La suspendida diputada provincial de La Unión Mendocina, Janina Ortiz, fue finalmente imputada esta semana por coacciones agravadas por parte del fiscal Juan Ticheli; pero hay más novedades en la Justicia, ya que la volvieron a citar para la semana que viene, para imputarla por otra investigación que recae sobre la exfuncionaria de Las Heras; que es por posible fraude a la administración de Las Heras a través de una cooperativa de trabajo.
Si bien para la fiscalía están en condiciones de avanzar con la imputación; desde la defensa aseguran todo lo contrario. Su abogada, María Elena Quintero, sostuvo a Los Andes que se trata de una maniobra “inconstitucional” y adelantó que la Fiscalía “no está en condiciones” de imputar a Ortiz ya que las apelaciones que han presentado ante la Suprema Corte de Justicia.
La letrada aseguró que esta semana, cuando fue imputada Ortiz, pidió que declare en la otra causa “en calidad de informada”, como lo ha sido a la fecha. Sin embargo, poco después recibieron la notificación para la imputación en la causa de las cooperativas, con fecha del viernes que viene a las 8.30 en el Polo Judicial.
Lo que hará Quintero es presentar un escrito el día lunes “porque ese decreto está fuera de la ley”.
Según insistió, “no la pueden imputar”, e interpretó que la fiscalía “han hecho una ‘analogía in malam partem’, es decir una analogía perjudicando al imputado”.
“Nosotros no hemos desistido del recurso de la Suprema Corte, y todavía no han resuelto el recurso; por lo tanto no la pueden imputar”, acotó.
La abogada volvió a acusar a la Fiscalía de “incumplir” los deberes de funcionario público. “Ya lo dijo la doctora Dolores Ramón, que mientras que estén los recursos en trámite no puede ser citada mi defendida para imputarla. Se ve que no entiende el Código Penal esta gente”, lanzó Quintero con malestar.
De esta forma, en la presentación que realizarán ante la Justicia, recordará todos los planteos que tiene que resolver la Corte mientras está en proceso de investigación; y que, si llega a ir el viernes a declarar, lo hará “como informada” y no con el objetivo de ser imputada por fraude.
“No la van a imputar, la Corte no ha resuelto la situación procesal de ella en esa causa y la defensa es la que pidió que ella vaya a ampliar su declaración en los términos del artículo 318 del Código Procesal Penal, que es en el que ella está”, aseveró.
En este sentido, sería otra declaración en calidad de informada la que daría Ortiz; tal como lo hizo también el 19 de octubre del año pasado.
La causa
Mientras tanto, la causa en la que se investiga a Ortiz tiene que ver con posible fraude a la administración pública, mientras fue secretaria de Gobierno en la gestión de Daniel Orozco, su esposo, que también está imputado desde el 9 de noviembre pasado.
Está sospechada de participar de un manejo irregular de fondos para cooperativas (en particular la cooperativa Manos a la Obra), mediante el “direccionamiento de licitaciones públicas y contrataciones directas “para realizar limpieza de calles y espacios públicos”, pero que, en los hechos, tenía por fin -según la fiscalía- “hacerse del pago de recursos dinerarios del municipio por servicios que no serían prestados en las condiciones pactadas”.
Además, hay otros imputados: el exjefe de Licencias de Conducir, Hernán Matías Mostaccio, el director de Compras y Suministros, Mauricio Rafael Valle, el exsubsecretario de Políticas Sociales Osvaldo Alberto Oyhenart (quien ya tiene otra imputación), el exsecretario de Hacienda Carlos Nofal, el exdirector de Asuntos Legales Mauro Sebastián Homan y el exagente contratado Juan Pablo Pandolfi (yerno de Oyhenart); el exsubdirector de Contaduría Daniel Germán Herrera y una persona llamada Adrián Alejandro Pérez, alias “Moco”.
Según la Fiscalía, a partir del año 2021 y hasta el 2023, con el fin de “defraudar” al Municipio de Las Heras, el grupo de funcionarios mencionado con la participación necesaria de “Moco” Pérez, orquestaron mediante el “direccionamiento de las licitaciones públicas N° 1.112 - 1.127 y las contrataciones directas N° 3.086 y 3.101″, el empleo de una cooperativa de trabajo radicada en el Departamento de Las Heras para realizar limpieza de calles y espacios públicos, que en los hechos tenía por fin “hacerse del pago de recursos dinerarios del municipio por servicios que no serían prestados en las condiciones pactadas”.
Se habla de un fraude de $35,5 millones “que ingresaron a la cuenta bancaria de Banco Supervielle de titularidad de la Cooperativa de Trabajo Manos a la Obra Ltda, y que lejos de ser administrada por y en favor de los verdaderos integrantes de dicha cooperativa, fue utilizada y administrada por los sindicados en su favor y el de terceras personas”, completa la acusación.
Qué planteos debe resolver la Corte
En los planteos que están en la Suprema Corte, hay un recurso de casación “contra la resolución que dictó el Tribunal Penal Colegiado respecto de un pedido de nulidad del aboque y la excepción de especial pronunciamiento” que presentó Quintero.
Ante esto, aseguró que la Corte tiene que expedirse respecto del recurso de casación que presentó en esa causa “y queda todavía el Recurso Extraordinario Federal”, que prevé presentar a futuro.
“Si la Corte rechaza el recurso de casación y luego el Recurso Extraordinario Federal, que es lo que pasó en la causa por coacciones, ahí podrían citarla e imputar. Pero hay que respetar los plazos procesales”, señaló.
También agregó que la Corte tiene, por otro lado, una presentación de Acción Declarativa de Certeza, que tampoco ha resuelto, por el artículo 318; más otra acción de inconstitucionalidad por el pedido de desafuero que se realizó desde la fiscalía.
En este sentido, el mencionado artículo 318 del Código Procesal Penal Mendoza, establece que, “cuando no concurran las exigencias previstas en el Artículo 271, el Fiscal podrá igualmente llamar a una persona, sin imputarla, para interrogarla sobre los hechos investigados. Su declaración en tal caso será sólo informativa”.
