El pasado viernes, el gobernador Rodolfo Suárez presentó en el Foro de Inversiones y Negocios la creación de la empresa estatal Impulsa Mendoza SA, con el objetivo de buscar y gestionar inversiones mineras en la provincia.
Según indicó en ese acto, esta herramienta “no implicará ningún costo al Estado” y su creación por decreto surge a partir de la posible venta de la empresa Potasio Río Colorado (PRC), en los próximos meses, la cual se encarga actualmente de la búsqueda de inversores en esa actividad.
Desde el Ejecutivo sostienen que cuando ese procedimiento se concrete, los demás activos de PRC serán “absorbidos” por Impulsa Mendoza y destacaron que no fue necesaria la redacción de un proyecto de ley, porque esta compañía “es subsidiaria de PRC S.A”.
Sin embargo, la medida causó sorpresa en el arco opositor y entre críticas de todo tipo, las fuerzas políticas que integran la Legislatura coincidieron en que debería haber pasado por allí para su debate. Incluso, desde el PRO, que juega el doble rol de aliado en Cambia Mendoza y rival por la candidatura de Omar De Marchi, manifestaron que hubiera sido necesario.
El jefe del bloque del PRO en Diputados, Gustavo Cairo, reconoció que Impulsa Mendoza puede ser una herramienta “interesante” para maximizar los recursos que ingresan por minería a la Provincia, ya que se podrían “negociar” mejores porcentajes, más allá de lo que se paga en regalías o ingresos brutos.
Pero consideró que este tema debió “pasar por la Legislatura”, porque podrían haber discutido “cambiarle el objeto” a la empresa estatal EMESA y “ampliarlo para que tenga participación en la actividad minera, sin crear una nueva estructura”. Es decir, no hubiera sido necesaria otra empresa más.
Por su parte, desde el peronismo señalaron que “existe una situación complicada con respecto a la explotación minera” y salir a anunciar una empresa nueva, sin convocar a los distintos actores que intervienen en el proceso, no fue lo más adecuado. En ese sentido, analizan qué acciones tomar, dado que el anuncio es muy reciente.
“Estamos acostumbrados a que el Ejecutivo siempre actúe de la misma manera, ya sea con asuntos macro o micro. Lo hace por decreto o lo gira a la Legislatura y en un día quieren sacar la ley, como varios proyectos que han impulsado. No nos sorprende, pero creemos que podría haber tenido una presentación distinta y haberse conversado y estudiado, sobre todo con todo el contexto que tiene la actividad minera”, dijo la senadora Mercedes Derrache, vicepresidenta de la Comisión de Minería de esa cámara, en diálogo con el diario Los Andes.
Críticas ambientalistas de Difonso y Fugazzotto
El diputado de Unión Popular, Jorge Difonso, opinó que “evidentemente el Gobierno tiene toda una estrategia para el desarrollo de la actividad minera metalífera” tras la sanción del proyecto Cerro Amarillo y el anuncio de Impulsa Mendoza.
Difonso puso en sospecha que la creación de este tipo de empresas “las exime de los controles normales de lo que hace el Tribunal de Cuentas, Poder Legislativo y demás organismos públicos”.
“Cuando están asignando fondos públicos, como los que van a entrar por Potasio, creo que tiene que haber un control. Indudablemente debería haber tenido una instancia legislativa o de participación ciudadana para aclarar todas estas dudas”, sostuvo el legislador sancarlino, que se alejó de Cambia Mendoza con la ruptura de su partido en ese departamento.
Una postura similar tuvo Emmanuel Fugazzoto, diputado provincial del Partido Verde, quién denunció que “Suárez lo que busca con esta empresa es profundizar la entrega de la soberanía ambiental” a través de una “empresa de lobby” a “favor de multinacionales”.
“Vamos a estudiar las acciones a seguir. Lo que vemos es que es una empresa de lobby para quienes llevan adelante la tarea de negociar la entrega de los bienes comunes de la provincia, no lo hagan con su nombre personal sino con un escudo que les permita por lo menos, esconderse un poco”, apuntó el legislador.
Llano denunció “intervencionismo” estatal
Por último, la diputada provincial del Partido Demócrata, Mercedes Llano, criticó el “autoritarismo” del gobierno para avanzar sin aval legislativo y dijo que “desde hace tiempo venimos objetando la tendencia hacia el intervencionismo estatal que ha consolidado Suárez”.
“Hemos objetado la estatización de IMPSA, la creación del Banco de Vinos y/o medidas intervencionistas como la expropiación de Penitentes. Y ahora la creación de esta empresa estatal para la explotación minera”, denunció.
“También nos opusimos a la absorción de ese elefante que era Potasio Río Colorado. Eso tenía que terminar de definirse entre privados. Es otro ejemplo de intromisión del Estado en actividades que debe desarrollar el sector privado con regulación del mercado”, agregó.
Y sostuvo: “Nosotros planteamos que el gobierno debe abocarse a generar un sistema de control independiente y con una alta solvencia técnica, a los efectos de establecer reglas de juego claras, pero no jugar al Estado empresario que sabemos que lo único que aporta es ineficiencia y se terminan convirtiendo esos ámbitos en refugios de los amigos del poder”.
“Vivimos en la provincia más pobre de Cuyo y este resultado lo hemos obtenido por un teórico ´Modo Mendoza´, que lo único que ha hecho es destrozar la república e intervenir en la actividad económica”, sentenció contra el Ejecutivo local.
