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hace 5 horas
La Sala II de la Suprema Corte de Justicia volvió a evidenciar la grieta judicial, al aceptar en disidencia las medidas cautelares que presentaron la ex secretaria de Jorge Nanclares, Elizabeth Carbajal, y el resto de los equiparados a magistrados, a quienes la Legislatura había aprobado bajarles sus salarios tras un proyecto presentado por el gobernador Rodolfo Suárez.
Si bien Omar Palermo y Mario Adaro aceptaron la medida cautelar que presentó Carbajal, el caso testigo de los altísimos salarios que tenían los equiparados a magistrados (de más de $ 400.000 al mes); el otro juez de la Sala, José Valerio, votó en disidencia, lo que muestra a las claras las diferencias entre el ala peronista y el ala radical de la Suprema Corte.
El fallo expresa concretamente, ante el reclamo presentado por Carbajal, que se hace lugar a la pretensión cautelar de la accionante, pero también ordena al Poder Ejecutivo “que se abstenga de emitir acto o medida que de modo alguno altere la actual situación de revista o el modo en que se liquidan y abonan los haberes de la accionante hasta tanto se dicte sentencia definitiva en estos autos”.
Si bien la cautelar no toma a todos los accionantes, ya son varios los que salieron a favor en todos los casos de los –por ahora- ex equiparados a magistrados, como por ejemplo Eleonora Lamm, María Milagros Noli, Cristobal Javier López, Romina Cucchi, Beatriz Chaves, Sandra Canese, Gerardo Gonzalez, Jorge Frigerio, Mario Gabriele, Alfredo Clavel, Javier Salinas Diaz, Alberto Tonelli, Jorge Rubio, Gustavo Daniel Abaca, Hugo Correas, Silvina Cataldo, Mariano Jesús Cano, Beatriz Naves y Mónica González.
El pedido de los equiparados
Según explicaron los abogados de los otros 21 equiparados que reclamaron, se presentaron dos acciones ante la Corte: una declaración de certeza y un pedido de inconstitucionalidad. También una medida cautelar para que sigan cobrando la totalidad de sus sueldos hasta que la Corte resuelva las dos acciones anteriores. “La cautelar es para que no se altere la situación de quienes han accionado por la urgencia que reviste la misma”, explicó la abogada Guadalupe Simone Cajal.
“Presentamos una acción declarativa de certeza porque la ley no es clara y las exposiciones de los legisladores durante la sesión tampoco lo son. El texto genera mucha incertidumbre, no se entiende si las excepciones son independientes o complementarias”, agregó su colega Ernesto Bustelo.
“En una provincia como Mendoza, que se jacta de ser muy sólida en las instituciones, las leyes deben ser efectivas hacia adelante, no hacia atrás. Una ley no puede sacar de un cargo o dar marcha atrás 12 años a una persona en su carrera. La Legislatura no puede privar de su derecho a un puñado de personas”, sentenció.
