El juicio al ex intendente de Guaymallén, Luis Lobos, y su pareja, Claudia Sgró, por enriquecimiento ilícito fue reprogramado por cuestiones de salud de parte de abogados defensores y también querellantes. La audiencia preliminar, que se iba a realizar mañana a las 14, pasará al 5 de mayo a las 11, por lo que se dilatará el segundo juicio que tiene bajo la mira al dirigente peronista, quien ya fue condenado en primera instancia en otra causa por administración fraudulenta.
Según informaron desde el Poder Judicial, los abogados defensores Fernando Luquez y Daniel Álvarez Doyle pidieron suspender la audiencia preliminar del caso debido a problemas de salud que les impedirían asistir a dicha sesión de manera presencial.
Quien también pidió la suspensión de la audiencia fue el abogado querellante, Armando Chalabe, que representa al municipio de Guaymallén. En diálogo con Los Andes, sostuvo que se encuentra aislado por contacto estrecho de Covid, por lo que solicitó la prórroga de este evento en Tribunales.
De esta manera, el juez penal Luis Rafael Correa Llano determinó la suspensión de la audiencia preliminar, que pasará al próximo 5 de mayo, teniendo en cuenta que debe ser presencial.
Causa clave
Esta investigación por la que se lo enjuiciará a Lobos, y cuyo juicio comenzará en las próximas semanas, es la causa “emblema” en términos políticos, ya que se lo acusa de haberse enriquecido a costa de su trabajo en el Estado mientras se desempeñaba como empleado estatal de Guaymallén (desde comienzos del año 2000), pero sobre todo cuando fue concejal y luego accedió al cargo de la intendencia, entre 2013 y 2015. Por esta causa la pareja arriesga una pena de 2 a 6 años de prisión.
Según informaron allegados a la causa, para la fiscal de Delitos Económicos, Susana Muscianisi, Lobos no ha podido demostrar un aumento en su patrimonio de $3,9 millones entre bienes muebles e inmuebles; mientras que su pareja no lo pudo hacer en un monto que ronda el millón de pesos.
Es importante destacar que los montos no están actualizados y, tal como informó Los Andes en la edición del 17 de julio pasado, mientras fueron funcionarios, Lobos y Sgró adquirieron una vivienda de 620 metros cubiertos en Guaymallén, un departamento y dos lotes, una camioneta Volkswagen Amarok, un Peugeot 308 y un cuatriciclo Can Am.
Por el lado de la defensa entienden que los peritos que participaron de la investigación “no eran profesionales idóneos” y que, según su postura, Lobos y Sgró “tienen documentación que avala sus ingresos”, aunque la fiscalía sostiene lo contrario.
De esta manera, se entiende que la audiencia preliminar será importante debido a que seguramente los abogados de Lobos y Sgró presentarán diversos pedidos de nulidad, que podrían impactar en el juicio posterior. También se ofrecerán las pruebas y habrá lugar para los requerimientos de principios de oportunidad, que en esta caso estarán limitados al pedido de un juicio abreviado. Tras eso, restará fijar la fecha del debate.
“Para nosotros el patrimonio está justificado y se verá en el juicio”, destacaron por parte del entorno de Lobos. Lo cierto es que hay “documentación cruzada”, que es la que deberá evaluar el magistrado a la hora del juicio.
No obstante, desde el lado de Lobos sostienen que están combatiendo “contra un aparato político que quiere condenar sin importar las pruebas por enriquecimiento ilícito, y también un aparato mediático que alimenta esa idea”.
Extinción de dominio
Entre los antecedentes del pasaje de Lobos y su esposa por la Justicia, en paralelo a esta causa penal surgió la causa civil, en la que, en un fallo histórico, la jueza María Paz Gallardo despojó a la pareja de algunos inmuebles por los que se investiga que podrían haber sido adquiridos fruto de la corrupción, basándose en la ley de Extinción de Dominio.
En el fallo, Paz Gallardo resolvió admitir parcialmente la acción de extinción de dominio iniciada por el Ministerio Público Fiscal y, en consecuencia, declaró “extinguido” el dominio de Lobos y Sgró respecto de tres inmuebles, “sin contraprestación ni compensación alguna a favor de los demandados, así como de sus frutos y productos, en caso de resultar aplicable”.
Por otro lado, desestimó la acción de extinción de dominio respecto de tres vehículos, un Peugeot 308, una Volkswagen Amarok 2.0 y un cuatriciclo Can-Am.
La sentencia establece que los demandados “han acreditado solo parcialmente el origen lícito de los bienes objeto de la presente acción. Por tanto, corresponde admitir parcialmente la demanda y declarar extinguido el dominio respecto de los bienes inmuebles, a partir de la firmeza de esta resolución y rechazar la misma respecto de los rodados objeto de esta acción”.
Dichos inmuebles están ubicados en Guaymallén: dos de ellos en la calle Tirasso al 4300; y un departamento que se encuentra en Villa Nueva y fue adquirido en 2011. No obstante, se apeló a este fallo, que quedó en la Suprema Corte de Justicia.
Condenas y causas
Es necesario remarcar que Lobos ya fue condenado en mayo del 2019 por otra causa, en este caso por administración fraudulenta, a 4 años y medio de prisión de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos; mientras que Sgró recibió una pena de 3 años y 4 meses de prisión.
Ambos fueron condenados por la contratación irregular de dos personas en Guaymallén, quienes nunca cumplieron tareas en la comuna, sino en la casa de la madre de Sgró. Además el fallo reflejó que se quedaban con parte del salario que las dos personas cobraban, ya que -según los fiscales- las víctimas (Laura Fara y su hijo, Pablo Müller) nunca supieron que eran empleadas en la comuna.
Según declararon ante la Justicia, les habrían hecho creer que accedían a una “ayuda social” del municipio, pero solamente les daban una parte del salario. Se estima que la estafa fue por más de $ 400.000.
El fallo fue dictado por el tribunal integrado por Aníbal Crivelli, Jorge Del Pópolo y Marcelo Gutiérrez del Barrio. No obstante, la defensa también decidió apelar y la causa quedó en manos de la Sala II de la Suprema Corte.
Por otro lado, hay otra causa que aqueja a Lobos. Se trata de otra por administración fraudulenta por presuntas irregularidades en el alquiler de una planta de asfalto y maquinaria de la empresa Wanka SA. Sobre esta causa, la defensa se mostró en oposición a la elevación a juicio y la audiencia por el momento “está suspendida”, aseguraron.
