La Cámara Federal porteña confirmó la cautelar del juez Sebastián Casanello que le ordenó al Gobierno elaborar un plan de distribución inmediata de los alimentos almacenados para comedores populares y merenderos.
El tribunal de alzada avaló la decisión del magistrado de “encomendar al Ministerio de Capital Humano a que elabore un plan de distribución de dichos alimentos en atención a su tipo, cantidad, fecha de vencimiento y grupo de destino, previendo su ejecución de modo inmediato”.
Casanello había dado un plazo de 72 horas para elaborar ese plan, aunque el Gobierno no lo cumplió.
El tribunal señaló que en el expediente “se intenta establecer si los funcionarios públicos incurrieron en hechos delictivos al haber suspendido la entrega de alimentos a los comedores comunitarios”.
“Las leyes penales otorgan las herramientas preventivas concretas que el juez utilizó para intentar, o bien el cese de la comisión del hecho presuntamente delictivo que se investiga, o bien evitar que se agraven sus efectos”, reivindicó la Cámara la actuación de Casanello.
Desde el ministerio de Capital Humano habían apelado la medida con una acusación contra el magistrado y a quien acusaron de “violar la división de poderes, sobrepasar su jurisdicción y dictaminar sobre una política de Estado no justiciable”.
Ninguno de estos argumentos fueron convalidados por los camaristas, quienes dieron la razón a Casanello.
Piden sanciones contra Juan Grabois y Leila Gianni
Además de ratificar la medida del juez Casanello, la Cámara apuntó contra la funcionaria Leila Gianni y el dirigente social Juan Grabois, tras el enfrentamiento que protagonizaron al presentarse ante la Justicia.
Según trascendió, la Cámara Federal ordenó que el ministerio de Capital Humano evalúe la conducta de su subsecretaria de Legal, Leila Gianni, y el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF) la de Juan Grabois por su participación en la escandalosa audiencia que tuvieron ayer en el tribunal.
“Libramiento de oficios con copia del presente pronunciamiento al Colegio Público de Abogados de esta ciudad y al Ministerio de Capital Humano de la Nación a fin de que, en el marco de sus respectivas competencias disciplinarias, evalúen las conductas desplegadas por Juan Grabois y Leila Gianni en la audiencia celebrada ante esta Sala”, resolvió el tribunal.
