Una jueza del Juzgado Civil y Comercial de San Martín autorizó al municipio de Morón a incluir la tasa de alumbrado público en las facturas de los clientes de Edenor, a pesar de una reciente resolución del Gobierno Nacional que lo prohíbe.
La reciente decisión judicial contradice la Resolución 267/2024 de la Secretaría de Comercio y la disposición del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), que impiden cobrar tasas municipales en las boletas de servicios públicos.
El fallo fue emitido por la jueza Martina Isabel Fonz, quien hizo lugar a un amparo presentado por la Municipalidad de Morón, bajo el mando del intendente Lucas Ghi.
La jueza Fonz consideró que los argumentos esgrimidos por la administración de Morón, basados en un acuerdo con Edenor, están previstos en la Constitución de la provincia de Buenos Aires y, por eso, el municipio puede seguir cobrando la tasa de alumbrado.
En su resolución, Fonz subrayó que es “claro” que “los fondos recaudados por la aplicación de las citadas tasas son utilizados para sostener y mantener el alumbrado público y el servicio eléctrico brindado a las distintas instituciones y edificios municipales”, al igual que “el costo de las inspecciones efectuadas a las redes de circulación y suministro de gas natural, cuyo mantenimiento y buen estado resulta esencial dada su peligrosidad”.
A su vez, solicitó a la Secretaría de Comercio y al ENRE presentar un informe acerca de las condiciones de admisibilidad y procedencia de la medida implementada, con las constancias documentales que considere pertinentes.
Por su parte, la Resolución 267/2024 de la Secretaría de Comercio ordena en cambio que en las boletas o facturas emitidas por las empresas proveedoras de bienes y servicios “deberán referirse en forma única y exclusiva al bien o servicio contratado específicamente por el consumidor”.
Es decir, que no pueden incluir otros conceptos o cobros que no estén relacionados con lo que el cliente contrató, en este caso, una tasa municipal, informó Noticias Argentinas.
Entre los fundamentos de la medida el Gobierno estableció que de esta manera se tienen en cuenta los derechos del consumidor, entre los que se encuentran “la protección de su salud, seguridad e intereses económicos”, así como el derecho a recibir información clara y veraz sobre los productos y servicios que consumen.
