La Comisión Bicameral de Seguridad que preside el diputado Germán Gómez (PJ) ultima los detalles para presentar un proyecto de ley que busca modificar el régimen disciplinario para policías y agentes penitenciarios. Se trata de una iniciativa elaborada en conjunto con la Inspección General de Seguridad (IGS), que tiene el aporte de diferentes bloques.
El titular de la IGS, Marcelo Puertas, se reunió con la Bicameral el pasado 1 de julio y puso al tanto a los legisladores de que trabajaba en un borrador para modificar la legislación actual, debido a que “es muy amplia y muchas veces da lugar a la arbitrariedad o ambigüedad. Hay que acercarlo a la tipología penal”.
Entonces, señaló que “el modelo ideal es la Ley de Córdoba, porque no sólo establece los tipos sino también la gravedad y se gradúa la sanción. Se trata de aplicar un principio de convencionalidad en el sentido del debido proceso que respete el derecho administrativo disciplinar”.
Puertas indicó que actualmente tienen 1700 expedientes entre “información sumaria, que es la que está en investigación ante una posible falta, y sumarios, que es cuando ya hay un imputado”.
A raíz de esa reunión, la Bicameral se interesó en tomar el borrador y elaborar una propuesta unificada, que será presentada por el órgano legislativo con el respaldo de los bloques que la integran. El presidente de la comisión, Germán Gómez, comentó a Los Andes que “decidimos coordinar esfuerzos y trabajar de manera conjunta en la elaboración de un nuevo régimen”.
“Ya hay varias provincias que lo han hecho, pero la más emblemática que ha trabajado en un régimen especial ha sido Córdoba, adoptando un modelo que tiene varias particularidades y que desde lo institucional sería muy bueno para la provincia de Mendoza”, sostuvo.
Gómez indicó que el proceso de juzgamiento de un policía o de un penitenciario se hace sobre un esquema mucho más atinado a la época. “Se protegen las garantías del debido proceso de la defensa en juicio, en mejores condiciones institucionales, constitucionales y legales que actualmente hace el sistema provincial”, comentó.
“Hay una apertura en relación a quienes participan en el juzgamiento. No tiene una visión tan acotada y las sanciones que puede recibir un efectivo policial y un penitenciario están debidamente tipificadas”, explicó.
Con esas tipificaciones se busca que “no se restrinjan o se vulneren ciertas garantías constitucionales”, señaló. El legislador aclaró que estas modificaciones no implican disminuir o aumentarles severidad a las sanciones, sino modificar “las incoherencias que tienen algunas sanciones en sí”.
Entonces señaló que la “sanción que se hace es hacia la persona y no tiene por qué extenderse fuera de su ámbito”. Y puso como ejemplo, la aplicación de una restricción total de sueldo a un efectivo sancionado, sin contemplar que se afecte la obra social. “Entonces ya se generó un perjuicio a los miembros de la familia de esas personas. Se terminó imponiendo de manera indirecta, por así decirlo, una especie de sanción”, sostuvo.
También citó como ejemplo, otros casos de sanciones en los que se han restringido las remuneraciones de un agente y “no han tenido en cuenta que el tipo a lo mejor tenía una obligación alimentaria”.
“Entonces a raíz de esa incongruencia y falta de lógica, terminó perjudicando a un menor que tenía que recibir la cuota alimentaria. Se trata de las consecuencias que genera de manera dañina al contexto del agente, de la policía o del penitenciario”, manifestó.
“Como es un procedimiento viejo, adolece de ciertas particularidades que hoy ya están fuera de discusión. Entonces hay que armonizarlas a los nuevos tiempos y a las garantías que impone nuestra constitución provincial y nacional y a los criterios que ya han quedado resueltos”, agregó Gómez.
El diputado señaló que en la próxima semana el proyecto será finiquitado y podría presentarse en los primeros días de septiembre. “Estamos trabajando con todos los miembros de la Comisión Bicameral de Seguridad. Hace rato que no había una comisión que presente en conjunto un proyecto”, completó.
Según los datos que aportó el titular de la IGS ante la Bicameral, su área dispone de unos 110 empleados. En un 85% son penitenciarios y policías, afectados exclusivamente a la Inspección. El 60% está en el Gran Mendoza, pero hay entre 13 y 14 por delegación, que son tres: Valle de Uco, Sur y zona Este, afirmó Puertas.
Con esos efectivos, se tramitan cerca de 600 a 800 expedientes por año, añadió. En esa línea, sostuvo que actualmente hay 9200 policías y 4000 penitenciarios y que “sobre ellos, hay 1700 expedientes; 40% son sumarios y 60% información sumaria”.
De acuerdo a las estadísticas publicadas en la web de la Inspección General de Seguridad, en 2023 los sumarios remitidos a la Junta de Disciplina fueron 192, de los cuales 24 corresponden a personal penitenciario y 168 a personal policial.
Más proyectos en vista
El diputado Gómez comentó que, luego de la visita de la titular de la Lucha contra la Trata de Personas, Verónica Toller, se analiza impulsar un proyecto de ley que establezca la capacitación del personal de Iscamen sobre esta problemática.
El diputado explicó que la línea 145 activa el alerta en casos de trata y cualquier persona puede denunciar una situación al respecto, pero el delito de la trata muchas veces es casi invisible porque “es muy difícil que la víctima logre denunciar”.
“Entonces es importante capacitar a todo el personal que tengamos en las barreras sanitarias, para que ante el caso de un niño o una mujer que transita en una situación muy dudosa, rápidamente sepan y puedan denunciar lo que sucede”, comentó.
“Eso surgió como consecuencia de esa reunión. Lo estoy trabajando yo personalmente, pero lo voy a poner a disposición de otros legisladores de la Comisión para presentarlo en conjunto”, confió Gómez.
Concejales peronistas se capacitaron sobre seguridad
En el medio de la fuerte interna que atravisa el PJ, el Observatorio de Seguridad que dirige La Cámpora reunió al intendente de Tunuyán, Emir Andraos, y a concejales peronistas de once departamentos, incluidos los de Maipú que responden a Matías Stevanato, enfrentado con el kirchnerismo. Acudieron para escuchar al politólogo especializado en Seguridad, Santiago Boggione, que disertó sobre la importancia de la participación activa de los municipios en la lucha contra el delito.
El encuentro se realizó en el hotel Tower de Ciudad y fue encabezado por Marisa Garnica, directora del Centro de Estudios y Análisis de Seguridad de Mendoza; el senador provincial Félix González y el intendente de Tunuyán.
En cuanto a la gestión de la inseguridad en los municipios, el especialista destacó la importancia del trabajo metódico y científico entre los poderes ejecutivos y legislativos de los departamentos, así como métodos de prevención comunitaria y tecnologías aplicadas a la lucha contra la inseguridad. Estratégias útiles, experiencias y buenas prácticas también formaron parte de la exposición.
Al repecto, Marisa Garnica destacó la importancia de la capacitación de los concejales, que son quienes tienen mayor contacto con la ciudadanía, en temas de prevención e investigación criminal. “Desde el lanzamiento del observatorio hemos recorrido las unidades fiscales de la provincia, decenas de barrios, nos juntamos con empresas de seguridad privada y especialistas para tener un panorama claro de la problemática. También realizamos encuestas con mendocinos para conocer detalles de cómo viven y perciben la inseguridad y los datos son realmente alarmantes. Por ejemplo el 89% no se siente seguro en Mendoza”, declaró.
