La movilización convocada para el próximo 1ro de febrero contra el funcionamiento del Poder Judicial desató diferencias entre las centrales sindicales: mientras la CTA (Central de Trabajadores Argentinos) avisó que participará de la marcha, en la CGT (Confederación General del Trabajo) avisaron que, por ahora, no adherirán porque desconocen el objetivo.
El titular de la CTA y diputado nacional Hugo Yasky anunció que la semana próxima realizarán la convocatoria formal y adelantó que trabajan para ampliarla a organismos de Derechos Humanos y al movimiento de mujeres, entre otros sectores, porque “la única manera” de resolver el tema “es con la presión popular”.
“Estamos trabajando para que la marcha del 1ro de febrero sea el paso inicial, una convocatoria que se amplíe, que tenga una proyección de acciones de movilización y convocatoria de asambleas en todo el país para que la demanda quede instalada”, dijo Yasky a El Destape Radio.
El sindicalista advirtió que “el plan de criminalización del movimiento sindical tuvo una ‘pata judicial’” y agregó que “la Justicia en Argentina es un aparato que funciona desde sus cabezas máximas, que son la Corte y Comodoro Py, de manera alineada detrás del poder político cuando éste representa los intereses de los poderosos”.
“La inmensa mayoría de los argentinos está harta de una Justicia que muestra jueces supermillonarios, amigos de los poderosos, escupiendo hacia abajo a los que caminamos por la calle”, resumió Yasky, quien se refirió no solo al video de la “Gestapo sindical”, sino también al caso de la dirigente Milagro Sala, quien cumplirá seis años de prisión.
Desde la CGT, uno de sus tres secretarios generales, Carlos Acuña, compartió el diagnóstico sobre las fallas en el Poder Judicial, pero aclaró que la central obrera “nunca participó de ninguna reunión donde se propusiera una movilización como la que se está hablando”.
“Hasta el día de hoy no se va a marchar, porque no tenemos idea de cuál es el objetivo de la marcha”, señaló Acuña en declaraciones al medio citado, aunque de todos modos reconoció que “la Justicia es parte del problema en la Argentina”.
El sindicalista amplió: “Lo menos que tenemos que hacer es una autocrítica, como clase política, como clase gremial. Acá todos somos responsables. Tienen que ponerse los pantalones largos todos. Cada cual tiene que asumir la responsabilidad para la que lo eligieron”.
La movilización es impulsada por sectores allegados al Frente de Todos que presionan por cambios en el Poder Judicial, un tema que encuentra obstáculos en el Congreso por el amplio rechazo de la oposición. A pesar de ello, el Gobierno analiza una reforma del sistema y de la Corte Suprema, según confirmó esta semana la portavoz Gabriela Cerruti.
En el oficialismo se empeñan en negar que el Gobierno esté detrás de la movilización, luego del apoyo que recibió por parte del viceministro de Justicia, Martín Mena.
“El Gobierno no tiene nada que ver con la marcha. Mena planteó que la sociedad tiene derecho a expresarse, y mucho más cuando hay razones más que suficientes, porque la Corte no está a altura de la democracia ni de la crisis que vivimos los argentinos. La marcha está justificada y es absolutamente legítima”, aseguró el diputado Rodolfo Tailhade, espada judicial del kirchnerismo.
En declaraciones televisivas, Tailhade coincidió con Mena: “Nadie puede decirle a la sociedad por qué tiene que marchar y por qué no. Nosotros no podríamos desalentar la marcha, porque además es una convocatoria muy sincera, que se generó en las redes, y después fue el juez Juan Ramos Padilla el que tomó el estandarte, y eso generó una adhesión que por ahí es masiva”.
Por ahora, en el bloque oficialista descartan que la movilización derive en pedidos de juicio político a los jueces del máximo tribunal. Creen que las causales existen, pero saben que están muy lejos de los dos tercios de los votos necesarios para avanzar con ese procedimiento, impulsado por el expresidente Néstor Kirchner en 2003 para “sanear” la Corte menemista.
En cuanto a posibles reformas en el máximo tribunal (que además está incompleto por la vacante que dejó Elena Highton), Cerruti señaló que es un tema que está “permanentemente en debate” y recordó que fue analizado por la comisión de juristas que realizó recomendaciones al Gobierno.
Los esfuerzos del Gobierno apuntan a avanzar ahora con otro tema más urgente: los cambios del Consejo de la Magistratura, para adecuar su conformación a lo que dispuso el máximo tribunal en el polémico fallo que revirtió la reforma ideada por Cristina Kirchner cuando era senadora.
