En la previa de la audiencia pública de Gustavo Riera, actual secretario relator del Tribunal de Cuentas y que fue propuesto por el gobernador Alfredo Cornejo para suceder a Francisco Angelini como vocal en el Tribunal de Cuentas (quien dejará el cargo a fin de año), una denuncia del Partido Demócrata (PD) levantó la temperatura en el ente de control.
El senador Armando Magistretti realizó una presentación este lunes al titular de la comisión del Jury de Enjuiciamiento, Dalmiro Garay, para solicitar que se abra una investigación contra las cinco máximas autoridades del Tribunal de Cuentas por presuntas irregularidades al resolver una causa entre la comuna de San Rafael y una empresa constructora.
La respuesta no tardó en llegar, ya que desde el organismo de control aseguraron en primer lugar que han querido “embarrar la cancha” con la audiencia de Riera, sostuvieron que no hubo “ningún tipo de irregularidad”, defendieron el accionar de todo el Tribunal -sobre todo el de Riera- y calificaron de “burrada” la presentación del legislador.
Pero además de esto, se suma un pedido del Partido Justicialista, que planteó “dudas” sobre la legalidad del pliego de Riera; y solicitaron que se postergue todo el proceso administrativo hasta que se concrete la vacante del cargo, que será recién en enero que viene.
Desde el oficialismo en la Legislatura también salieron a contestar al peronismo, al sostener en primer lugar que Riera cumple con las condiciones para ser propuesto como vocal del Tribunal; y que además “la vacante existe desde el momento que se presentó la renuncia y fue aceptada por el Gobernador”.
En este sentido, acotaron que “lo único que intentan es sembrar dudas en un proceso que es lícito. Ponen palos en las ruedas y no pretenden discutir el pliego”.
Denuncia demócrata
Según la presentación demócrata, hubo “mal desempeño en sus funciones” tanto del presidente del Tribunal de Cuentas, Néstor Parés; como así también de los cuatro vocales (Francisco Angelini, Héctor Caputto, Ricardo Pettignano y Liliana Muñoz de Lázzaro), al no emplazar al pago de intereses por un pago indebido que hizo la comuna de San Rafael a la empresa Nihuil Construcciones por una obra, lo que generó en concreto un “perjuicio” al municipio.
Magistretti expresó a Los Andes que en 2021 la comuna llamó a licitación para la construcción de una plaza por unos $6 millones “y manifestó en el pliego de condiciones que no reconocería mayores costos”.
En este sentido, agregó que “la licitación se adjudicó a Nihuil Construcciones y la misma terminó sin problemas. Sin embargo, en 2022, la empresa se presentó ante la Municipalidad, le exigió el pago de mayores costos por $2,3 millones, y la Municipalidad se lo abonó. Ahí empezó el problema, porque no se pagaron intereses”, relató Magistretti.
El caso llegó al Tribunal de Cuentas, que “observó” las cuentas del 2022 de San Rafael, sobre todo por este pago “indebido” que hizo la comuna. No obstante, agregó Magistretti que “mágicamente” apareció la empresa “que devolvió la misma plata que recibió de más, pero sin tener en cuenta la inflación y los intereses”.
Magistretti sostuvo que “la Municipalidad pagó los $2,3 millones que exigía la empresa en junio del 2022; y recibió los mismos $2,3 millones en marzo del 2024, sin ningún tipo de intereses. El Tribunal dijo que persistía el mal procedimiento administrativo, le cobró una multa al funcionario pero no delimitó que se cobrara el cargo, es decir, que se haga responsable de ese pago o de los perjuicios que le ocasionaron a la comuna”, añadió.
De esta forma, para Magistretti hubo un “error inexcusable” del Tribunal “al considerar que la empresa devolvió la plata y, por lo tanto, no hubo perjuicio para la hacienda pública, cuando está claro que sí la hubo”.
De hecho, según cálculos del senador, la comuna debería haber recibido unos $14 millones “calculados por UVA del Banco Nación”; y la empresa abonó “por insistencia de la Fiscalía de Estado”, unos $5 millones, según la tasa activa del Banco Nación.
