Los Poderes Legislativo y Judicial retornarán esta semana del período de licencias ordinario que tuvieron en enero, para enfrentar un 2022 con varios desafíos y temas importantes en términos provinciales. Por el lado de la Legislatura, no sólo habrá proyectos importantes por tratar que impulsa el oficialismo, sino que la oposición insistirá en llevar el “caso Munives” a la Casa de las Leyes, y que la cúpula policial dé también explicaciones sobre el accionar que hubo. En tanto, la Justicia se dispone a implementar algunas reformas que ha anunciado y deben dar pasos finales. También será importante ya que se desarrollarán juicios en la causa de Luis Lobos, y seguirá la investigación en la Justicia Federal del caso de Walter Bento.
Por el lado legislativo, el oficialismo tiene algunos proyectos ya presentados que empezarán a traccionar esta semana que viene, sobre todo en comisiones. El más importante será el de Boleta Única, que fue presentado el 15 de diciembre por el ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez, como representante del Ejecutivo, pero no llegó a comenzar con su análisis.
En el Senado infomaron que la iniciativa está en la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) y buscarán llegar a todos los acuerdos necesarios para que la iniciativa tenga amplia mayoría, teniendo en cuenta que se trata de un cambio muy importante en el sistema de votación en Mendoza, que pasaría -si se aprueba – de las boletas sábana a una sola boleta, también en formato papel.
Pero este debate no tiene urgencias, ya que en el caso que se apruebe, el sistema de la Boleta Única se aplicará en las próximas elecciones (2023) que dependan de la provincia, es decir en las categorías de gobernador, diputados y senadores provinciales. También se hará en los casos que se elijan intendentes y concejales y lógicamente no haya desdoblamiento municipal.
Por otro lado, Diputados tiene también otros proyectos que trabajar. Uno de ellos es la ratificación del Nuevo Consenso Fiscal que firmó el gobernador Rodolfo Suárez a fines de diciembre junto al presidente Alberto Fernández.
Esta iniciativa necesita el aval legislativo, y también se descuenta que el Gobernador lo tendrá, ya que el peronismo también acompañará, a sabiendas que fue una propuesta que inició la Nación. No obstante, también se descuentan votos en contra de aliados de Cambia Mendoza -al igual que el FIT – ya que sostienen que ese Consenso habilita a las provincias a subir impuestos. No obstante, Suárez ratificó en varias oportunidades que no lo hará.
De hecho, el objetivo que tiene entre sus manos Suárez con esta herramienta es mejorar la relación con Nación, ya que pretende renegociar unos $20.000 millones de deuda que vence en 2022, cuyos principales acreedores son justamente organismos nacionales (Anses y Banco Nación, entre otros). No obstante, la ratificación no se tratará este miércoles, sino que quedará para la próxima.
De los proyectos que también están para ser tratados hay uno que compete a la oficina de Ética Pública, que propone algunas modificaciones en las fechas y procedimientos del organismo. Otro que está en agenda, lo presentó el ministerio de Infraestructura y el IPV en diciembre, que es el de regularización dominial y facilidades para la cancelación de créditos. Y también quedará resolver qué ocurrirá con la dilatada reforma de la Constitución, que ha tenido varias idas y vueltas en la gestión del radical Suárez.
Un punto caliente será el del caso de Roberto Munives, el jefe de la Policía que fue echado por el ministro Raúl Levrino, por varias irregularidades y posibles delitos que investiga la Justicia en el ingreso de su pareja en el Parque Nacional Aconcagua sin el pase sanitario, y la utilización de recursos del Estado.
En el peronismo la estrategia es llevar el tema a la Legislatura y presionar a la cúpula policial. Incluso sostienen que el nuevo Jefe de la Policía, Marcelo Calipo, debería haber estado al tanto de la situación. No obstante, en el radicalismo dejaron en claro que seguramente se trabajará primero en los pedidos de informes, y que luego de la investigación de la IGS y Ética Pública, tomarán alguna decisión.
“¿Cuántos juzgados quieren que tenga Munives? La Legislatura debe juzgar la política de seguridad, luego veremos qué pasa con el caso cuando se agoten todas las instancias”, declararon desde el radicalismo.
Causas judiciales y proyectos
Respecto al Poder Judicial, afronta una serie de reformas en carpeta que podrían avanzar en este 2022. De las más nombradas, están las que el gobernador Rodolfo Suárez anunció hace un año, en la apertura del año judicial, con la ampliación de los juicios por jurados a otros delitos (con penas de entre 10 a 25 años de prisión); así como también establecer sistemas similares a las Oficinas de Conciliación Laboral (OCL), que han bajado la judicialización de casos, en los fueros Civil y de Familia.
