Esta semana, el Poder Judicial cerró en la Legislatura las presentaciones de las pautas de gastos que tienen proyectadas las distintas carteras del Estado para el año que viene. En las exposiciones del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa y Pupilar quedaron al descubierto las falencias de presupuesto que atraviesan y las diferencias entre las unidades organizativas de la Justicia.
El más perjudicado es el ministerio que maneja Mariana Silvestri que desde su creación en 2018 por ley quedó atado a funcionar con el 5 por ciento de lo recaudado en tasas judiciales. “La defensoría pública se creó con pocos recursos. No es un reclamo novedoso. Cuando baja la litigiosidad en los tribunales nos llegan menos fondos. En lo que va del año solo ha llegado el 60% de lo proyectado”, explicó la abogada.
Además, Silvestri remarcó que son el órgano con menos recursos humanos de la Justicia. “La Corte tiene 3500 empleados, el Ministerio Público Fiscal unos 1.500 y nosotros funcionamos con 292 personas en toda la provincia. Tenemos un solo contador y un auxiliar por eso para la parte administrativa dependemos de la Corte que nos da soporte”, dijo.
El Ministerio Público de la Defensa atiende a personas vulnerables que no tienen dinero para acceder a un abogado particular en causas de cualquier los fueros. “Nos aumenta la demanda cuando la sociedad se empobrece y hoy tenemos falencias de personal”, indicó.
También, explicó la necesidad que tienen en la dependencia judicial de contar con peritos y médicos criminalistas expertos porque actualmente con la oralidad necesitan generar presentar pruebas propias y solo cuentan con las del Ministerio Público Fiscal.
“No contamos con sistemas informáticos, estamos dependiendo de la información que el Ministerio Público Fiscal o que la Corte nos pueda brindar para que nuestros defensores puedan desarrollar la tarea de la mejor manera posible. Los peritos oficiales son los peritos del Ministerio Público Fiscal y es una parte del conflicto, es la parte que investiga, y no hay posibilidades en la defensa pública de poner un perito de control”, indicó.
En este punto, Silvestri remarcó que no se trata de ampliar la planta de personal, sino de tener la posibilidad de hacer contratos de locación eventuales para resolver los temas que se presenten. “Hemos tenido peritos ad honorem, algunos los hemos pagados con recursos propios y otros los ha pagado la Defensoría de la Nación. Esto genera una disparidad de posibilidades en la Justicia”, dijo.
Por su parte, el procurador de la Corte, Alejandro Gullé explicó que el Ministerio Público “no tiene interés en las causas” y que “su deber es colaborar con el resto” de la Justicia. En cuanto a su exposición en la Legislatura, insistió en ampliar la pauta de gastos para encarar proyectos y brindar un buen servicio de Justicia. “El sistema acusatorio que existe en nuestra provincia para que funcione bien necesita que el fiscal investigue, no el juez. El que busca pruebas y arma la instrucción de la causa es el fiscal porque no tenemos policía judicial”, dijo.
Además, indicó que para cumplir con sus tareas como corresponde se calculan tres fiscales por juez y en la actualidad hay un fiscal por cada magistrado. “Algunos tienen hasta seis audiencias diarias, no hay tiempo para investigar y esto hace que las causas de menor entidad se acumulen. En algunas fiscalías hay 30 mil causas acumuladas porque en pandemia hemos trabajado solo con detenidos”, detalló.
También comentó que entre los proyectos está el mejoramiento tecnológico e informático, y la incorporación de personal. “Es transversal a todas las unidades fiscales y a cualquier investigación. El Ministerio Público Fiscal es uno de los pocos que no cuenta con área de desarrollo de software propio”, señaló.
Por último, afirmó que “es fundamental poner en funcionamiento la oralidad en las cuatro circunscripciones judiciales” y que para ponerlas en funcionamiento “necesitan ayudantes fiscales”. También sostuvo la necesidad de implementar el turno vespertino en la segunda, tercera y cuarta circunscripción, que hoy están funcionando medio día. “Necesitamos que trabajen al menos en dos turnos, mañana y tarde. Para eso hemos pedido 58 cargos, entre los cuales están ayudantes fiscales, y 4 cargos de querellantes particulares”, añadió.
Gullé negó que se vaya hacia causas privadas
Durante la presentación, Gullé habló de buscarle una solución a la acumulación de causas y mencionó la conversión de las causas públicas en privadas. “Si la causa no es trascendente, se le avisa a la víctima que el Ministerio Fiscal no continuará con la investigación y le da la posibilidad de perseguir su causa. Si tiene un abogado particular, lo designa y sigue adelante como si fuera un fiscal, y si no lo tiene, se le comunica al Colegio de Abogados que sortee uno”, dijo.
