La intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis, ordenó el reintegro de parte de los haberes percibidos durante 2019 por funcionarios de la anterior gestión radical, al considerar que se trató de una liquidación irregular. La medida alcanza a 74 integrantes del gabinete de la ex jefa comunal Norma Trigo -ella incluida-, quienes deberán devolver al municipio $7,4 millones, en total.
La disposición se dio a través del Decreto Municipal Nº 1044, firmado por la actual intendenta peronista el 17 de agosto pasado y publicado este lunes en el Boletín Oficial. Allí se decreta el reintegro de las sumas percibidas por ex funcionarios municipales correspondientes al Código 085 “Responsabilidad Funcional” y retroactivos del mismo, ítem que había sido creado durante la administración de Trigo.
Asimismo, se acompaña un anexo en el que se individualiza a los 74 agentes que deberán devolver parte de los haberes percibidos entre marzo y diciembre de 2019 y se especifica los montos que tendrá que reintegrar cada uno.
Entre las personas alcanzadas por la medida figura la ex intendenta radical Norma Trigo, quien tiene que devolver $183.680,94, y también los secretarios, directores y otros cargos que se desempeñaron durante su gestión hasta diciembre de 2019. En total, el reembolso que deben realizar los ex funcionarios santarrosinos asciende a $7.458.906,28.
Por otra parte, el decreto municipal determina que “en caso de incumplimiento del pago reclamado, capital y de los intereses reclamados extrajudicialmente, se ordena iniciar la acción legal judicialmente”.
El reclamo por los haberes mal liquidados se remonta al inicio de la gestión de Destéfanis. En enero de 2020, la recientemente asumida intendenta denunció ante la Fiscalía de Estado a su predecesora radical por haber pagado “sobresueldos” a su gabinete.
“A través de una auditoría interna accedimos a información y nos encontramos con tres decretos, uno que es el 626 por el cual la intendenta Norma Trigo creó un código de responsabilidad funcional que significa que un 20% de sus haberes lo iba a cobrar tanto ella como los miembros del poder ejecutivo”, manifestó en esa oportunidad la dirigente justicialista.
Explicó que posteriormente Trigo dictó el decreto 633 que estableció quiénes eran los funcionarios y empleados de planta con que cobrarían ese plus salarial. En este sentido, advirtió que ese incremento se hizo por decreto y en ningún momento fue refrendado por el Honorable Concejo Deliberante o fijado a través de una ordenanza, como exige la Ley 5.832, que regula las remuneraciones de autoridades municipales.
En su defensa, la dirigente de la UCR argumentó que el código “Responsabilidad Funcional” fue otorgado al personal del Departamento Ejecutivo “dado que desde el año 2015 el personal ejecutivo de la Municipalidad percibía haberes inferiores a los del Honorable Concejo Deliberante debido a que el Ex intendente Sergio Salgado disminuyó sus haberes y los del personal ejecutivo (exceptuándose los del Concejo Deliberante) en una medida demagógica sin norma legal correspondiente, y que terminó afectando el derecho de propiedad de los funcionarios”.
No obstante, la Fiscalía de Estado dictaminó en marzo del 2020 que los decretos cuestionados se encontraban “viciados grave o groseramente” por lo que devinieron en “nulos o en inexistentes”. En este sentido consideró que se debía implementar “acciones tendientes al recupero de los montos ilegítimamente abonados a los agentes”.
Es así que la Destéfanis firmó el Decreto Municipal Nº 758 en junio del 2020 declarando la inexistencia de los decretos firmados por Trigo “por padecer de vicios groseros insubsanables con posterioridad”.
La ex jefa comunal radical presentó una revocatoria contra esa norma que fue desestimada y una posterior apelación ante el Concejo Deliberante que rechazó el recurso.
Si bien el caso por las irregularidades de este ítem se encuentra judicializado, la actual intendenta ordenó realizar el reclamo extrajudicial a cada agente individualizado en el anexo del decreto publicado este lunes en el Boletín Oficial, para que reintegren los montos que allí se especifica.
En tanto, se advierte que “en caso de incumplimiento del pago reclamado y de los intereses reclamados extrajudicialmente, se ordena iniciar la acción legal judicialmente, conforme al Art. 153 y 156, de la Ley 1.079, como así también Art. 1 de la Ley 9.041”.
Norma Trigo se hizo cargo de la Intendencia de Santa Rosa en 2016 tras la renuncia del ex jefe comunal peronista Sergio Salgado, implicado en un escándalo de corrupción que terminó llevándolo a prisión.
La dirigente radical fue electa a comienzos del 2017 como intendenta y en 2019 fue por la reelección, pero perdió en las urnas ante Flor Destéfanis. Ahora Trigo encabeza la lista de concejales de Cambia Mendoza para las elecciones generales del 14 de noviembre.
