El caso de los estatales mendocinos que cobraban planes sociales Potenciar Trabajo de la Nación ya pasó por un órgano de control que dictaminó la necesidad de una “inmediata apertura de investigación administrativa” para confirmar o descartar irregularidades.
Así lo dispuso la Oficina de Ética Pública de la provincia, después de recibir del Ministerio de Gobierno un detalle de los empleados públicos provinciales que presuntamente tenían un sueldo y un plan a la vez, así como de los organismos donde se desempeñan o se han desempeñado. Se trata de 96 agentes en total.
El dictamen firmado por Sebastián Giordano, director de Investigaciones Administrativas y Asuntos Judiciales de la Oficina de Ética, dispone concretamente “requerir a las máximas autoridades de los distintos organismos en los que revistan los agentes individualizados que procedan a la inmediata instrucción de las investigaciones administrativas en cada caso particular y, de corresponder, de los sumarios pertinentes, con el objeto de confirmar o descartar la existencia de irregularidades administrativas (inhabilidades, incompatibilidades, conflictos de intereses, etc.) que pudieran detectarse a la luz del marco normativo provincial”.
“Se estima prudente auscultar preventivamente en sede provincial y a cargo de las autoridades jerárquicas competentes todos los casos vinculados a agentes públicos locales”, insiste el dictamen, que también recomienda “ajustar a derecho a los responsables” en el caso de confirmarse las incompatibilidades que en principio habían sido detectadas en el marco de una investigación judicial que tuvo repercusiones en el Gobierno nacional y en la Provincia.
La nómina de 96 estatales locales que podrían ser sumariados surgió el 2 de enero pasado, fecha en la que se publicó en el Boletín Oficial una resolución del Ministerio de Capital Humano de la Nación a través de la cual 4.588 personas dejaban de recibir el plan Potenciar Trabajo en 14 provincias.
La medida se tomó luego de que la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (Ufises), a cargo del fiscal Guillermo Marijuan, remitiera al Gobierno nacional oficios en los que se establecían nóminas de personas detectadas “en posible infracción de las normas vigentes” para acogerse al programa de ayuda social.
También trascendió hasta aquí que casi el 90 por ciento de los estatales locales a quienes el Gobierno nacional les suspendió el cobro de planes sociales forma parte de la Dirección General de Escuelas.
ANÁLISIS “CASO POR CASO”
Tras este dictamen, la pelota ya volvió del terreno de la Oficina de Ética al del Poder Ejecutivo. “Hemos mandado el dictamen a cada una de las reparticiones para que inicien el sumario y averigüen si las personas tenían el plan y luego entraron a trabajar o si estaban trabajando y después agarraron el plan”, afirmó el ministro de Gobierno, Natalio Mema.
“Se va a estudiar caso por caso”, prometió el funcionario. También aclaró que en la reglamentación del plan Potenciar Trabajo había un elemento que podría jugar a favor de algunos de los estatales señalados. Esa cláusula decía que “si el trabajador en el primer año no tenía un sueldo que cubra el salario mínimo vital y móvil, podía seguir un año cobrando el plan”, afirmó el ministro de Gobierno.
Mema también explicó por qué, a juicio del Gobierno provincial, la mayoría de los casos se dieron en la DGE. “Muchos lograron ingresar como celadores suplentes o por algunas horas cátedra y no completaban por la modalidad el salario mínimo vital y móvil. El programa les permitía complementar el salario y el plan. El problema es que en Mendoza, nuestra ley de empleo público y la Constitución no permiten cobrar un sueldo de la Provincia y otro de la Nación o la Provincia, salvo casos especiales”.
En el Gobierno provincial creen que podría haberse dado esta situación. Aunque tampoco descartan que las irregularidades sí hayan existido, ya sea por parte de quienes otorgaron el Potenciar desde la Nación a estatales o por omisiones de quienes lo recibieron. Todo está por verse todavía, en definitiva, a partir de la investigación que se abrirá en cada área del Estado provincial.
¿VULNERABLES?
Lo cierto es que el programa nacional creado durante la gestión del presidente Alberto Fernández estaba destinado a personas en estado de “vulnerabilidad social” y su finalidad era ser una suerte de “puente al empleo”, en el que se cobraba un salario mensual (78.000 pesos) por una contraprestación. Por lo tanto, según han recalcado quienes estuvieron a cargo del diseño del plan Potenciar, de ninguna manera podían cobrar esa suma quienes ya tuvieran “trabajo formal y registrado”.
El Gobierno provincial, por su lado, ha considerado que, si hubo estatales mendocinos que cometieron esta irregularidad, se trató de “casos aislados” en un universo mucho más amplio, de casi 100 mil empleados públicos en total.
Tampoco se hace cargo de estos casos. Insiste que la Provincia no entregaba los planes sociales, sino la Nación, y que es también el Gobierno nacional el que tiene la información de altas y bajas en los programas para confirmar o no que hubo incompatibilidades.
En el anexo de la resolución nacional que suprimió el pago de planes se dieron los nombres de todos los empleados públicos que recibían la ayuda social. Además de Mendoza, que no era la provincia que más estatales tenía bajo cobertura social, aparecían a lo largo de 419 páginas los nombres de empleados de Misiones, Entre Ríos, Tucumán, Río Negro, Jujuy, provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Formosa, Salta y Santa Cruz.
Esas nóminas surgieron de la información que las propias provincias habían aportado a la Ufises. En el caso de Mendoza, el Gobierno provincial había enviado al fiscal una nómina de 97.000 personas vinculadas con el Estado. En la fiscalía de Marijuán hicieron “match” en 96 casos, al comparar los padrones de empleados del Gobierno provincial y del Potenciar Trabajo.
Hay que recordar que la administración de Milei no suprimió esta ayuda social, pero sí se la ha quitado a quienes, según la Justicia, la tendrían de manera irregular.
Según los últimos datos oficiales a los que pudo acceder este diario, en Mendoza había hasta hace unos meses 28.150 beneficiarios del plan Potenciar Trabajo en total. El Gobierno provincial dijo que sólo anotó para que recibieran el beneficio a 3.700 y descargó en el Movimiento Evita del PJ la responsabilidad por la mayoría de los inscriptos: unos 17.000.
