La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), se desligó de las acusaciones, en medio del escándalo desatado por la denuncia penal contra funcionarios del Ministerio de Capital Humano por almacenar alimentos en dos galpones.
Mediante un comunicado, la OEI explicó el alcance del convenio suscrito con el mencionado ministerio. “Desde el inicio de la gestión actual, el Ministerio de Capital Humano y la OEI firmaron un convenio para la prestación de servicios de personal transitorio y la adquisición de alimentos destinados a mejorar la calidad nutricional de familias en situación de vulnerabilidad”, explicaron.
En relación con el tema surgido con la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, que incluso provocó críticas por parte de la Iglesia debido a la retención de alimentos destinados a posibles emergencias, la OEI informó que gestionó la contratación de proveedores para diversas tareas requeridas por dicho organismo.
“La selección de perfiles corresponde exclusivamente a la Secretaría, mientras la OEI se limita a ejecutar las decisiones y procedimientos establecidos por esta. Además, cualquier inconsistencia detectada en los procesos es comunicada fehacientemente, para que la Secretaría determine las acciones a seguir, reafirmando el compromiso de la OEI con la transparencia y la rendición de cuentas”, remarcaron.
“Por otra parte, la OEI cuenta con un presupuesto de cooperación para Argentina de más de 6.000.000.000 de pesos, financiando y apoyando proyectos en 20 provincias. Estos proyectos abarcan desde la inserción laboral y la atención a la primera infancia, hasta la alerta temprana de abandono escolar, apoyo a universidades y centros de investigación científica y tecnológica”, manifestaron.
El lunes 27 de mayo, el juez federal Sebastián Casanello emitió una medida cautelar ordenando al Ministerio de Capital Humano la elaboración de un plan para la distribución de alimentos. También solicitó una auditoría de los productos almacenados en Villa Martelli y Tafí Viejo (Tucumán).
Sin embargo, el Gobierno no cumplió con la orden judicial dentro del plazo de 72 horas, lo que generó un escándalo. Como consecuencia, Pablo de la Torre, secretario de Niñez y Familia del Ministerio de Capital Humano, fue destituido. En este contexto, Sandra Pettovello afirmó que no fue notificada por él sobre la fecha de vencimiento de los productos.
Además, se presentó una denuncia en la Oficina Anticorrupción para investigar sus acciones durante su gestión como ministro. Por el momento, el nombre de su reemplazo permanece desconocido.