También está previsto avanzar en algunos temas de fondo que ya contó Los Andes en su edición del 2 de enero, por parte de la propia Suprema Corte de Justicia, que tiene en la mira una propia “auto reforma”, en la que se buscará dotar de reglas claras con el sorteo de las salas que tomarán las acciones contenciosas administrativas o de inconstitucionalidad (para evitar la direccionalidad en las presentaciones en base a los integrantes de dichas salas), así como también de cambios que buscan más agilidad y celeridad en el máximo tribunal. Aunque es probable que este proyecto no ingrese hasta el inicio de sesiones ordinarias, a comienzos de mayo.
De acuerdo a las causas políticas, febrero es un mes importante, ya que habrá novedades en los casos que tienen en la mira al ex gobernador, Francisco Pérez; y al ex concejal a cargo de la intendencia de Guaymallén, Luis Lobos.
Con relación al ex gobernador, el 2 de febrero se realizará una audiencia en la que se discutirá un pedido de nulidad de una pericia contable ante un Juez de Garantías. Pérez está imputado por enriquecimiento ilícito donde se lo investiga por la compra de un departamento en las Torres Agustinas mientras era funcionario.
Respecto a Lobos, el 17 de febrero a las 16 se realizará la audiencia preliminar por una causa por fraude en perjuicio de la Administración Pública. En este caso, se investigan presuntas irregularidades en el alquiler de una planta de asfalto y maquinaria de la empresa Wanka SA.
Lo importante de este tema es que esta causa está acumulada con la “causa madre” de toda la investigación contra Lobos, por enriquecimiento ilícito. De esta manera, una vez finalice esta audiencia preliminar, se dará fecha del debate del juicio por estas dos causas acumuladas que tiene el ex funcionario peronista, quien ya fue condenado a 4 años y medio de prisión por administración fraudulenta en mayo del 2019 (la sentencia fue apelada ante la Suprema Corte).
Entre otras causas por resolver y que tienen impacto mediático, está la apelación de la condena a prisión perpetua de Gil Pereg por el doble crimen de las israelíes Phyria Sarussi y Lily Pereg; y también la inconstitucionalidad de la ley 9230 que rebajó el sueldo a 21 equiparados a magistrados. Mientras tanto, la Sala 2 de la Suprema Corte (con voto dividido) hizo lugar a una medida cautelar presentada y seguirán cobrando como jueces hasta que se resuelva la medida.
También será importante conocer qué ocurrirá con el cargo de Defensor General, que hoy es ocupado por Mariana Silvestri y dura 5 años. La magistrada asumió el 9 de marzo del 2017, por lo que el Gobernador deberá, o enviar un nuevo pliego al Senado, o podría confirmar a Silvestri por otros 5 años más, con acuerdo de la Cámara Alta, tal como marca el artículo 12 de la ley 8928.
Caso Bento: el Consejo de la Magistratura aguarda movimientos en la causa penal
Por el lado de la Justicia Federal, que también retoma su funcionamiento pleno el 2 de febrero, sin dudas la causa con mayor impacto político y judicial es la del juez federal Walter Bento, que se encuentra procesado -confirmado por la Cámara Federal de Mendoza- por los delitos de asociación ilícita (en calidad de Jefe Organizador), cohecho pasivo, prevaricato, omisión y retardo de justicia, lavado de activos y enriquecimiento ilícito; así como también su esposa, Marta Isabel Boiza, por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. A mediados de diciembre fue el último avance fuerte de la causa, con nuevos imputados, detenciones y allanamientos.
Según pudo recabar Los Andes, la causa no ha tenido mayores novedades que las que ocurrieron en diciembre, pero está en avance con el trabajo del fiscal Dante Vega y la instrucción del juez Eduardo Puigdéngolas. “Es una causa compleja y larga, hay que ver cuándo deciden elevarla a juicio”, marcaron.
En tanto, en el Consejo de la Magistratura sigue el proceso de manera lenta. El diputado instructor de la causa, Pablo Tonelli, comentó a este medio que la investigación ahora “está a la espera del peritaje contable que ordenó el juez Puigdéngolas sobre el patrimonio de Bento”.
Una vez que tengan el resultado del mismo, según el legislador de Juntos por el Cambio estarán en condiciones de someter a una votación para activar o no el proceso de Jury contra el magistrado, que podría terminar -como pena máxima en ese organismo – con la remoción de su puesto.
Otra de las fuertes reformas en vía de resolución es la aplicación del sistema acusatorio en el fuero penal, que está frenada desde hace por lo menos dos años. El mismo dará paso del actual sistema mixto (inquisitivo) donde los jueces investigan las causas; al acusatorio, donde este rol lo tienen los fiscales, tal como ocurre en la Justicia provincial. “Estamos a la espera de que la política lo impulse. En la Justicia estamos listos para aplicarlo”, acotaron a Los Andes.
