La Corte Suprema de Justicia aclaró que estudiará el reclamo que elevaron los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, a quienes este miércoles el kirchnerismo removerá de sus cargos en Comodoro Py por considerar que sus traslados se realizaron sin el acuerdo del Senado. Son los jueces que ratificaron procesamientos contra Cristina Kirchner en causas de corrupción.
Horas antes del debate en el Senado, donde el Frente de Todos aprobará el dictamen para desplazar a los magistrados, el máximo tribunal de Justicia se pronunció para señalar que estudiará el caso, aunque sin la urgencia que Bruglia y Bertuzzi solicitaron.
Según supo este medio, los magistrados recibieron las novedades sin demasiado entusiasmo porque consideraron que la Corte aún se maneja con ambigüedad frente a una cuestión que, alertan, pone en juego su “autoridad”.
Por lo pronto, el kirchnerismo cuenta con los números necesarios para revocar las designaciones de Bruglia y Bertuzzi en la Sala I de la Cámara Federal y Germán Castelli en el Tribunal Oral Federal 7, tal como lo solicitó el representante del Gobierno en el Consejo de la Magistratura, Gerónimo Ustarroz.
Con el respaldo de Graciela Camaño, Ustarroz logró que el Consejo de la Magistratura avale su presentación, en la que advirtió que esos traslados que se concretaron durante la presidencia de Mauricio Macri no contaron con acuerdo del Senado.
“Estos jueces fueron puestos a dedo y están demostrando que sólo fueron designados para hacer persecuciones y se quieren quedar para darle impunidad a (Mauricio) Macri”, resumió el senador Oscar Parrilli, quien lideró las gestiones en la Cámara alta.
Bruglia, Bertuzzi y Castelli presentaron a fines de agosto pasado un recurso de per saltum para que la Corte se pronuncie respecto a la validez de sus nombramientos en los tribunales federales.
Lo hicieron esperanzados en un antecedente, el de la acordada 7 de la Corte en 2018. “Planteó que los casos como los de Bruglia y Bertuzzi no necesitan un nuevo acuerdo del Senado para ese tipo de traslados porque ya tenían acuerdo del Senado para actuar en la justicia federal, y porque además mantienen su jerarquía y se pronuncian sobre una competencia equivalente o similar. No hay otra manera de interpretar aquella acordada”, aseguraron en el entorno de los magistrados.
Los camaristas advierten que el oficialismo busca removerlos de sus cargos porque representan una “molestia” para Cristina Kirchner. En octubre del año pasado, ellos confirmaron el procesamiento de la entonces vicepresidenta electa por varias de las imputaciones que la vinculan con las presuntas maniobras de corrupción que se investigan en la causa conocida como los “cuadernos”.
“Tanto estos dos jueces como el juez Castelli, son jueces que molestan al Poder Ejecutivo”, sostienen en el entorno de los magistrados que quedaron en la mira del kirchnerismo.
En agosto pasado, Bertuzzi decidió realizar declaraciones públicas y alertó que la situación “es grave y afecta la división de poderes”. “Esto afecta varias disposiciones que constituyen garantías constitucionales. Afecta la división de poderes porque desatienden la decisión que ya adoptó la Corte y nos afectan la garantía de inamovilidad y estabilidad en el cargo”, cuestionó.
El martes, también Castelli rompió el silencio. “Si me quieren sacar, que me saquen a empujones”, desafió el magistrado que prepara el inicio del juicio oral por la causa de los cuadernos.
“El Estado está atacando de manera bestial y tiene que ponerle un límite la Corte”, reclamó, en línea con los pedidos que hacen, por lo bajo, Bertuzzi y Bruglia. Todos saben que, si el máximo tribunal no toma cartas en el asunto, cualquier intento por resistir se perderá en un “limbo judicial”.
Esta última apreciación encuentra sentido en los tiempos de los procesos, que por supuesto no impedirán que el miércoles el kirchnerismo los corra de sus actuales cargos. Los jueces creen que lo primero en conocerse será el fallo de la Cámara de Apelaciones que, anticipan, no avalará sus planteos.
Así las cosas, Bruglia y Bertuzzi aclararon que acatarán la decisión del Senado y el posterior decreto del presidente Alberto Fernández para ordenarles que vuelvan cargos anteriores.
