El tratamiento de residuos sólidos urbanos en Mendoza tiene varios capítulos. Y cuando todo parecía adormecido desde que el peronismo negó el endeudamiento en dos ocasiones para modernizar el sistema, es el mismo peronismo quien lo desempolvó tomando por sorpresa al Gobierno.
La presidenta del PJ, Anabel Fernández Sagasti, anunció una inversión de U$S 8 millones para mejorar el tratamiento de los residuos urbanos en el Valle de Uco. Los fondos serán destinados al Consorcio Intermunicipal para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (Coince) que tiene sede en San Carlos, pero del que también participan Tupungato y Tunuyán. En el Gobierno aseguran que los puentearon y el PJ insiste en que se premió un proyecto serio.
Los fondos provienen de un préstamo que la Nación acordó con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación llamó a licitación pública, según consta en el Boletín Oficial del último viernes, para disponer de una parte del total asignado. El destino de ese dinero (776.514.279,93 pesos) será la construcción de tres plantas de transferencia -una en cada comuna-, compra de maquinaria para eficientizar la planta del Coince y de camiones para el traslado de residuos.
En el Poder Ejecutivo no ocultaron el malestar que generó el hecho de no ser avisados de la decisión. “Lo que está licitando Nación es el mismo proyecto que habíamos enviado nosotros como provincia, pero no nos da ni aviso ni somos parte. No nos han hecho parte ni en lo comunicacional, me entero por las redes. Están puenteando a la Provincia en este tipo de financiamiento para bajarlo directamente al territorio”, cuestionó Humberto Mingorance, secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial en diálogo con Los Andes. Y desconfió de la cifra difundida por Fernández Sagasti porque ese número “es sin los impuestos que siempre se pagan”, además de quejarse porque “el tuit habla de Tunuyán y los fondos son para los tres departamentos”.
“Teníamos la no objeción no sólo al proyecto ejecutivo sino al pliego licitatorio por parte del BID y la Nación para hacer el llamado. Cuando entra esta nueva gestión nos deja sin el financiamiento, por eso no hemos podido hacer el llamado a licitación. Lo hace directamente el Gobierno nacional sin la participación de la Provincia, que es un poco lo que resiente la relación porque tenemos que ser parte. No por una cuestión de celos políticos, sino por una cuestión jurídica y legal. Tenemos intervención sobre la gestión de los residuos urbanos en los municipios. Y ademas porque el proyecto lo armó la Provincia, no la Nación”, expresó el funcionario.
La paleta partidaria en el Valle de Uco es amplia: están el peronista Martín Aveiro al frente de Tunuyán, el radical Gustavo Soto en Tupungato y Rolando Scanio, que administra San Carlos e integra el Frente Renovador. Catalogado como “massista”, es aliado de Cambia Mendoza aunque estuvo en el acto maipucino del viernes último que tuvo como figura principal a Gabriel Katopodis, ministro de Obras Públicas de la Nación.
Los tres intendentes estuvieron en la reunión del consorcio que se hizo el 23 de febrero, antes del llamado a licitación, y allí se anoticiaron de la bendición nacional al proyecto.
Aveiro explicó que la iniciativa tiene varios años de trabajo y que los cambios de colores políticos dificultaron la ejecución. “Apenas asumió el nuevo gobierno nacional, hablé con Anabel sobre el proyecto que ya estaba terminado. Solamente faltaba la decisión política de financiarlo a través del BID. Es un premio al esfuerzo y al trabajo responsable del proyecto en sí mismo, que es serio. Por eso entiendo que estamos siendo premiados los tres departamentos”, indicó.
En San Carlos también celebran la licitación que permitirá la construcción de la planta de transferencia y el equipamiento. De esta manera, el intendente considera que se va a poder “seguir trabajando pero con recursos propios. Estamos muy contentos de que esto se haya destrabado y haya podido salir”.
La batalla política de los residuos “El proyecto se divide en dos: una parte de los fondos de financiación son para el consorcio integrado por los tres municipios del Valle de Uco. Se denomina Coince y se destinarán 5 millones de dólares. La otra es para el ambicioso proyecto que beneficiará a los siete municipios del área metropolitana, para el cual habrá una partida de 20 millones de dólares”, explicaba el secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial, Humberto Mingorance en junio de 2019.
El final de la historia es conocido. Durante el rodaje de la primera temporada de ese año, el peronismo rebotó el endeudamiento que pedía la gestión de Alfredo Cornejo y pidió tratar por separado los préstamos para la Ruta 82, la doble vía Rivadavia-Junín, el acueducto ganadero en La Paz y el sistema para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (Girsu). Sólo la ruta en Luján salvó la ropa y el resto pasó a la cola. En marzo de 2020, con la segunda temporada en escena, se repitió el guión ya con Rodolfo Suárez como gobernador.
El cambio de gobierno modificó el destinatario de la decisión de ejecutar la obra. Durante la gestión de Cornejo en la Provincia y Mauricio Macri en la Casa Rosada, fue ésta quien dispuso que el endeudamiento lo tomaran las provincias para bajar el déficit fiscal. Por eso se necesitaba el aval de la Legislatura.
Pero con Alberto Fernández ya como presidente, la decisión cambió y es la Nación la que se endeuda. Por ese motivo el Girsu llegó al escritorio de Juan Cabandié, quien se acomodaba al frente de Ambiente y Desarrollo Sostenible en la Nación.
Sobre el Girsu se habló mucho y se concretó poco. Sin embargo, una “compañera” fue quien terminó celebrando la inversión: Anabel Fernández Sagasti. La senadora nacional aprovechó la visita de Katopodis para oficializar, no casualmente en el peronista Tunuyán, la asignación de los fondos para la planta de residuos.
