Este fin de semana termina la feria judicial de invierno y la Justicia deberá avanzar con la definición de una serie de causas originadas en el municipio de Las Heras.
Los fiscales iniciaron la investigación de distintas denuncias que tienen a esta comuna como eje. Algunas avanzaron y otras no. En total, hasta ahora, hay seis personas imputadas.
De todos modos son pocos los casos para los que corren plazos y uno de ellos tiene que ver con la denuncia por coacción contra la secretaria de Gobierno de Las Heras, Janina Ortiz.
Dirigentes de distintos partidos están siendo investigados por fiscales y el resultado puede determinar que se sienten en el banquillo ante un tribunal.
“Se quejan de que las causas no avanzan pero las pruebas que traen no llevan a ningún lado”, se le escuchó decir a un funcionario judicial en una oficina del Ministerio Público Fiscal luego de escuchar a la Secretaria de Gobierno de Las Heras, Janina Ortiz, quejarse semanas atrás sobre la “justicia selectiva”. La esperaba afuera personal de ese ministerio para avanzar con un allanamiento.
En dos meses, ocho denuncias
Daniel Orozco, el intendente de Las Heras, dejó Cambia Mendoza para integrarse a La Unión Mendocina, el frente opositor que lidera Omar De Marchi. Tiempo después empezaron a surgir un festival de causas con una amplia paleta de delitos que investiga la Justicia.
Uno de los primeros expedientes, a poco del portazo en los últimos días de abril, la inició la propia comuna que enfrentaba una interna fuerte por la salida de funcionarios y acusaciones cruzadas. El municipio se quedó un par de días sin sistema informático y todo apuntaba a ex funcionarios que habían sido despedidos.
El fiscal Santiago Garay, de Delitos Informáticos, investiga qué pasó y el 16 de junio envió un oficio a la empresa proveedora del sistema, porque la comuna había indicado que ellos debían responder. La firma contestó el 23 de junio que estaban abocados a responder el informe. Este aporte es fundamental para la investigación. Hasta el momento no hay información por parte de la empresa.
Los audios por WhatsApp han sido una marca registrada en la comuna del norte provincial. El 19 de mayo la pareja del intendente Daniel Orozco denunció al empleado municipal Nelson Darío Montenegro, alias “Taperola”, por haberla amenazado cuando se retiraba del Centro de Jubilados del Barrio Estación Espejo de El Plumerillo en una recorrida electoral.
“Porque voy a ir a la Municipalidad con toda la gente y la vamos a meter para adentro y vamos a hacer de todo, perro. Recién vino tu señora a hacer problemas acá a la delegación, al barrio, a prometer, no…”, dice la última parte del audio que le mandó Montenegro a Orozco luego de la recorrida de Ortiz. La Justicia imputó tanto al “Taperola” como a su pareja, de apellido Arce. El fiscal Tomás Guevara pidió la audiencia de acusación y allí todo podría resolverse si hay acuerdo entre las partes con un juicio abreviado. De lo contrario, irá a debate en el juicio y en caso de ser considerado culpable, se aplicará una pena. Ambos arriesgan una pena de entre seis meses y hasta dos años de prisión.
Otro audio involucra a Osvaldo Oyhenart, subsecretario de Políticas Sociales del municipio, y detonó cuatro investigaciones luego de escuchar el contenido de la conversación con una joven, camino a un hotel alojamiento. Allí se habla de cooperativas (donde está implicado su yerno), facturas y fondos públicos.
Este oscuro manejo lo investiga el fiscal de Delitos Económicos, Flavio D’Amore aunque aún no hay imputaciones y el funcionario sigue en su cargo municipal. El edificio de la comuna y el domicilio del funcionario fue allanado. Durante la feria se siguió investigando, llegaron informes y en los próximos días habría novedades aunque hay bastante hermetismo en torno a la documentación que se está analizando.
Una denuncia por abuso sexual tiene a un ex funcionario de Las Heras imputado. Franco Cortez, quien se desempeñaba como coordinador de Juventudes, actualmente tiene un presente laboral borroso que la comuna no precisa. Hasta el 30 de junio cumplió funciones gerenciales en la Secretaría de Gobierno a cargo de Ortiz.
