Los legisladores conocieron recientemente los principales lineamientos que la Suprema Corte de Justicia tiene proyectados para el año 2025, en el marco de la partida presupuestaria que le aprobó el Poder Ejecutivo para la Ley de Leyes. Entre ellos se encuentra la concreción de un nuevo convenio colectivo de trabajo, que ya se elabora junto a los gremios judiciales.
El presidente del máximo tribunal, Dalmiro Garay, señaló en la Legislatura que se han llevado cuatro reuniones con las asociaciones de Empleados y Funcionarios Judiciales, respectivamente. Además, aseguró que “ya están formadas las comisiones que se han dividido de trabajo, por cuatro segmentos, dentro del convenio”.
El objetivo de la Corte es concluirlo en el primer semestre de 2025, aunque el trámite podría demorarse hasta septiembre, advierten desde la parte gremial.
“Hemos hecho el primer relevamiento de información, porque lo primero es saber dónde estamos en materia de escalafón y de personal. Eso se ha aportado desde Recursos Humanos”, señaló Garay. Se trató de una encuesta anónima para empleados y funcionarios de la Corte, Ministerio Público Fiscal y Defensa, para saber qué se debe mejorar en el nuevo convenio.
“Ahora estamos trabajando en las comisiones que se van a formar por segmento, vinculada al escalafón, regulación de derechos y obligaciones, también vamos a dividir entre empleados y funcionarios para después juntar todo el trabajo”, agregó el ministro de la Corte.
Garay explicó que la Ley 4322, que establece el régimen de remuneraciones del Poder Judicial y otras dependencias públicas, “es muy vieja y regula una estructura propia de la década del 50 en los tribunales”.
“Entonces lo que nosotros aspiramos en este convenio colectivo es a discutir con los empleados, cómo vamos a encarar el trabajo del Poder Judicial en los 20 años que vienen, teniendo en cuenta que el punto de partida es muy distinto al que hace 50 años”, indicó.
Garay explicó, entonces, que tienen la expectativa de “trabajar un esquema de clase con adicionales, que permitan mayor movilidad dentro del Poder Judicial y que se detecten las capacidades de cada uno de los empleados y puedan ser asignadas a los lugares que hoy el Poder Judicial está necesitando”.
“Hoy tenemos mucho requerimiento de personas que conozcan de tecnología. De hecho, el ingreso por concurso que tuvimos el año pasado, creo que hemos nombrado a 140 ingresantes en vacantes. Y para sorpresa, son jóvenes y están andando muy bien en los tribunales, precisamente porque entienden de la tecnología y de la innovación”, apuntó.
Entonces, desde la Corte apuntan a “mejorar la forma de asignar recursos y que haya un flujo de trabajo que permita mover gente dentro de los tribunales, que hoy no se puede”.
“Obviamente, también ver cómo se remunera mejor la tarea de ellos, incluso lo hemos empezado a discutir. Ya ha pasado con un adicional en el Ministerio Público Fiscal y como todo es informático, podemos empezar a generar algunos pocos adicionales por productividad. Porque en el sector público también se puede hacer productividad, no solo en el sector privado. Y de esa manera se puede trabajar mejor por el trabajo que se hace diariamente”, advirtió el juez supremo.
Y afirmó que se pusieron como “meta” elaborarlo en los primeros 6 meses del próximo año. “Vamos a ver si la podemos cumplir, de todos modos, está la voluntad de hacerlo”, completó.
Expectativas disímiles en los gremios
El nuevo CCT del Poder Judicial fue uno de los reclamos centrales que mantuvieron los gremios, en medio del fuerte conflicto salarial que sucedió entre los meses de mayo y junio. Significó una llave importante para frenar una seguidilla de medidas de fuerza y normalizar el servicio de justicia, desde julio.
En ese momento se acordó que el trabajo en conjunto por el nuevo convenio, marchará por vías paralelas a las negociaciones salariales que surjan en el medio, independientemente de sus resultados.
La primera prueba de esto se conoció en la última mesa paritaria, dónde empleados aceptó la oferta salarial del Gobierno y funcionarios no, pero no incidió en el tratamiento del convenio, aseguraron desde el gremio que conduce Marcelo Fekonja a Los Andes.
“Estamos trabajando fuertemente en el CCT, eso fue un pedido nuestro. Cuando terminamos el conflicto anterior fue en base a la creación del convenio colectivo, no específicamente por el conflicto salarial que se destrabó”, comentó Ricardo Babillón, secretario general de Empleados, a este medio.
Y aseguró que “la idea es sacarlo en 6 meses, pero se firmó un plazo máximo de trabajo de un año. Es decir, que en los primeros días de septiembre debería estar listo, si no llegamos en seis meses”.
En este gremio se mostraron muy expectantes: “Hasta ahora venimos prolijos, trabajando en el convenio. Incluso hemos formado nuestras propias comisiones para avanzar en ese sentido, desde hace dos meses. Venimos trabajando en lo que es reorganización de personal, la estructura de carrera, salarial, licencias, responsabilidades y obligaciones”.
“Hay algunos temas que no están en comisiones pero atraviesan a todos como es la aplicación de la Inteligencia Artificial. Nosotros estamos empezando, pero en otros países ya lo tienen más avanzado, como es el caso de Brasil. Hoy pensar cualquier organización sin IA, es quedarse fuera del mundo”, señaló Babillon.
Y dijo que es necesario “redefinir las actividades que va a llevar cada empleado y luego, definir la categoría y lo que va a implicar salarialmente. Hay que recrear una nueva pirámide salarial”.
Por el lado de funcionarios no fueron tan optimistas. Fekonja señaló que ellos aún no conforman sus comisiones porque “todavía no tenemos la cantidad de personas que nos autorizarían las tres unidades organizativas”.
“Vamos a necesitar crédito horario para que la gente se siente a estudiar y trabajar por todos los estamentos de nuestra organización. La Corte todavía no nos ha respondido”, apuntó y descartó que se logre acordar en el primer semestre.
“El nuevo convenio colectivo que se quiere acordar tiene que tener un eje fundamental, que es una recomposición salarial explícita porque si bien se busca modificar el escalafón, esto tiene que traer aparejado a mayores responsabilidades que se les están otorgando en la actualidad, una mejor remuneración de los funcionarios”, reclamó Fekonja.
“Nosotros hemos dicho que necesitamos la venia de todos los ministros de la Corte, que esto indefectiblemente tienen que negociar con el Ejecutivo, que el nuevo escalafón debe ir acompañado con una nueva escala salarial. Es el compromiso que le hemos pedido a la Corte, al Ministerio Público Fiscal y a la Defensa”, completó.
Por otro lado, afirmó que funcionarios espera una nueva “citación” por parte del Poder Ejecutivo, tras haber rechazado la última propuesta salarial y se encaminen a recibir un aumento por decreto.
“Nosotros planteamos que el incremento en cuanto porcentual que se le ha asignado, en lo sectorial a Funcionarios, sigue siendo inferior que lo ofrecido a otras entidades gremiales. Ahí se sitúa el eje de discusión”, apuntó Fekonja.
Y confirmó que esta puerta de conflicto no incidirá en la discusión del CCT: “Hicimos un acuerdo en que el convenio iba a transitar una vía distinta, sin perjuicio de los reclamos que nosotros pudiéramos llevar adelante por el tema de la paritaria”.
