Aunque hasta aquí mantuvo cierta distancia del proceso, el Gobierno provincial espera para las próximas horas una noticia que le dará tranquilidad. Se trata de un dictamen de la Nación que avalará el traspaso de la empresa siderúrgica Impsa a la firma privada que pretende adquirirla.
La preadjudicación nacional de Impsa a ARC Energy será la novedad más importante de un proceso de privatización que ha sido complejo y que ha estado plagado de vaivenes. Sin embargo, será también un primer paso, ya que el traspaso efectivo se demorará todavía al menos un mes más y quedará sujeto al cumplimiento de algunas condiciones importantes de ambas partes.
Esas condiciones, según pudo saber este diario, no son más ni menos que desembolsos de dinero. La empresa estadounidense con dueños trumpistas deberá invertir una parte de la plata que se ha comprometido a traer para capitalizar a la empresa que creó la familia Pescarmona a comienzos del siglo pasado. Son unos 7 millones de dólares, de los 27 millones que ofreció inyectar.
Pero el gobierno de Javier Milei también tendrá que poner lo suyo, a pesar de que dice que “no hay plata”. Corresponde a “facturas impagas de trabajos en proceso que tiene Impsa”, indicó una fuente muy relevante. Sucede que Impsa es del Estado, pero padece complicaciones financieras en parte porque el propio Estado le debe dinero. La petrolera YPF figura en esa nómina de deudores.
Así las cosas, tras el dictamen de la Nación favorable al traspaso de Impsa a manos privadas, se firmará toda la documentación pertinente y las partes tendrán que cumplir con los pagos acordados. Recién entonces se procederá al traspaso de acciones a ARC Energy, lo que finalmente ocurriría entre febrero y marzo.
A esta altura, las fuentes no mencionan la deuda de Impsa entre los obstáculos importantes. Esas deudas, originadas en malas decisiones empresarias y contratos que no se cumplieron, rondan los 570 millones de dólares y deben ser reestructuradas por el oferente privado.
LARGA HISTORIA
La historia de esta privatización arrancó a mediados del año pasado, cuando la firma estadounidense firmó una carta de intención donde manifestaba su interés en quedarse con Impsa. Sobrevinieron luego un proceso de auditoría mutua entre el oferente y el Estado nacional y una licitación internacional que no estuvo a la altura de las expectativas generadas: tan sólo un oferente formalizó sus pretensiones. O sea, ARC Energy, la única que siempre la quiso adquirir.
El Gobierno provincial tuvo dos intervenciones directas en el proceso. La más importante fue el envío a la Legislatura de un proyecto que pedía autorización para “transferir la totalidad de las 454.300.000 acciones ordinarias nominativas no endosables Clase C de IMPSA S.A. de titularidad de la Provincia de Mendoza”. Hubo controversias con la oposición, pero a fines de setiembre se sancionó la norma gracias a la mayoría oficialista en ambas cámaras.
El peronismo nunca quiso que Impsa se privatizara y La Unión Mendocina no aceptaba que la cesión de acciones se hiciera “gratis”. Es que en 2021, hubo un aporte de 5 millones de dólares por parte de la Provincia en un proceso de capitalización inverso al actual: Impsa pasaba entonces de la esfera privada a la pública.
La capitalización estatal que en 2021 celebraron en Mendoza el entonces presidente Alberto Fernández y el entonces gobernador Rodolfo Suárez fue por 20 millones de dólares en total. El salvavidas estatal permitió que Impsa continuara funcionando. La Provincia adhirió a esta solución bajo el argumento de que la conducción estatal de la empresa debía ser temporal y porque no tuvo que sacar plata de la caja para hacerlo: los cinco millones de dólares los aportó la Nación por la vía de un ATN.
A mediados de setiembre, antes de que saliera la ley, el gobernador Alfredo Cornejo dio una fuerte señal de respaldo a la privatización de Impsa. Fue antes de que se lanzara la licitación internacional, en medio de una visita de los dos funcionarios de Milei que llevaban adelante el proceso: Juan Pazo (entonces secretario de Coordinación de la Producción) y Diego Chaher (secretario de Empresas y Sociedades del Estado).
“Estamos acompañando a la Nación en este intento de salvar a la compañía, que viene con dificultades desde 2010. Impsa nunca debió dejar de ser privada ni caer en estas circunstancias”, señaló el gobernador en aquella oportunidad.
El 31 de octubre se confirmó en el marco de la licitación que sólo ARC Energy quería quedarse con Impsa. La empresa, según decía el gobernador en setiembre con entusiasmo, podía conseguirle negocios tales como la construcción de grúas para el Ejército de Estados Unidos.
Siempre hubo una mirada positiva de la Provincia respecto de la privatización, a pesar de las lagunas que ha tenido el proceso y los conflictos que empezaron a visibilizarse en las propias instalaciones del carril Rodríguez Peña, por las quejas sostenidas de parte de los empleados debido a retrasos y deudas salariales.
“Tengo la esperanza de que termine bien lo de Impsa”, dijo Cornejo en diciembre, cuando el proceso parecía empantanarse. Y agregó: “Yo veo mucha seriedad en la propuesta que han hecho (Arc Energy), porque han gastado dinero para estudiar la empresa. Vinieron acá varias veces, han contratado estudios jurídicos y estudios contables caros y han estudiado los temas de la empresa”, sostuvo Cornejo.
Sobre la deuda, especificó en esa oportunidad el gobernador que el oferente contrató a “un renegociador que también trabajó con nosotros en mi primera etapa para hacer la negociación con los acreedores”.
Este martes, ante la inminente preadjudicación de Impsa A ARC Energy, en los despachos oficiales había clima de festejo. “¡Los tres actores estamos muy en sintonía! Creo que esta vez se dará”, exclamó un funcionario.
