Tras la votación en el Senado, la ley de alquileres entró en una nueva encrucijada y hay incertidumbre en la Cámara de Diputados, que debe definir si acepta los cambios que introdujo el oficialismo o si insiste con la versión original, impulsada por la oposición. Juntos por el Cambio tiene la complicada tarea de volver a construir mayoría para imponer su iniciativa y el clima electoral dificulta los acuerdos.
El Senado aprobó el nuevo proyecto con 37 votos afirmativos contra 29 negativos. Lo hizo con el apoyo del Frente de Todos, cuatro senadores del bloque Unidad Federal (Guillermo Snopek, Eugenia Catalfamo, Carlos “Camau” Espínola y Edgardo Kueider) y los aliados Alberto Weretilneck, de Río Negro, y Clara Vega, de La Rioja. Juntos por el Cambio y la schiarettista Alejandra Vigo votaron en contra.
El texto que ahora está en manos de Diputados mantiene el plazo de tres años de los contratos, como rige en la actualidad, pero modifica la actualización, haciéndola semestral en lugar de anual, y fija como índice el coeficiente “Casa Propia”, que toma el promedio más bajo entre salarios e inflación.
En cambio, la versión que había aprobado la oposición el 23 de agosto tras intensas negociaciones proponer volver a los contratos de dos años, establecer ajustes cada cuatro meses como mínimo, y darle libertad a las partes para que puedan acordar el índice de actualización.
En la sesión de este jueves en el Senado, Anabel Fernández Sagasti, vicejefa del interbloque oficialista, tildó ese proyecto como una “desfachatez” y una “vergüenza” porque, consideró, “retrocede en derechos que los inquilinos habían incorporado”.
“Demonizaron una ley donde no hubo una decisión política del Estado Nacional de aplicarla, y encima con esta situación de crisis social y habitacional, con el lobby de las grandes inmobiliarias, nos dicen que la solución es liberalizar y dejar bajo la ley de la selva a 10 millones de argentinos. Este bloque no lo acepta”, sentenció la legisladora.
En cambio, aseguró que la nueva propuesta “hace lo que tiene que hacer una legislación: que entre dos intereses contrapuestos, la ley trata de equilibrar, porque el contrato de alquiler funciona, en los hechos, como un contrato de adhesión, donde el inquilino no puede discutir las cláusulas porque hay una relación de asimetría con el propietario”.
Desde la oposición Martín Lousteau (UCR) defendió el texto de Diputados y advirtió que con la dilatación del debate se crea “un limbo jurídico semana tras semana para las familias que tienen que renegociar sus contratos”. “Es preferible decir que ya hay un status, que es este, y en todo caso incorporar incentivos en sucesivas leyes. Hoy estamos generando incertidumbre contractual”, planteó.
El escenario en Diputados
Los líderes de Juntos por el Cambio en Diputados todavía no se reunieron para evaluar qué harán, pero ya hay quienes sostienen que deben insistir con el proyecto original. Para eso se necesita mayoría simple, es decir la mitad más uno de los votos, una vez conseguido el quórum de 129 presentes.
“Yo voy a trabajar para que insistamos con la media sanción de Diputados. Esto es lo que nos pide la gente y es lo único que podemos hacer en un marco inflacionario como el que tenemos”, dijo a radio Mitre la radical Karina Banfi, quien en un principio había peleado por la derogación total de la norma.
Pero Juntos por el Cambio no tiene mayoría propia y allí se presenta el mayor desafío: volver a sellar acuerdos con los bloques que habían acompañado, en su mayoría representaciones provinciales, en momentos donde cualquier traspié puede jugar en contra en las elecciones que se celebrarán en menos de un mes.
En ese sentido, generó zozobra lo que sucedió con los rionegrinos: en Diputados, Luis Di Giácomo y Agustín Domingo, los dos “soldados” de Weretilneck, votaron junto con la principal oposición, pero en el Senado el gobernador electo votó con el oficialismo, al que primero le garantizó el quórum.
A esto se suma que Juntos por el Cambio no contaría con La Libertad Avanza, ni siquiera para el quórum. En la sesión donde se aprobó la media sanción, el bloque de Javier Milei estuvo presente porque quería votar la derogación, pero esa opción fracasó y, finalmente, los libertarios rechazaron el proyecto de la oposición.
El Frente de Todos también está en aprietos, porque en Diputados había impulsado un proyecto diferente al que aprobaron los senadores del mismo espacio, manteniendo los tres puntos más conflictivos de la ley vigente: contratos de tres años, ajuste anual y un índice que combina inflación (IPC) y salarios (RIPTE).
El debate deberá arrancar por comisiones y por ahora no hay fecha de convocatoria. Mucho menos se habla, todavía, de llevarlo al recinto. Incluso hay quienes dudan de que haya sesión antes del 22 de octubre, más allá de la voluntad del oficialismo para tratar temas de distinta índole que están en agenda.
Uno de ellos es el proyecto de “Comprá sin IVA”, impulsado por el ministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa, que comenzó a ser tratado esta semana. Además, tiene dictamen el blanqueo de capitales, también impulsado por el funcionario; y empezó a discutirse la reducción de la jornada laboral y una ley para aumentar la inversión en educación.
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