Para el senador, hubo “arbitrariedad” en el pleno del Tribunal de Cuentas, ya que el fallo que daba por saldada la deuda de la empresa a la comuna de San Rafael fue suscripto “de forma unánime por todos”.
“La ley orgánica del Tribunal de Cuentas, que es la 9.292, en el artículo 71 establece que cuando el Tribunal de Cuentas exige la devolución al cuentadatante, le tiene que cobrar interés desde el momento que se produce el hecho hasta el momento que lo devuelve”, sostuvo, e insistió que esto “no ocurrió porque dio por saldada la cuenta con la devolución”.
Además, agregó que si no hubiese realizado la presentación a Fiscalía de Estado, que dictaminó a su favor, “San Rafael no habría recibido el dinero de los intereses”.
Como dato importante, Magistretti no sólo se centró en Parés y los cuatro vocales del Tribunal de Cuentas, sino que además sostuvo que el fallo firmado “fue en base a un dictamen de la Secretaría Relatora, a cargo de Gustavo Riera, hoy propuesto por el gobernador Alfredo Cornejo para ser vocal de Tribunal” (en reemplazo de Angelini, quien se va de su cargo en diciembre).
De esta forma, elevó la polémica generada en torno al dirigente del Tribunal, cuya audiencia pública se realizará este miércoles. Es más, en su escrito, Magistretti también acusó a Riera de emitir un dictamen “arbitrario”.
Defensa del Tribunal
Desde el Tribunal de Cuentas contestaron a Magistretti y sostuvieron que se siguieron “todos los caminos procesales” respecto a este tema. Aseguraron además que la dirección de Municipalidades del Tribunal fue la que emplazó al municipio para que resolviera la sitaución con el cobro de los intereses que debía abonar la empresa.
Pero además señalaron -a diferencia de lo que dijo Magistretti- que fue el propio Riera “quien aconsejó que se formularan cargos” para los funcionarios que realizaron el pago indebido a la empresa.
“Finalmente se decidió liberar de cargos porque el municipio había informado el cobro del dinero por parte de la empresa. Ese fallo fue en abril; y un mes más tarde, el 8 de mayo, la dirección de Municipalidades del Tribunal de Cuentas emplazó al municipio a recuperar el dinero de los intereses. Son movimientos procesales que debemos respetar”, expresaron.
Además, agregaron que tras el fallo, “se avisó a la directora de municipalidades a los días del fallo que se pagó fuera de término y que se debía emplazar al municipio.
Por otro lado, marcaron otra crítica a Magistretti, sobre el artículo 71 de la ley 9.292 y señalaron que “no hubo una retención indebida como establece la ley, sino que se cobró mal”.
Por esto, aseguraron que está todo “saneado” y que “no hubo daños para el erario público”.
El Tribunal de Cuentas además emitió este martes un comunicado oficial en el que señala haber actuado “conforme a la ley, respetando todos los procedimientos legales en el juicio de cuentas”. Y agrega: “la situación planteada por el denunciante no tiene fundamento legal.
También aclara el comunicado que la imputación directa a Riera “es incorrecta, ya que él no dictaminó en la ampliación que da por subsanado el daño”.
Las dudas del PJ
Por otro lado, desde el peronismo, si bien no se expresaron respecto a este tema, plantearon “dudas” sobre la legalidad de los tiempos en los que se envió el pliego para designar al vocal en el Tribunal de Cuentas.
“Le hemos pedido a la Vicegobernación dictamine con certeza si resulta legal y razonable considerar el Pliego del Dr. Gustavo Riera como Vocal del Tribunal de Cuentas de la Administración Pública, para ser tratados antes de que se produzca la vacante, es decir enero del 2025, es decir sin previsión legal de origen”, señalaron los legisladores.
Remarcaron que “la elevación fue realizada antes de tiempo, al no estar la vacante correspondiente al momento del tratamiento de dicho expediente y por lo tanto, no poder desarrollar el procedimiento de acuerdo, hasta tanto se haga efectiva” la salida del actual vocal.
En tanto, y tal como se mencionó, desde el radicalismo sostuvieron que el PJ “sólo siembra dudas”, que el proceso “es legal” y que “cumple con todo el reglamento que establece la ley”.
