El expresidente Alberto Fernández podría tener una nueva causa penal luego de que su expareja Fabiola Yáñez denunciara que continuó hostigándola a pesar de una orden judicial que le prohibía cualquier tipo de contacto con ella. Esta medida había sido emitida por el juez federal Julián Ercolini en el marco de la denuncia por violencia de género que involucra al exmandatario.
El juez Ercolini le ordenó a Fernández cesar cualquier tipo de intimidación o perturbación, tanto directa como indirectamente, hacia Yáñez. Sin embargo, Yáñez indicó que los días 6 y 7 de agosto -con la causa en curso- recibió mensajes desde el teléfono de Fernández y de terceras personas, pese a la restricción judicial. Estos hechos, de ser corroborados, podrían derivar en una nueva causa penal por desobediencia.
Según lo informado por Clarín, el 6 de agosto, a las 19.47, Fernández fue notificado en su domicilio de Puerto Madero sobre las medidas cautelares impuestas por el juez, tras escuchar a Yáñez declarar que deseaba denunciar al expresidente por violencia de género. La acusación en curso contempla lesiones leves reiteradas, y la investigación determinará si estas podrían ser calificadas como graves.
Durante la notificación, se le informó a Fernández que debía cesar cualquier acto perturbatorio hacia Yáñez, ya sea en forma analógica o digital, y se le pidió que se comprometiera a no obstaculizar la investigación.
Yáñez sostuvo que continuó recibiendo mensajes intimidatorios de parte de Fernández, así como de personas que actuaban bajo su dirección. Estos hechos llevaron al fiscal Carlos Rívolo a solicitar el secuestro del celular del expresidente, argumentando que podría contener pruebas fundamentales para corroborar la denuncia y determinar si Fernández incumplió las medidas cautelares impuestas.
“Esto demuestra que a pesar de las medidas que impuso el juez y notificó personalmente al denunciado para que cesara las perturbaciones e intimidaciones tanto directa como indirectamente por cualquier medio hacia la víctima, habría persistido en su actitud incumpliendo la manda judicial, toda vez que habría continuado hostigando a la víctima a través de mensajes enviados desde su teléfono y/o mensajes”.
El celular, la tablet y un pendrive que se encontraban en el domicilio de Fernández ya están bajo custodia judicial y serán peritados. Si se confirma que el hostigamiento continuó después de que se dictaran las medidas restrictivas, esto podría derivar en una nueva causa penal por violación de una orden judicial, delito que conlleva una pena de 15 días a un año de cárcel.
La orden judicial original prohibía a Fernández acercarse a menos de 500 metros de Yáñez, de su domicilio en Madrid o en cualquier otro lugar donde ella se encuentre, además de suspender cualquier tipo de contacto por cualquier medio, incluyendo telefónico, electrónico y a través de terceras personas.
Seguí leyendo:
