría esta semana al Congreso, pero no sucedió. Tampoco se conformó una mesa de diálogo donde intercambiar propuestas, más allá de las reuniones que tuvieron lugar en Casa Rosada con los tres bloques colaborativos, que plantearon sus inquietudes pero todavía no recibieron respuestas concretas.
“Parece ser que el plan del Gobierno es que el borrador sea lo más parecido al dictamen final, porque si pasa como la última vez, donde el dictamen salió con 170 disidencias, vamos de nuevo a un fracaso”, avizoró un representante de la UCR involucrado en las negociaciones, confiado en que la semana que viene tendrán una devolución.
En Hacemos Coalición Federal, la bancada presidida por Miguel Pichetto, mostraron preocupación y hasta desconfianza. “Para tomar por cierta la negociación y discutir, necesitamos ver el texto. Opinar sobre un texto caído o abstracto no tiene mucho sentido, sobre todo porque se meten trampas y lobbies todo el tiempo”, advirtió un diputado.
Hasta el momento, La Libertad Avanza mantiene el plan de firmar dictamen durante la semana del 15 de abril, e ir a la votación en el recinto la semana siguiente. De esa manera, el Senado tendría casi todo el mes de mayo para debatir y sancionar la ley antes del sábado 25, fecha en que se sellaría el pacto con gobernadores en la provincia de Córdoba.
Los mandatarios de Juntos por el Cambio ratificaron su apoyo general a la norma en la reunión de este jueves con el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro del Interior, Guillermo Francos, en Casa Rosada. Sin embargo, la letra chica no está cerrada y el respaldo de los gobernadores, en muchos casos, no se traduce en votos automáticos o masivos de legisladores.
Dos casos ejemplifican esta situación. Uno es el de Maximiliano Pullaro: de los 19 diputados por Santa Fe, solo una le responde (la radical Melina Giorgi). Asimismo, de los 9 de Entre Ríos, el gobernador Rogelio Frigerio tiene un solo representante, Francisco Morchio, que integra el bloque de Pichetto.
Puntos en discordia
Todo indica que el Ejecutivo aceptará incorporar a la “ley bases”, tal como reclamó la oposición dialoguista, la reforma laboral, que está frenada en la Justicia en el marco del DNU 70/23. Aunque la idea es replicar el texto del decreto con algunos cambios, los diputados Ricardo López Murphy y Oscar Agost Carreño, de Hacemos Coalición Federal, pusieron a disposición un proyecto propio.
Entre los puntos en discordia, los bloques colaborativos detectaron en el borrador una serie de delegaciones “exageradas” y “escondidas”. Por ejemplo, el artículo 71 faculta al Ejecutivo a modificar o derogar las regulaciones sobre la actividad económica privada que importen “un incremento de sus costos, limiten el ejercicio de la autonomía de la voluntad o provoquen la escasez de bienes y servicios sin justificación de interés público suficiente”.
En el bloque presidido por Rodrigo De Loredo también advierten que el de los fondos fiduciarios sigue siendo un “punto sensible” porque “como suelen tener asignaciones específicas”, al ser eliminados “el dinero debería volver a la masa coparticipable” y no a la Nación.
En Hacemos, la diputada Margarita Stolbizer acercó una propuesta para que el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) también alcance a inversiones productivas nuevas de menor tamaño. Y se pidieron “premios” a los buenos contribuyentes en el blanqueo y la moratoria.
Otro tema conflictivo, sobre el que tampoco había un consenso total la última vez, es el de las privatizaciones. Los bloques coinciden en que el capítulo fue “mejorado” (se acotó el listado de empresas y se dio intervención a la AGN y la SIGEN) pero “hay que seguir trabajándolo”. Hay reparos en incluir al Banco Nación.
Los diputados también formularon planteos sobre el paquete fiscal, el nudo de la negociación con gobernadores. En Hacemos piden que el nuevo piso del impuesto a las Ganancias se acerque más a los 2 millones de pesos que al millón. En el encuentro de este jueves, el Gobierno nacional se comprometió a revisar el monto.
