El 25 de noviembre se termina el mandato del Dalmiro Garay como presidente de la Suprema Corte mendocina. Como sucede cada dos años, la renovación de autoridades es un elemento que genera un estado deliberativo y un clima de confrontación entre los ministros.
En esta oportunidad aparecen dos elementos nuevos que pueden influir en la interna del Máximo tribunal de la provincia, dos nuevas condiciones establecidas en la ley 9423, que regula el funcionamiento del cuerpo, sancionada en octubre del año pasado: la introducción de dos rondas de votación con mayoría especial para elegir al nuevo presidente (5 de los 7 deben votar a la nueva autoridad) y la eliminación de las salas en las que se organiza hasta ahora el trabajo del Tribunal, para pasar al sorteo de ternas para entender en los recursos que llegan a la Corte.
Todavía falta para la elección. Apenas empiezan las primeras especulaciones acerca de la sucesión de Garay. Es que los supremos no están ajenos a los vientos de la política.
Hay que recordar la ya conocida “grieta judicial”: la Corte tiene tres supremos nombrados en gobierno peronistas (Mario Adaro en el de Celso Jaque; Omar Palermo y Julio Gómez en el de Francisco Pérez), mientras que cuatro lo fueron en gestiones radicales (Pedro Llorente en el de Santiago Felipe Llaver, Dalmiro Garay y José Valerio en el de Alfredo Cornejo y Teresa Day en el de Rodolfo Suárez). Hay que recordar que la Constitución de Mendoza establece que los ministros de la Corte son propuestos por el Gobierno de turno y votados por la Cámara de Senadores.
Estos orígenes introducen un ruido político, no solo por la pelea inherente a esa condición, sino porque con las pertenencias partidarias aparencen diferencias doctrinales, que son particularmente notorias en el derecho penal (“hiper garantismo” contra “mano dura”) y también en el laboral (empresa -o gobierno- versus sindicatos).
La elección provincial dejó un nuevo gobernador electo, el radical Alfredo Cornejo, y este domingo se vota presidente. Algunos acotan que la Corte provincial tiene vinculaciones con el Gobierno nacional, en lo que hace a beneficios y recursos.
Ese elemento es algo lejano de las realidades domésticas de Mendoza. Sin embargo, la definición nacional también podría traer “nuevos vientos doctrinales” en el derecho penal y laboral y como se dijo, esas áreas son particularmente sensibles en la Corte mendocina, más aún con la vuelta de Alfredo Cornejo a la Gobernación.
La sombra del peronismo judicial
Si hay en el ala peronista de la Justicia un elemento que desequilibra las relaciones, es Cornejo. La vuelta del senador nacional al sillón de San Martín es una sombra que se extiende desde Casa de Gobierno hacia el Palacio judicial.
Eso es así, justamente porque el futuro gobernador es un militante de la “mano dura”, que en el ideario cornejista funciona como una herramienta en el combate contra la inseguridad y por eso suele lanzar dardos envenenados cuando algún fallo le resulta incómodo y sus operadores judiciales suelen presionar en busca de sentencias afines a su costado de la biblioteca.
Si el resultado electoral lleva a Javier Milei o a Patricia Bullrich a la presidencia, es probable que se inicie una avanzada de la política sobre la legislación laboral y en tribunales se supone que Cornejo y sus operadores serán parte de esa avanzada y buscarán influir en jueces en algunos fallos clave.
Por eso es que hoy se escucha en el cuarto piso del Palacio Judicial: “queremos independencia y no confrontación, al menos en los dos primeros años”. Ese pedido, parece contener una sutil oferta de los supremos vinculados al peronismo, quiénes podrían votar a un presidente de la Corte afín al radicalismo, que garantice algún grado de tranquilidad en la relación Ejecutivo-Judicial. Como ya se dijo, el titular de la Corte tiene un mandato de dos años.
La nueva ley establece que en las dos primeras vueltas electorales hacen falta cinco votos de siete para ser elegido presidente de la Corte, si se pasa a una tercera ronda, con la mayoría simple de los cuatro radicales alcanzará para ser ungido al frente del Tribunal. ¿Será una prenda de paz ofrecer los cinco o seis votos, o quizá unanimidad para que haya un presidente con relativo consenso entre las dos alas del Tribunal?
Entonces acá surge otra duda: el supremo de consenso será del gusto de Cornejo o será un radical capaz de pivotear entre los dos sectores del tribunal. Hay que recordar que Garay fue ministro de Gobierno del mandatario electo en su periodo anterior. ¿Será el actual presidente el que garantice esa paz entre poderes?
