Esta semana se conoció la noticia de que la Corte Suprema de Justicia homologó un acuerdo que se realizó entre el Gobierno Nacional y la provincia de Santa Fe, en la que la provincia cobrará una deuda por $151.000 millones tras dos fallos judiciales en los cuales la Nación resultó condenada.
Si bien el acuerdo no involucra a Mendoza, sí es relevante la para la provincia en términos políticos, ya que la causa fue por un descuento indebido que realizó la Nación a varias provincias de un 15% que se realizó sobre los fondos coparticipables durante años para financiar a la Anses. El tema es que Mendoza estuvo también en condiciones de hacerle un juicio al Estado Nacional en 2012, pero no lo hizo debido a que el peronismo local decidió no enfrentarse al Gobierno Nacional. En ese entonces Francisco Pérez era gobernador y Cristina Fernández de Kirchner era presidenta.
Respecto a la situación de Santa Fe, se esperaba un resultado en este sentido en este fallo, teniendo en cuenta los antecedentes de otras provincias como Córdoba y San Luis, que estaban en la misma situación y que recibieron fallos a favor de las jurisdicciones, con sentencias que ya se ejecutaron.
En el caso local, la provincia tuvo la oportunidad de iniciarle un juicio a la Nación por este mismo tema en el año 2012, tal como se mencionó; pero el proyecto que presentó la oposición en la Legislatura, que en ese caso era el radicalismo, fue rechazado en la cámara de Senadores, en una votación ajustadísima, que precisamente salió empatada y definió el entonces vicegobernador, Carlos Ciurca, en contra de iniciar la demanda.
Fue ese el momento en el que se perdió la oportunidad de demandar a la Nación tras un mandato partidario que tuvo el PJ en su momento, para evitar quedar mal parado frente a Fernández de Kirchner. En ese momento, se cursaban las últimas semanas para poder iniciar la causa judicial contra la Nación. Sin embargo, se perdió la oportunidad.
Si bien se estimó que Mendoza podría haber recibido unos U$S 1.000 millones, según un informe que hizo hace algunos años el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) -lo equivalente a los fondos que recibirá Mendoza por Portezuelo del Viento-, hay cálculos que son menores, pero de igual manera es una suma altísima que sin dudas cualquier gobierno provincial aceptaría.
Por ejemplo, según el diputado nacional, Lisandro Nieri, ese número rondaría los $71.000 millones de pesos, que serían un poco más de U$S 500 millones de dólares al valor oficial.
La historia comenzó en 1992 cuando se firmó un Pacto Fiscal en el cual Mendoza y el resto de las provincias cedieron esos recursos con su permiso luego de la creación de las AFJP, para fondear la Anses. No obstante, a partir del 2010 (gobierno de Cristina Fernández de Kirchner), sin la autorización local, la Nación siguió descontando el dinero injustamente.
Con ese antecedente, el radicalismo impulsó en 2012 un proyecto para que el entonces gobernador Francisco Pérez siguiera los pasos otras provincias (como Santa Fe, Córdoba y San Luis) y también demandara a la Nación. Fue la sesión caliente del 4 de septiembre de ese año en la que Carlos Ciurca desempató en contra de iniciarle juicio al gobierno nacional que conducía Cristina Fernández, y Mendoza perdió la posibilidad de ganar un juicio multimillonario que sí salió favorable para estas tres jurisdicciones en 2015.
“Si Mendoza hubiera hecho el mismo reclamo hoy contaría con $ 71 mil millones de pesos. La mala decisión del Kirchnerismo le salió caro a la provincia”, expresó en redes sociales Nieri, quien completó: “Hoy, sin la obsecuencia de algunos, la historia sería otra y beneficiaría a todos los mendocinos”.
Desde el peronismo han recordado en varias oportunidades que “si hubiera una demanda de los mendocinos debería ser a Cornejo, por haber renunciado al Fondo de la Soja que le hizo perder muchísimo dinero a Mendoza”, tal como expresó en su momento Lucas Ilardo el año pasado sobre los temas de litigios, en los que se incluyó también la demanda nunca realizada, al menos hasta el momento, contra la Nación por discriminación en el reparto de recursos discrecionales.
También en ese momento Nieri replicó que la demanda Mendoza “se la hizo a la Nación aún siendo un gobierno del mismo signo político” en 2016 (gobierno de Mauricio Macri).
