El Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) será disuelto en breve, tras la sanción definitiva al proyecto enviado a la Legislatura por el Ejecutivo provincial. Por mayoría de votos, la Cámara de Senadores aprobó la transferencia de la regulación del servicio de agua y saneamiento al Departamento General de Irrigación.
El proyecto fue aprobado por 19 votos a favor y 15 en contra, por lo que fue remitido al Poder Ejecutivo para su posterior promulgación.
El presidente de la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, Walther Marcolini, explicó que el proyecto propone un nuevo régimen normativo para los servicios de agua potable y cloacas en Mendoza. Además, plantea la derogación de la Ley 6044 de 1993, que había establecido el marco normativo para la regulación de estos servicios, y la transferencia de las funciones de regulación, defensa de los usuarios y control de las actividades de prestación de servicios al Departamento General de Irrigación.
El legislador radical también destacó que el régimen que se pretende modificar fue diseñado en un contexto económico y político muy diferente al actual, en la década de 1990, marcado por políticas de desregulación y privatización de los servicios públicos. En ese entonces, la provincia dejó de prestar y gestionar el servicio de agua potable y cloacas, cediendo su control a operadores privados. La Ley 6044 permitió la creación de entes reguladores para garantizar la defensa de los derechos de los usuarios en un mercado que, sin control, podría no cumplir con los principios de dignidad, igualdad, salud y acceso al medioambiente sano.
Marcolini continuó explicando que, a lo largo de los años, la situación en Mendoza fue cambiando. Durante la crisis de 2001, la empresa privada más grande de la provincia, encargada de la prestación del servicio, incumplió sus compromisos de expansión, lo que afectó a muchas familias mendocinas. A raíz de esto, en 2010 se creó la empresa Agua y Saneamiento Mendoza (Aysam), que tomó a su cargo la provisión de estos servicios, bajo un régimen transitorio. Hoy en día, la empresa de agua es una sociedad anónima de participación estatal mayoritaria, lo que hace innecesaria la existencia de un ente regulador independiente para controlar a una empresa que ya está bajo la supervisión del gobierno provincial.
Asimismo subrayó que el Departamento General de Irrigación es el organismo adecuado para asumir las funciones de regulación, ya que tiene la expertise técnica y el manejo del agua en Mendoza. Además, el proyecto establece un régimen de tarifas que debe reflejar los costos de operación, mantenimiento, expansión y renovación del sistema, sin depender de subsidios provinciales.
Los senadores Gabriel Pradines de la Unión Mendocina, Armando Magistretti de la Libertad Avanza, Dugar Chappel del Partido Verde, Germán Vicchi de la Unión Mendocina, la senadora Adriana Cano del partido Justicialista y Natacha Eisenchlas presidenta del bloque oficialista, también se refirieron al proyecto.
El proyecto también promueve, como explicó el presidente de LAC, la derogación de la Ley N° 6044, que había establecido el marco normativo del EPAS, sustituyéndola por una normativa que responde mejor a las necesidades y condiciones actuales del servicio de agua y saneamiento en Mendoza.
El articulado del proyecto detalla las nuevas competencias de Irrigación, como el control de planes de inversión de los operadores, la supervisión de tarifas, la resolución de conflictos entre usuarios y operadores, y la elaboración de un informe anual sobre el estado del servicio para el Poder Ejecutivo y la Legislatura. Además, Irrigación deberá coordinar su labor con otros organismos competentes en temas sanitarios y ambientales, en un enfoque de colaboración interinstitucional.
La ley también establece que Irrigación asumirá el control sobre la calidad y potabilidad del agua, el tratamiento de aguas residuales y la supervisión de operadores en toda la provincia. En cuanto al tema de tarifas, se fijarán principios tarifarios que consideren objetivos económicos, sociales y ambientales, garantizando que las tarifas reflejen los costos operativos y de mantenimiento, además de una posible rentabilidad razonable para los operadores, siempre en el contexto de una gestión eficiente.
Nuevas regulaciones
El proyecto establece también pautas para proteger los derechos de los usuarios y define las obligaciones de los concesionarios de servicios, así como sanciones para quienes no cumplan con las regulaciones. Se creará la Unidad Fiscal del Agua, que impondrá multas que se determinarán en base a la Unidad Fiscal del Agua, cuyo valor inicial será de mil pesos, ajustable según la Ley Impositiva.
El Poder Ejecutivo queda facultado para transferir a Irrigación, Aysam y otras entidades los recursos necesarios para cumplir con las nuevas responsabilidades. Asimismo, se contempla la posibilidad de que Aysam cobre una tasa de servicios a los operadores comunitarios que soliciten asistencia técnica, destinando estos fondos al sostenimiento de la entidad y a la cobertura de los costos de la asistencia.
En cuanto al personal, la ley ofrece opciones para su reubicación. Los empleados podrán incorporarse a Irrigación o Aysam, si cumplen con los requisitos y lo aceptan. En caso de que no sea posible su absorción, se les ofrecerá una reubicación en otra dependencia de la Administración Pública o, en última instancia, la desvinculación con una indemnización acorde a la normativa laboral vigente. Además, se les respetará la antigüedad y el salario actual, ajustándose cualquier diferencia salarial mediante un adicional compensatorio.
Con esto, Mendoza marca un cambio importante en la política de recursos hídricos y de saneamiento, con el objetivo de mejorar la administración y control de estos servicios esenciales, garantizando una gestión más eficiente y enfocada en las