El único supremo que lanzó una frase sobre la sucesión fue Adaro: “en la sanción de la ley del año pasado nos perdimos una oportunidad de hacer la presidencia rotativa y de transformar a la Corte en una organización horizontal, colaborativa y democrática, como son las organizaciones tecnológicas, las más exitosas en los últimos años”.
Desde el ala radical responden: “en el Ejecutivo no están tan interesados en quién preside, sí quieren que se empiece a aplicar la ley sancionada el año pasado”. Se refieren a un aspecto de esa norma que debería empezar a funcionar sí o sí a partir del 31 de diciembre de este año: la eliminación de las salas civil y comercial (la uno) y la penal y laboral (la dos) y que la Corte empiece a funcionar como un colegio de jueces que se sortean los expedientes que llegan a esa última instancia.
¿La aplicación plena de esta ley (o su postergación) podrían influir en el voto para la presidencia? Hay quienes observan que es quizá la medida más resistida, porque se acaban las “áreas exclusivas” del derecho, que para algunos son una garantía de especialización y para otros (menos indulgentes) un coto de caza.
El último conflicto
Hay un elemento que viene enrareciendo el aire en los pasillos judiciales entre las dos alas de la Corte. En julio pasado, en plena feria judicial, el Consejo de la Magistratura decidió remover a todos los integrantes de la comisión Asesora para la Justicia Penal, Ejecución Penal y Faltas, por “incumplimiento injustificado de las obligaciones a su cargo”. De acuerdo a los argumentos, todos los miembros de la comisión penal fueron removidos luego de que se detectaran supuestas “faltas al reglamento” en el desarrollo de las pruebas orales a quienes quieren ser magistrados.
La medida alcanzó a magistrados, abogados e incluso ex funcionarios provinciales que tomaban los exámenes de los aspirantes a jueces.
Hubo solicitadas, recursos de reconsideración presentados por los afectados por esa medida, que si bien alcanzó hasta incluso a un ministro de Cornejo en la anterior gestión, el por entonces titular de Seguridad, Gianni Venier, para algunos la decisión habría sido una maniobra orquestada en las sombras por Cornejo, para influir en la selección de magistrados. Incluso el tema fue introducido en la campaña electoral por líder de La Unión Mendocina, Omar de Marchi.
Ese conflicto viene calentando las relaciones en Tribunales e influirá en el proceso electoral en el seno de la Corte. También este conflicto saca de la carrera a la actual titular del Consejo de la Magistratura: la suprema Teresa Day.
Los nombres en danza
Hay quienes indican que Garay buscará su reelección como presidente. El actual titular del cuerpo completó el mandato de un radical que era un hábil pivot entre las dos alas de la Corte: Jorge Nanclares, quien estuvo a cargo de la Corte en cuatro mandatos (de 2003 a 2009 y 2017-2019) y seis meses del quinto periodo iniciado en noviembre de 2019, puesto que renunció y se jubiló a mediados de 2020, después de que trascendiera el sueldo de su ex secretaria Elizabeth Carbajal, que ascendía a 400.000 pesos.
El caso Carbajal puso en evidencia los sueldos de los “equiparados a magistrado”, que influyó en la sanción de una ley impulsada por el actual gobernador Rodolfo Suárez para limitar los nombramientos de funcionarios judiciales enganchados en el escalafón de jueces.
Esa ley desató una catarata de reclamos judiciales presentadas por los “equiparados” que perderían su jugoso sueldo ante el Máximo tribunal. ¿Ese fallo que afectará el destino de los equiparados, muchos de ellos vinculados a los supremos, también puede jugar en la elección del futuro presidente?
El otro nombre que suena también es del ala radical: José Valerio, quien hace dos años ya había manifestado su deseo de presidir el cuerpo. Por ahora, desde el peronismo no suena ningún nombre. ¿Será Valerio el hombre que pueda sumar voluntades peronistas? ¿O habrá un tapado?
Hablando de hábiles pivoteadores, hay un supremo que presidió la Corte durante los gobiernos de Rodolfo Gabrielli y Arturo Lafalla. Para muchos Pedro Llorente (cinco mandatos entre 1993 y 2003 y tres mas entre 2011 y 2015) ya debería estar jubilándose. ¿El peronismo podría levantar la mano por él, sólo para sostenerlo en la Corte e impedir que Cornejo impulse a otro supremo ligado al radicalismo, pero más joven y con mucho camino por delante?
