El Tribunal que juzgó y condenó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión y a otros imputados en la llamada “causa Vialidad” publicó este jueves los fundamentos de su veredicto, entre los que se destacan que se probó “un hecho de corrupción estatal” que “atenta contra la sociedad”, además de una “connivencia y protección de cuanto organismo estatal fuese necesario para garantizar la plena actividad del consorcio empresarial controlado por Lázaro Báez”. Ahora, se abre la etapa para presentar las apelaciones ante la Cámara Federal de Casación, ya que la sentencia no está firme todavía.
El Tribunal Oral Federal (TOF) N°2 notificó a las 9 de la mañana los fundamentos de su sentencia a las partes, en un trámite que no fue presencial, sino que se incorporó el escrito a la causa judicial informatizada.
El escrito tiene 1.616 páginas. Lleva las firmas de los miembros del tribunal, Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, y del secretario de Cámara, Tomás Santiago Cisneros.
La Justicia concluyó que entre 2003 y 2015 hubo “manifiesta connivencia y protección de cuanto organismo estatal fuese necesario para garantizar la plena actividad del consorcio empresarial controlado por Lázaro Báez”.
Los magistrados indicaron que se acreditó en la maniobra investigada la intervención “de integrantes de las más altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional, de la Dirección Nacional de Vialidad y de la Administración General de Vialidad Provincial de la Provincia de Santa Cruz, en connivencia con un empresario de la construcción dedicado a la obra pública”, en referencia a Báez.
La finalidad fue “asegurarle un beneficio económico tanto a éste como a la sociedad conyugal integrada por los expresidentes Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández de Kirchner”.
“En lugar de la relación de distancia y contralor que debió signar el vínculo entre las dimensiones pública y privada, aquí hemos visto una promiscua y absoluta confusión entre ambas esferas”, añadió la Justicia en los fundamentos del fallo.
La estructura de los delitos estuvo marcada por todo tipo de “acuerdos espurios entre las personas interesadas” algo que encontraron “propio de las prácticas organizadas de corrupción estatal y empresarial y visos propios de los delitos económicos”, tendientes a “asegurar los beneficios económicos” a favor de los Kirchner y Báez.
Qué pasará con la condena a Cristina Kirchner
Desde este momento se abrió el plazo de diez días hábiles para recurrir con la apelación al veredicto ante Casación, el máximo tribunal penal federal del país.
La instancia de revisión determina que el veredicto no se cumpla hasta que quede firme y esa instancia podría darse ante la Corte Suprema de Justicia, que no tiene plazos para resolver.
Tras dar a conocer su decisión al final de un juicio oral el 6 de diciembre pasado, los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso distribuyeron un breve informe con un resumen de los motivos por los cuales se condenó a seis años de prisión a la vicepresidenta y se fijaron penas para otros acusados.
Pero como fija la ley, este jueves se difundieron los fundamentos completos, con una explicación fundada de su decisión, en base a la cual las partes ya anticiparon que apelarán ante Casación.
Del lado de los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola se espera que cuestionen las absoluciones por el delito de asociación ilícita, lo que redundó en una disminución notoria de las penas.
Ambos habían reclamado 12 años de prisión para la Vicepresidenta, que fue condenada a seis años e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el otro delito que sí se consideró probado, el de administración fraudulenta.
Además, los integrantes del Ministerio Público irán a Casación contra las tres absoluciones resueltas, entre ellas la del exministro de Planificación Federal Julio De Vido.
Por su parte, las defensas apelarán y pedirán revocar las condenas por defraudación y confirmar las absoluciones por asociación ilícita, en sintonía con los argumentos que esgrimieron en sus alegatos finales el año pasado.
En el juicio se sentó por primera vez en el banquillo a la expresidenta, acusada de beneficiar al empresario Lázaro Báez con el 80 por ciento de la obra pública nacional adjudicada en Santa Cruz entre los años 2003 y 2015.
Poco después de la lectura del veredicto, la titular del Senado y dos veces presidenta dijo que su condena forma parte de un proceso que ya “no es ni lawfare ni Partido Judicial” sino “un Estado paralelo y mafia judicial”.
Lázaro Báez, dueño de la empresa “Austral Construcciones”, recibió la misma pena por el mismo delito en calidad de partícipe necesario.
También quedaron condenados a seis años de cárcel el extitular de Vialidad Nacional en ese período Nelson Periotti y el exsecretario de Obra Pública José López.
Exfuncionarios de Vialidad nacional y de la provincia de Santa Cruz recibieron penas de entre 4 y 5 años de prisión mientras que todos los acusados fueron absueltos por el delito de asociación ilícita.
El Tribunal dispuso el decomiso actualizado si la sentencia queda firme de 84.835.277.378,04 millones de pesos, suma considerada producto del delito.