Luego del receso se seguirá investigando la causa a fin de que el fiscal decida si archiva o pide que se eleve a juicio. La comuna había avanzado con un sumario administrativo contra la denunciante, pero luego dio marcha atrás.
Janina Ortiz, en la mira
El audio en el que una empleada graba a Oyhenart fue entregado a la Justicia. Hizo una fuerte acusación: aseguró que la secretaria de Gobierno, Janina Ortiz, la obligó a grabar a su amante y también que otra persona la intimidó a entregar el audio, con un “38 sobre la mesa”, en relación al arma de fuego. Se investiga el delito de coacción en la Fiscalía de Delitos No Especializados.
En la declaración de la empleada hay tres personas acusadas. Patricia Vivero, directora de Relaciones con la Comunidad de la Municipalidad de Las Heras y su hija Carolina Murúa, supervisora de Relaciones con la comunidad (su madre es también su jefa) fueron imputadas. En la misma causa se produjo una diferencia de criterios entre los fiscales: algunos consideraban que debían sumarse pruebas para definir si se imputaba a Janina Ortiz. Para la fiscal adjunta, Paula Quiroga, la imputación permite que corran los plazos y garantiza el derecho a defensa, de lo contrario, la persona queda “en un limbo”.
La abogada defensora de Ortiz, Elena Quintero, presentó un pedido de “excepción de falta de acción” entendiendo que, a su juicio, tampoco hay pruebas suficientes para imputar y pretende que la funcionaria lasherina brinde una declaración informativa antes de que el Ministerio Público Fiscal avance.
Este asunto debe resolverlo un juez o jueza de garantías que se determine en un sorteo hecho por la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) y sucederá en los próximos días. Si el magistrado o magistrada coincide con el pedido de la letrada, a Ortiz le tomarán declaración informativa, se acumularán más pruebas para definir la imputación o archivar la causa.
Otra causa que tiene como protagonista a Janina Ortiz es la que se abrió después de ser golpeada cerca de su casa en Guaymallén. Ya se dio con los presuntos agresores, ambos imputados y a la espera de que se resuelva la situación. En la Justicia encuentran ciertas contradicciones en los testimonios de testigos.
Ramiro Farina fue el conductor del vehículo que llevó al agresor, identificado como Francisco Guardia Reale más conocido como El Bahiano. El joven que se abstuvo de declarar estaba detenido desde el 28 de junio, días después de la agresión a Ortiz porque se había fugado de la unidad 14 de El Borbollón el 17 de julio del año pasado. Había sido puesto tras las rejas para cumplir una condena por homicidio agravado por el uso de arma en grado de tentativa.
En este expediente causó revuelo un chat que mostró el chofer de la funcionaria, identificado como Guido Molina. Sugirió que la agresión estuvo armada, de acuerdo a la conversación que mantuvo con un amigo. Esta arista, como las otras, deben ser investigadas por la justicia porque hay acusaciones de devolución de favores lo que oscurece aun más el hecho.
Tres causas que podrían ir a juicio
Paula Quiroga, Fiscal Adjunta en lo Penal en reemplazo de Gonzalo Nazar, tiene en su despacho tres expedientes sobre los que debe resolver si eleva a juicio o no, dado que por ley, cuando se trata de funcionarios públicos, se debe hacer la consulta.
Una de ellas es la de Francisco “Paco” Pérez, que investigó el fiscal Santiago Garay por la compra del departamento en las Torres Agustinas, en el coqueto Barrio Bombal en Godoy Cruz. El ex gobernador está imputado porque no podría haber justificado con sus ingresos dicha adquisición. Se realizaron una serie de pericias y ahora resta saber qué sucederá: si se eleva a juicio o no.
Otro peronista que está en una situación similar es Carlos López Puelles, ex intendente de Luján de Cuyo. No podría justificar importantes sumas de dinero y cheques, por lo que fue imputado en diciembre del 2021 y a más de un año y varios meses, podría ir a juicio si es que Quiroga así lo considera.
La tercera causa salpica al radicalismo por el escándalo de la “caja chica” de Vialidad Provincial que condujo Oscar Sandes. Corina Gallardo, ex empleada del organismo, falsificó la firma del ex funcionario según consta en la pericia caligráfica realizada y hay un faltante de millones de pesos. También espera conocer su destino que está en la lapicera de Quiroga.
