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hace 2 horas
La denuncia del Gobierno fue presentada el año pasado, pero recién se conoce públicamente ahora. La Dirección de Personas Jurídicas fue contra tres empresas constructoras mendocinas, Laugero Construcciones SA, Corporación del Sur SA y Aquapark SA, porque supuestamente habían falsificado certificados de “vigencia”, que emite esa repartición y que las empresas usan para diferentes trámites ante organismos públicos, entre ellos licitaciones.
La primera de las empresas es propiedad de Santiago Laugero, las otras dos son de Dalmiro Barbeito. Los dos empresarios fueron parte del grupo que motorizó una denuncia por supuestas irregularidades en la licitación del acueducto Monte Comán-La Horqueta. Esa denuncia hizo que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), retirara el financiamiento de esa obra.
Los protagonistas de la historia se reciclan. En 2019, el director de Personas Jurídicas, Sebastián Soneira, hizo la presentación que se transformó en la causa P.740.387/19, que investiga la fiscal Susana Muscianisi.
De acuerdo a la presentación de Soneira, las empresas se presentaron en una licitación en Córdoba e incluyeron sus certificados de vigencia, en la que constan datos certificados por Personas Jurídicas sobre autoridades y presentación de balances de las empresas.
Según la denuncia, el 11 de julio de 2019, Personas Jurídicas pidió al Gobierno de Córdoba copia autenticada de la documentación presentada por las dos empresas que supuestamente hubiera emitido la propia dirección que conduce Soneira.
Esas copias llegaron siete días después. Allí surgió que los certificados de vigencia presentados por las empresas mendocinas no habían sido emitidos por Personas Jurídicas.
El estado de esa denuncia no se conoce. Pero sí empezó a conocerse su existencia en los últimos días. Barbeito dijo a Los Andes que ni él ni Laugero están imputados de nada. “Necesitábamos la vigencia en carácter de urgente y en Personas Jurídicas nos dijeron que el trámite demoraba 10 días. Apareció un gestor y nos dijo que lo conseguía en 24 horas; lo contratamos y al otro día trajo todo, con sellos y papel membretado”, relató.
El empresario dijo que fueron citados a declarar en calidad de testigos y que no tiene más información acerca del estado de esa causa.
Cabe recordar que a mediados de julio de este año se conoció que el BID retiraba el financiamiento del acueducto Monte Comán-La Horqueta, justamente por denuncias de Laugero Construcciones SA y Corporación del Sur SA; ambas empresas se habían presentado a la licitación conformando una Unión Transitoria de Empresas (UTE), haciendo la oferta más barata por la obra 518 millones de pesos. La UTE ganadora fue la conformada por Ceosa y Obras Andinas por 569 millones.
“El que paró la adjudicación fui yo porque habían ingresado las denuncias en Fiscalía de Estado. La paré a pesar de que yo tenía en mis manos la ‘no objeción’ a la preadjudicación que había hecho la comisión en la que intervienen profesionales con amplia trayectoria en Irrigación”, explicó el titular de Irrigación, Sergio Marinelli en aquellos días.
“El BID tiene políticas de confidencialidad y reaccionó retirando el financiamiento para la obra cuando interpretó que esa confidencialidad se rompió, por culpa de las empresas, en todo caso”, cerró Marinelli.
