Un escribano declaró este jueves que la abogada del ex presidente Alberto Fernández llevó a su escribanía a las empleadas de la Quinta de Olivos para declarar y “preconstituir” una prueba a favor del acusado.
Ahora, la defensa del expresidente pidió que se requiera al presidente Javier Milei relevar del deber de “confidencialidad” a las empleadas de la Quinta de Olivos.
La abogada de Fernández, Silvina Carreira, pidió al fiscal de la causa que investiga al ex presidente por violencia de género que solicite a Milei que releve a las empleadas de la Quinta de Olivos de su obligación de guardar confidencialidad, según un escrito incorporado a la causa penal y al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.
Lo hizo luego de que la querella de Fabiola Yañez objetara la primera de las declaraciones de una de estas empleadas, hecha la semana pasada y en la que la testigo reconoció que firmó un acuerdo de confidencialidad al comenzar a trabajar en Olivos, sin que haya quedado claro si se la relevó del mismo.
Ante ello, la fiscalía suspendió ayer las declaraciones de otra de las testigos previstas y citó en cambio, y de manera urgente, al escribano Lisandro Barga, quien había tomado esas declaraciones de manera privada y labrado un acta notarial con cada una de ellas.
Barga se presentó por la mañana en Comodoro Py 2002 y explicó que sólo hizo su trabajo, que conoció al ex presidente luego de las declaraciones en la escribanía y que cada una de las mujeres llegó acompañada por la abogada del ex presidente, quien le pagó los honorarios.
Explicó que no se habló de “confidencialidad” y que todas mostraron “un cariño especial” hacia el ex mandatario, informó la Agencia Noticias Argentinas.
Ante el fiscal remarcó que “nadie” le dijo nada ni le avisó “de la existencia de convenios de confidencialidad” y agregó que las personas que declararon en su escribanía “mostraron un cariño especial por Alberto Fernández”, por lo que el ex mandatario buscó “preconstituir” una prueba a su favor.
El escribano explicó que en su rol “no da fe de la veracidad” de los dichos sino que su labor es dar autenticidad sólo de la “manifestación, no el contenido”.
La fiscalía abrió un legajo paralelo para establecer si quienes declararon en su rol de empleadas o ex empleadas de Olivos violaron este deber de confidencialidad.
En ese sentido, y una vez que la abogada de la querella, Mariana Gallego, objetara las declaraciones por este punto, la defensa de Fernández presentó un escrito para que la fiscalía requiera a Milei que se levante “urgente” la norma de confidencialidad.
Una de ellas ya declaró en tribunales y restan tres testigos que por el momento están suspendidas: Amalia Moreno, Karina González y Noelia Gómez.
En el escrito que presentó la abogada de Yañez se cuestionó la legalidad de las testimoniales de las actuales y ex empleadas de la residencia presidencial porque no se las relevó de su deber de guardar confidencialidad.
