El importante paro que llevan adelante funcionarios y empleados judiciales desde hace dos semanas, finalmente incidió para que la Suprema Corte de Justicia solicitara la conciliación obligatoria a la Subsecretaría de Trabajo y Empleo del Ministerio de Gobierno, en busca de acercar al Ejecutivo provincial y los gremios a una solución del conflicto.
La misiva fue firmada por seis de los siete integrantes del máximo tribunal (el juez Omar Palermo está de licencia), pero además contó con el acompañamiento de las autoridades del Ministerio Publico Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa. Es decir, se trató de un mensaje del Poder Judicial en su conjunto, al observar que el servicio está seriamente condicionado.
La solicitud fue dirigida al subsecretario de Trabajo, Rodrigo Herrera, en busca de ponerle “fin al conflicto actual” que mantienen de pie las asociaciones gremiales que representan a funcionarios y empleados.
Según pudo averiguar Los Andes, el Gobierno provincial analizará el pedido y en el transcurso de este miércoles tomará una decisión, para aceptarlo o no. Es válido señalar que, como un gesto de anticipación ante posibles reacciones de otros gremios, convocó a reapertura de paritarias a todos los sectores, desde el próximo lunes 24 de junio.
Las autoridades judiciales sostienen que el pedido está motivado por las medidas de acción directa tomadas por los gremios (que datan del mes pasado) y el paro que está vigente hasta el próximo viernes. Al cierre de este martes, se mantenía una adhesión promedio superior al 40% en las dependencias judiciales.
En el texto enviado a la Subsecretaría de Trabajo, las autoridades del Poder Judicial, indican que “el conflicto que se lleva a cabo afecta la prestación del servicio de justicia, por lo que se considera que un espacio de diálogo y participación con escucha activa de las partes involucradas permitirá alcanzar una solución al mismo”.
“Las medidas de acción directa llevadas a cabo por agentes y funcionarios judiciales impactan en la gestión de las causas que tramitan, la realización de audiencias en todos los fueros, en definitiva, en el acceso a la justicia por parte de la ciudadanía”, reconocen los jueces de la Corte.
Y completan: “En consecuencia, es que se solicita su intervención y la declaración de apertura del procedimiento de conciliación obligatoria (art. 62° ley 8729), fijando audiencia de inicio (art. 63º ley 8729) para que las partes involucradas en el presente conflicto comparezcan ante usted”.
Los gremios tomaron con cautela la solicitud de las autoridades judiciales y esperan la notificación efectiva de la Subsecretaría de Trabajo, que debería fijar una fecha para citarlos a audiencia.
El secretario general del sindicato que nuclea a funcionarios judiciales, Marcelo Fekonja, comentó a este diario que “para acatar o no, necesitamos comunicarnos con el Gobierno. Nosotros vamos a evaluar la oportunidad y la conveniencia”. Se trata de una decisión que se resolverá en comisión directiva, si es que sucede.
Por su parte, el líder de los empleados judiciales, Ricardo Babillon dijo a este medio que analizarán “el contexto y sobre qué condiciones se llevaría la audiencia. Ellos deberían traer una oferta superadora”.
Y aseguró que la conciliación obligatoria “retrotrae” la situación al inicio del conflicto, que data del 29 de abril, por lo cual “no deberíamos tener en cuenta ni el decreto que sacó el Gobierno, ni se deberían producir descuentos”, afirmó.
Por el lado del Ejecutivo, descartaron en seco que la conciliación obligatoria produzca ese efecto. Lo que anticipa un asunto a discutir en esa hipotética mesa.
Cómo sigue el paro
Según datos oficiales del Poder Judicial, este martes en el fuero penal la asistencia fue del 41,22%. Es decir que hubo un acatamiento casi del 60% entre funcionarios y empleados del Polo Judicial.
Vale decir que la Corte extendió la suspensión de las audiencias menos urgentes en este fuero y dará prioridad a aquellas “con personas detenidas o que pudieran recuperar su libertad”.
A través de una resolución del coordinador del fuero penal, el ministro José Valerio, se dispuso concretamente la suspensión de audiencias “sin personas detenidas” hasta el lunes que viene.
Esta medida rige también para primera y tercera circunscripciones judiciales (Gran Mendoza y el Este), que son las zonas donde tiene impacto fuerte el paro.
En el caso de la Segunda Circunscripción hubo este martes un porcentaje de 46,90% de asistencia. El listado continuó con el fuero de Familia (53,06%); la Tercera Circunscripción (56,83%); el fuero Civil (58,02%) y el fuero Laboral, por último, dónde menos incidió el paro: 67,64%.
