El oficialismo mendocino mantiene en su mira política a Janina Ortiz, diputada de La Unión Mendocina (LUM) que quedó sin fueros ante el avance de investigaciones judiciales por coacción agravada y fraude a la administración pública en el departamento de Las Heras.
Pese a que las investigaciones de los fiscales concluyeron en la necesidad de imputarla en el mes de octubre del 2024, aún no lo han podido hacer por diversas presentaciones de la defensa.
En este caso, todo se podría encaminar a una posible suspensión por parte de la Cámara de Diputados, al menos según lo que tiene en mente el Frente Cambia Mendoza, pero de igual forma la citarán a comisiones para que pueda “defenderse” de los informes fiscales.
La comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC), que preside el radical Franco Ambrosini, acordó convocar a Ortiz para la reunión del próximo martes, tras recibir el informe respecto al avance en la investigación judicial que sobre ella recae y que había sido solicitado por la gran mayoría de legisladores de la Cámara Baja.
Sin embargo, la diputada provincial duda de presentarse. En diálogo con Radio Mitre Mendoza, sostuvo que lo analizaría con su abogada, Elena Quintero.
Sin imputación
Según se desprende de las conclusiones del informe de la Justicia, resaltaron que la Defensa de la legisladora “planteó nulidades a su imputación e inmunidad de la nombrada Ortiz”.
Y puntualizaron que “se obtuvo la resolución de la Cámara de Diputados disponiendo el desafuero en ambas actuaciones; así como dos resoluciones de Jueces de Garantías (Dr. Sarmiento y Dra. Ramón) rechazando los planteos de nulidad”.
A su vez, agregaron que hay otras dos resoluciones de Jueces de Cámara, que son los magistrados Magro, Vallejo, Gutiérrez del Barrio y Chacón “rechazando los recursos de apelación”.
No obstante, concluyeron que “hasta la fecha no ha sido posible la imputación formal de la sindicada Janina Ortiz en ninguna de las actuaciones”.
Ortiz duda de asistir a comisiones
La legislador se defendió respecto a la avanzada oficialista sobre su cargo y sostuvo que, cuando se realizó el proceso de desafuero ella se presentó con su abogada y mostró “todas las pruebas, que están en la Justicia, en donde se dejó en claro que no ha habido dilación alguna al proceso judicial”.
“Todos aquellos que entienden las cuestiones penales, saben que los recursos que he usado son legales. A mí me acusan de exceso de legítima defensa, pero eso no existe”, aseguró la diputada lasherina, que aún no ha podido ser imputada en ninguna de las dos causas.
En este sentido, dio como ejemplo que a ella todavía no le han hecho pericias caligráficas respecto a firmas de diversos documentos en la comuna de Las Heras que ella niega haberlos firmado. “Tratan de imputarme cuando ni siquiera han hecho análisis para ver si esas son o no mis firmas”, relató respecto a la causa de las irregularidades en la contratación de cooperativas.
Y apuntó contra el oficialismo de Cambia Mendoza: “Lo que quieren es usar sus mayorías en contra mía. Tienen el poder de las mayorías para manejar el Poder Legislativo, el Poder Judicial y también un manejo mediático, y uno tiene desventaja”, sostuvo.
En tanto, la abogada Quintero, dijo a este medio que lo que ha informado el fiscal a la Legislatura en el pedido de informes “son situaciones totalmente apartadas de la realidad”.
“Ortiz no ha sido imputada aún porque yo he cuestionado el avoque y, además, he solicitado la pericia caligráfica. Aunque les cueste entenderlo, formalmente se está defendiendo, ella tiene derecho de defenderse”, expresó.
Sobre el estado de las causas, mencionó que el de coacciones “está desde el año pasado en la Corte con un cuestionamiento y un análisis respectivo al nivel jurídico” que aún no se resuelve.
En tanto, sobre el caso de las cooperativas, pidió la mencionada nulidad del avoque; y agregó que hasta el 22 de marzo tiene plazo para presentar la casación, que ya la tiene “lista”, al indicar que “el tribunal que no analizó lo que yo había expuesto en audiencia”.
“Ortiz no puede ser imputada porque tienen efecto suspensivo las resoluciones de los tribunales, cuando pueden ser cuestionadas. Es una cuestión del Código y eso es lo que no informa el Ministerio Público”, finalizó.
Avanzada legislativa
Fue a mediados de febrero cuando la Cámara de Diputados aprobó solicitar a la Fiscalía Nº 7 de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos e Informáticos ya la Fiscalía N° 28 de Instrucción, informes de todas las actuaciones que se encuentren “en dichos obrados a partir del pedido de desafuero allí recaído”.
Este pedido había sido promovido por el diputado Ambrosini pero acompañado a su vez, con la firma de diputados de todos los bloques.
Tras recibir la información requerida, los integrantes de la comisión decidieron en su reunión de tablas de ayer, citar a la legisladora para el próximo martes, a las 10, “para escucharla”, tal como se hizo en anteriores oportunidades, dijo el titular de la comisión.
”Hoy se pone en conocimiento de la comisión el informe del Poder Judicial sobre el estado de situación de la diputada Ortiz. Se remitirá copia a cada uno de los integrantes de la comisión y se la citará el martes que viene, a las 10, para que ejerza su derecho a defensa”, explicó.
Las causas
Recordemos que una de las causas por las que está investigada Ortiz es por “coacciones agravadas”, dado que la diputada está sospechada de haber presionado a una empleada municipal a grabar a un funcionario de la comuna, que era el entonces subsecretario de Policías Sociales, Osvaldo Oyhenart (imputado en la otra causa); y luego a entregarle dicha grabación “con un 38 sobre la mesa”, en relación a un arma.
La otra causa en la que está investigada es por fraude a la administración pública en la modalidad de estafa. Allí hay varios exfuncionarios de Las Heras imputados, como por ejemplo Daniel Orozco, exintendente de la comuna y esposo de Janina Ortiz.
La actual diputada está sospechada de participar de un manejo irregular de fondos para cooperativas (en particular la cooperativa Manos a la Obra), mediante el “direccionamiento de licitaciones públicas y contrataciones directas “para realizar limpieza de calles y espacios públicos”, pero que, en los hechos, tenía por fin -según la fiscalía- “hacerse del pago de recursos dinerarios del municipio por servicios que no serían prestados en las condiciones pactadas”.
