El 1 de agosto pasado, en la antesala del inicio de las campañas electorales, Alfredo Cornejo dijo a Los Andes una frase que con el correr de los días ha ido cobrando mayor trascendencia.
El ex gobernador fue consultado por la candidatura a senador nacional suplente del gobernador Rodolfo Suárez y respondió lo siguiente: “Para nosotros es importante plebiscitar el trabajo del Gobierno provincial, como lo hicimos en el 2017, en las legislativas, y también era un plebiscito”.
Las palabras de Cornejo parecían convalidar la candidatura de Suárez. Pero el candidato a senador titular cerró su apreciación con un giro sorpresivo: “¿Hacía falta llevarlo a él para plebiscitar? No, si me lo preguntan”.
Cornejo tampoco quiso revelar en aquella entrevista de quién había surgido la idea de llevar a Suárez en la lista de Cambia Mendoza. Aunque la anterior respuesta sugería claramente que no había sido suya la inquietud.
Para Suárez, la decisión de ir como candidato se respaldaba en encuestas de imagen que le daban al gobernador un sitio preferencial. “Mide más que los intendentes”, señalan en algunas comunas oficialistas en las que la gestión departamental está muy bien valorada, sorprendidos por la tendencia.
Posiblemente esta evidencia lo empujó a buscar su lugar propio en la vidriera electoral, más allá de que el Suarez siempre ha sofocado todo intento de competir con el protagonismo de Cornejo y mucho menos ha intentado construir el “suarismo” en el seno radical.
Así fue que el gobernador se dejó tentar. Pero con el correr de los días, su postulación ha ido abriendo polémicas inesperadas, derivadas de aquella decisión.
Primero, la sorpresiva compulsa penal enviada por el juez Walter Bento a la Justicia provincial para que investigue si el gobernador ha incurrido en un delito al presentarse en las elecciones.
El pedido de Bento cayó en manos del Ministerio Público Fiscal y le produce incomodidad en su titular, Alejandro Gullé. “Yo quiero estar a 1.000 kilómetros de esa denuncia”, ha dicho el Procurador en estos días ante las consultas periodísticas, asegurando de este modo que no va a intervenir en la causa a favor de Suárez o de Cornejo, el gobernador que lo impulsó para ser el jefe de los fiscales.
El Ministerio Público también viene deslizando desde el fin de semana algunas críticas contra el atribulado Bento, como que la compulsa para investigar al gobernador consistió en apenas una carilla sin la resolución respectiva.
Para completar el cuadro, tal como informó este diario, la explosiva denuncia terminó cayendo, por cuestiones de turnos judiciales, en el escritorio de una co-fiscal debutante del MPF. Se trata de Juliana Labayrú, una mujer que lleva apenas dos semanas ejerciendo como fiscal correccional y que está en ese puesto porque la designó Gullé para cubrir la vacante, es decir que ni siquiera tiene aún el acuerdo del Senado para desempeñarse.
La derivación de la candidatura de Suárez también empujó al oficialismo a un frente de batalla que hasta entonces había eludido: la pelea contra el juez Bento.
Con la compulsa y su banque a las listas colectoras del PJ, Bento apuró la configuración de un escenario de confrontación con el oficialismo que no había aparecido hasta entonces. Todo indica que el magistrado, busca el apoyo del Frente de Todos para zafar de las denuncias de coimas que pesan en su contra en el Consejo de la Magistratura. Y el radicalismo mendocino ha descubierto de repente que el magistrado es casi un adversario electoral que cuenta con el privilegio de dictar justicia en los comicios.
Más allá de estos problemas domésticos, la candidatura de Suárez ha aparecido ligada a nivel nacional con otras postulaciones “testimoniales” de gobernadores a lo largo del país, como las de los peronistas Omar Perotti y Juan Manzur, y la de Gerardo Zamora, un suplente que llegó al colmo de borrar la foto de los candidatos principales para poner la suya en la boleta.
El “no hacía falta” que soltó Cornejo semanas atrás resuena más fuerte en medio de estas polémicas.
