El delicado y complejo caso de la investigación contra el juez federal con competencia electoral, Walter Bento, ha tomado cada vez más trascendencia política, y a su vez ha generado cortocircuitos entre parte de la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura de la Nación y la propia Justicia Federal sobre supuestos pedidos de prueba de la causa que no se habrían contestado por parte de la Cámara Federal de Apelaciones.
Precisamente la Cámara envió ayer un oficio a la vicepresidenta de la Comisión, María Inés Pilatti de Vergara (legisladora del Frente de Todos), para dejar en claro que todos lo requerimientos efectuados por la propia Comisión se han respondido “en tiempo y forma”.
Es que la presidenta de la Comisión adelantó que cursaría un “llamado de atención” contra la Cámara y la acusó el miércoles de demorarse o incluso no responder sobre medidas de prueba solicitadas por los consejeros, tales como conocer por ejemplo si los ingresos formales de Bento siguen embargados.
Ante esto, el presidente del Consejo de la Magistratura, Diego Molea, en coincidencia con Pilatti de Vergara agregó que “todo lo que este Consejo aprueba y pide, la Justicia de Mendoza lo tiene que mandar porque este cuerpo así lo solicita y tiene facultades para hacerlo. No puede ser que manden algunas cosas sí y otras no”.
Cortocircuitos
Esta situación se complementa con las críticas cruzadas que hay entre oficialismo y oposición respecto a la lentitud en la que está avanzando el Consejo de la Magistratura en esta causa. Una de las sospechas proviene por parte de legisladores de la oposición, quienes han señalado que el kirchnerismo “ha ralentizado el trabajo” del Consejo de la Magistratura, organismo conformado por magistrados, legisladores y representantes del Poder Ejecutivo, que en paralelo a la Justicia Federal Penal está investigando al Juez -podría removerlo de sus funciones si lo encuentra culpable en la causa en la que está procesado -, para dar tiempo al acusado.
“Las declaraciones contra la Cámara fueron de la presidenta de la Comisión. El oficialismo no tiene interés en avanzar en la investigación, y la Presidenta, para desligarse de responsabilidades, le atribuyó a la Cámara Federal de Mendoza la causa de la ralentización”, sostuvo a Los Andes Pablo Tonelli, diputado del Pro y el consejero instructor de la causa.
En lo que respecta a las críticas cruzadas entre la Cámara Federal de Apelaciones y el Consejo de la Magistratura, el organismo judicial contestó ayer rápidamente con un contundente comunicado a Pilatti de Vergara, en el cual hablaron de “inexactitudes y/o confusiones” de la Comisión de Disciplina y Acusación, y también dejaron en claro que “no existe ningún pedido de medidas de prueba pendiente de respuesta”.
En el oficio firmado por los jueces de Cámara Juan Ignacio Pérez Curci; Alfredo Porras; Manuel Pizabes y Gustavo Castiñeira de Dios; se defiende el trabajo realizado por la propia Cámara, al sostener que “todos los requerimientos efectuados por dicho órgano en el marco del expediente disciplinario mencionado han sido respondidos en tiempo y forma”.
En primer lugar, destacaron que el objetivo del escrito fue formular aclaraciones “respecto de ciertas ‘inexactitudes y/o confusiones’ vertidas durante la sesión (NdR: del miércoles) y que involucran de manera directa a este cuerpo colegiado”.
“Dejamos expresamente sentado que, conforme se desprende de lo vertido en la sesión mencionada, este tribunal de Alzada se encuentra plenamente a disposición de la Comisión y responderá en tiempo y forma cualquier tipo de requerimiento que se le curse en el futuro”, comentaron.
No obstante, agregaron que al día de la fecha “no existe ningún pedido de medidas de prueba pendiente de respuesta proveniente de la Comisión de Disciplina y Acusación, ya que todos los requerimientos efectuados por dicho órgano en el marco del expediente disciplinario supra mencionado han sido respondidos en tiempo y forma”.
Aclararon también que la totalidad de las incidencias presentadas en el expediente judicial por ante la Sala B de la Cámara, “han sido resueltas conforme los plazos previstos en el ordenamiento ritual y con la celeridad que el caso amerita”.
Fuentes de la Cámara Federal de Apelaciones se limitaron a sostener a Los Andes que lo que se dijo en el Consejo de la Magistratura “es un disparate total”.
Más respuestas
Por otro lado, también se respondió al pedido de Alberto Lugones, vicepresidente del Consejo y representante de los magistrados, quien había planteado que se le pidiera a la Cámara una orden al juez federal que investiga a Bento, Eduardo Puigdéngolas, para que elevara el expediente y que la Cámara seleccionara el tribunal oral en el futuro juicio.
Ante esto, la Cámara informó la imposibilidad de ordenar lo planteado por aspectos “materiales”, ya que el expediente principal “se encuentra actualmente en trámite por ante el Juzgado Federal de Primera Instancia”, y por ende no se encuentra finalizada la etapa de instrucción; pero también “formales”, teniendo en cuenta que destacaron que “no es facultad propia de una Cámara de Apelaciones sortear el Tribunal Oral que deberá intervenir en un juicio oral y público, tal y como arguyó con inexactitud uno de los consejeros que integran la Comisión”.
