La Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura rechazó ayer desaforar y suspender en el cargo al juez federal N° 1 de Mendoza, Walter Bento, y a 143 días de la apertura del expediente, la investigación por presunto mal desempeño está virtualmente paralizada debido a las demoras en las medidas de prueba.
El 1 de septiembre, el diputado del PRO y consejero instructor de la investigación, Pablo Tonelli, presentó un pedido para desaforar y suspender a Bento por la “gravísimas imputaciones” y el procesamiento en su contra. Ayer, en la Comisión esa iniciativa perdió por siete votos negativos, uno afirmativo y una abstención.
La Comisión está integrada por María Inés Pilatti Vergara (senadora del FdT); Silvia del Rosario Giacoppo (senadora de JxC); Alberto Lugones y Ricardo Recondo (en representación de los jueces) Carlos Matterson (abogados), Diego Molea (sector académico, cercano a La Cámpora); Vanesa Siley y Tonelli (diputados de Juntos por el Cambio), y Gerónimo Ustarroz (Poder Ejecutivo Nacional).
A excepción de Tonelli, hubo unanimidad en que no existe una ley que permita suspender y desaforar a Bento y se señaló que esto sólo sería posible con un proceso iniciado de remoción del cargo tras una conclusión de posible mal desempeño por parte del juez mendocino, para lo que se necesitan pruebas que hoy están apenas en etapa de producción.
Avances y reveses
Ante el rechazo a avanzar con la suspensión, se determinó apurar las medidas de pruebas; insistirle al juez Eduardo Puigdéngolas que envíe a Buenos Aires una copia actualizada del expediente penal (lo cual ya había sido solicitado dos veces en agosto y septiembre) y de la declaración indagatoria de Bento; y se fijaron las fechas para las declaraciones de 29 testigos los días 13, 19, 20, 26 y 27 de octubre y 2 de noviembre.
Tonelli había pedido dejar afuera de la lista de testigos a los jueces Marcelo Fabián Garnica y Juan Ignacio Pérez Cursi y a dos fiscales. Y solicitó no considerar un audio del detenido Diego Barrera que fue aportado por el abogado Mariano Cuneo Libarona, defensor de Bento. Pero aquí también Tonelli quedó en soledad.
La “doctrina Tonelli”
El pedido de Tonelli consiste en una dispensa temporal del privilegio de inmunidad de arresto de Bento, así como el relevamiento transitorio de su cargo mientras tenga vigencia y operatividad la orden privativa de libertad dispuesta por Puigdéngolas.
“Como todos sabemos, Bento está procesado acusado de delitos muy graves”, argumentó Tonelli. Y agregó: el procesamiento está firme y consentido, dado que el mismo Bento desistió de la apelación. Lugones lo rechazó porque, dijo, la prisión preventiva sólo se podría ejecutar si el magistrado acusado es removido del cargo a través de un jury de enjuiciamiento, instancia de la que hoy se está lejos.
Pero Tonelli insistió: “A mi modo de ver, el procesamiento y la prisión preventiva están firmes y consentidas, y corresponde que dispongamos la separación temporal de su cargo”. El diputado analizó que es “una situación extremadamente grave que carece absolutamente de justificación y fundamento que un magistrado con una prisión preventiva firme por tremendos delitos continúe ejerciendo como juez e impartiendo justicia todos los días”.
El debate
Molea, quien es presidente del Consejo de la Magistratura, señaló que cuando recibió el planteo de Tonelli, observó que era “novedoso” dado que no había antecedentes similares. “Por eso me puse a estudiar el tema y decidí enviarlo a la comisión de Labor para que entre todos los consejeros analicemos esta situación”, enfatizó.
No obstante, apoyó los planteos de Tonelli para que el Consejo discuta efectivamente si se debe o no suspender a Bento antes de que estén terminadas las medidas de prueba y solo considerando la grave acusación penal. Pero Lugones lo rechazó porque la Ley de Fueros (25.320) protege a los magistrados hasta que se determinen las responsabilidades.
“La doctrina y la norma constitucional sobre el tema son clarísimas. El único momento en el que se puede suspender a un magistrado es cuando el Consejo aprueba el inicio de remoción y pasa el expediente al jury de enjuiciamiento. ¡No hay otra!”, enfatizó Lugones. Y aclaró que, incluso, cuando se suspende a los jueces tampoco se les quita los fueros.
Lugones dijo que la “doctrina Tonelli” está “inventando una situación que deja sin efecto una ley”. “La doctrina Tonelli no me gusta en lo más mínimo. Yo tengo que garantizarles a los magistrados que van a continuar en sus cargos hasta que haya un proceso de remoción conforme”, enfatizó.
El mismo consejero consideró que las acusaciones contra Bento son “gravísimas” y señaló que está en las manos de Tonelli avanzar lo más rápido posible, pero pidió que no se haga cargo al cuerpo de tomar “una doctrina nueva que afecta la inviolabilidad de los cargos”.
“Es peligroso porque nosotros le quitamos los fueros, es detenido y, por ley, si a los 180 días no concluimos el caso, el juez debe volver a su lugar y los cargos se rechazan completamente. ¿Qué queremos? Que el ciudadano mendocino tenga claro que vamos a ir hasta las últimas instancias para determinar la responsabilidad de Bento, pero no generando esta instancia nueva para separar magistrados”, afirmó Lugones.
Más rechazos
Recondo también se expresó en contra el planteo de Tonelli y señaló que la Constitución es estricta sobre estas circunstancias. Y para evitar suspicacias, contó que en otra oportunidad él denunció a Bento. “Debemos apurar el trámite acá, pero por encima de esta gravedad está la salvaguarda de la independencia de un juez, que es un principio superior”, agregó Recondo.
A su vez, Ustarroz expresó: “Confieso que la ‘doctrina Tonelli’ me gusta, pero no es aplicable. La ley de fueros, la ley orgánica del Consejo y la ley que regula el juicio político no lo permiten”. Pilatti de Veragara expresó que la decisión debía apegarse a la ley actual. Matterson y Giaccopo apoyaron esto último.
