El Consejo de la Magistratura de la Nación definirá el lunes que viene cómo será la agenda de trabajo para lo que resta de febrero y cuándo se volverán a reunir cada una de las cuatro las comisiones de consejeros.
La Magistratura está virtualmente paralizado actualmente en lo que tiene que ver con las investigaciones y el juzgamiento de jueces. En principio, hubo feria judicial durante todo enero. Y en segundo lugar, el órgano está tratando de aggiornarse al fallo de la Corte Suprema.
El 16 de enero pasado, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la ley del Congreso que redujo los miembros del Consejo de la Magistratura de 20 a 13 en 2006, encargó una nueva ley que lo regule y concedió un plazo de 120 días corridos para que se elijan a los nuevos miembros.
La integración a la que volverá el Consejo si el Congreso no resuelve antes una nueva por ley, será la derogada en 2006, que disponía que estuviera formado por el presidente de la Corte Suprema; 4 jueces; 8 legisladores (4 por cada cámara, 2 por el oficialismo, 1 por la primera minoría y 1 por la segunda minoría); 4 abogados; 1 representante del Poder Ejecutivo y 2 del sector académico.
El 11 de enero el plenario del Consejo aprobó el Reglamento transitorio para la elección de consejera jueza. Y el 24, aprobó el reglamento transitorio para elegir a dos consejeras abogadas en representación de la matrícula federal.
En tanto, el lunes último la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura, aprobó por mayoría doce ternas de candidatos a jueces del Poder Judicial de la Nación, que serán tratadas por el Plenario del Cuerpo.
La Comisión de Disciplina y Acusación, que lleva adelante la investigación por presunto mal desempeño del juez federal de Mendoza Walter Bento, se reunió por última vez el 22 de diciembre pasado y ahora no tiene aún fecha para una próxima reunión.
De la agenda que se defina el lunes saldrá la fecha en la que esta Comisión, que es presidida por la senadora del Frente de Todos María Inés Pilatti Vergara, volverá a reunirse para avanzar con los expedientes.
Para ese próximo encuentro, que se daría antes de fin de mes, la comisión tiene en espera varias medidas de prueba sobre Bento, ante la diversidad de acusaciones por numerosos presuntos delitos graves.
De la última reunión también quedó pendiente que la Comisión tome mayor velocidad en su trabajo, lo cual fue reclamado por el diputado del PRO y consejero instructor en la causa Bento, Pablo Tonelli, dado que las investigaciones están avanzando muy lentamente.
Los consejeros tendrán que analizar durante lo que resta de este mes y en adelante la copia actualizada del expediente penal que lleva adelante el juez federal de primera instancia de San Rafael, Eduardo Puigdéngolas.
Entre las medidas de prueba que los consejeros esperan conocer también está lo recabado hasta el momento sobre los hijos de Bento y sus movimientos laborales y patrimoniales en los últimos diez años.
Asimismo, quedó pendiente de la última reunión el requerimiento de todas las declaraciones juradas de Bento y su esposa Marta Boiza (también empleada judicial) y un análisis sobre los movimientos migratorios de ambos.
Hay medidas de prueba que la Comisión de Disciplina y Acusación pidió a mediados de 2021 y hasta diciembre prácticamente no habían tenido avances, por lo que hubo un reclamo de los consejeros para que se insista con el pedido. La investigación se abrió en el Consejo el 11 de mayo del año pasado.
