La votación en la Cámara de Diputados que consolidó el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Educativo tuvo repercusiones de todo tipo. No sólo dirigentes salieron a desmarcarse de la gestión libertaria, sino que en las universidades se ejecutan medidas.
En Mendoza, de los diez diputados nacionales, sólo tres acompañaron al Presidente y son quienes integran el bloque de La Libertad Avanza en la Cámara Baja: Mercedes Llano (PD), Facundo Correa Llano (LLA) y Álvaro Martínez (LUM). Sobre ellos recae una decisión de la Universidad Nacional de Cuyo.
En las distintas universidades del país tomaron de muy mala manera la votación en el Congreso. Hay tomas en facultades y se esperan movilizaciones estudiantiles repudiando la decisión presidencial de no avalar aumentos por ley.
El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Cuyo, en su sesión de ayer, había dispuesto declarar personas “non grata” a los diputados y diputadas nacionales que no acompañaran la insistencia de la Ley de Financiamiento Educativo. No se llegó a los dos tercios necesarios y fracasó.
Al momento de la sesión en la Ciudad Universitaria, la votación en el Congreso aun no ocurría, por lo que no se focalizó en una lista de nombres. Sólo que una vez concluido el conteo, quedaron bajo la mira Llano, Correa Llano y Martínez, los tres diputados nacionales libertarios.
Julio Cobos, Pamela Verasay y Lisandro Nieri (UCR), junto a Adolfo Bermejo, Martín Aveiro y Liliana Paponet (Unión por la Patria) además de la ex libertaria Lourdes Arrieta (Las Fuerzas del Cielo) rechazaron el veto presidencial.
En la sesión del Consejo Superior, a pedido de la consejera Itati Cruciani (No Docentes), decidió declarar persona non grata a los legisladores que voten a favor del veto presidencial de la Ley de Financiamiento Universitario. La resolución estará disponible en las próximas horas y allí se conocerán detalles más específicos.
Ante la consulta de Los Andes sobre esta decisión de la UNCuyo, Facundo Correa Llano (La Libertad Avanza) quien egresó de Ciencias Económicas, indicó que “la educación no se negocia, se defiende con hechos y transparencia”.
“El Gobierno reafirma su compromiso con las Universidades Nacionales, al igual que con la defensa del esfuerzo que cada uno de los argentinos viene realizando desde diciembre para alcanzar el déficit cero, reducir la inflación y recuperar la prosperidad económica”, agregó.
En sentido, enfatizó en que no habrá marcha atrás y apuntó a las auditorías: “La transparencia no es una opción, es una obligación. Nuestro compromiso es con los estudiantes, con los docentes y con todos los argentinos que creen en una educación pública de calidad”.
“No permitiremos que las universidades se conviertan en campo de batalla de disputas políticas, mientras nosotros seguimos garantizando que los profesores estén frente a sus alumnos y que la educación avance”, expresó.
Álvaro Martínez (La Unión Mendocina) también opinó de la decisión de la casa de Altos Estudios que lo involucra, aunque se graduó como abogado en la Universidad de Congreso. “Sinceramente me sorprende que una universidad no acepte la diversidad de pensamiento, una casa de altos estudios debería inculcar la variedad de pensamientos y defender las instituciones, no atacar ni perseguir a quienes pensamos distinto”.
El caso de Llano y un duro comunicado
Mercedes Llano, Licenciada en Ciencia Política y Administración Pública egresada de la UNCuyo generó más rechazo porque además de haberse formado allí, es además docente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
Las versiones internas hablaban de un caso inédito porque nunca un docente fue declarado persona non grata. Por lo tanto, no hay antecedentes sobre qué debe hacerse ante un caso como este. Hubo muchas reuniones ayer por la tarde entre autoridades y agrupaciones. Seguirán hoy.
Se evalúa el alcance que puede tener la resolución del Consejo Superior, una vez que sea difundida. Hasta tanto no ocurra, difícilmente haya declaraciones por parte de las autoridades.
Estudiantes de distinto color político evaluaban medidas para dar a conocer su posición. No debería causar sorpresas si hay carteles con la cara de la diputada nacional por los pasillos de la Facultad. La legisladora es profesora adjunta (ingresó por concurso) en la cátedra Administración de los Recursos Humanos de la carrera de Ciencia Política y Administración Pública y da clases los viernes.
Anoticiada por la decisión del Consejo Superior, el Partido Demócrata al cual pertenece la diputada nacional, emitió un comunicado en el que cuestiona duramente al radicalismo.
“Manifestamos nuestro total repudio a la resolución del Consejo Superior de la UNCUYO mediante la cual declaran como persona no grata a la Diputada Nacional por el Partido Demócrata Mercedes Llano, entre otros legisladores, por el hecho de expresar libre y responsablemente su posición sobre el financiamiento de Universidad pública a través de su voto en la Cámara de Diputados de la Nación”, se lee en los primeros párrafos del texto.
Para el partido que preside Armando Magistretti, “dicha actitud no hace otra cosa que dejar en evidencia el accionar intolerante y autoritario del Consejo, prominentemente radical, producto de la partidización a la que se encuentra sometida la UNCUYO, pretendiendo aleccionar y acallar al que piensa distinto”.
“Levantemos aún más nuestra voz en la defensa genuina de la universidad pública, sin mezquindades partidarias, erigiéndola en un templo de la diversidad democrática y de la libre expresión de las ideas. Castigar y sancionar a quienes piensan diferente demuestra una vocación autoritaria contraria totalmente a la filosofía de la libertad que impregna a nuestra Constitución y que con ahínco defendimos los propulsores de la creación de la UNCUYO”, dice otro de los párrafos del comunicado.
Finalmente, recuerdan que “a este acto de intolerancia se agregan los hechos de vandalismo perpetrados contra nuestra sede partidaria, cabal muestra del fascismo imperante. Desde el Partido Demócrata exhortamos a las autoridades de las UNCUYO a preservar la integridad de los diputados nacionales y las responsabilizamos ante cualquier acto de incitación de violencia hacia ellos”, concluyen.
