Mendoza y el país están sumidos en una crisis económica profundizada por la pandemia del coronavirus. Con una enfermedad que en nuestra región sigue con casos positivos en aumento, y cuyo pico aún no es posible predecir, la asistencia económica extra del Estado a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ha alcanzado a 415.102 mendocinos.
El dato proviene de los 356.646 mendocinos que han recibido el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), más los 58.456 que fueron alcanzados por la Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), según los datos que entregó el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero en su informe al Congreso de la Nación.
Los números de una Mendoza que transita un fuerte sacudón: la recaudación provincial se ha desplomado 15% en términos reales en el primer semestre; se perdieron 17 mil empleos privados registrados en un año, lo que se traduce en un retroceso del mercado laboral a su tamaño de hace una década; y se ha cuadruplicado la asistencia alimentaria del Gobierno local a familias carenciadas.
Todo esto explica en parte el inevitable y necesario aumento de la asistencia del Estado en la vida cotidiana de los mendocinos, en el marco de una cuarentena que primero implicó la paralización casi total de las actividades y ahora experimenta una lenta reactivación de la mayoría de empresas y comercios.
Carlos Gallo, jefe regional de Cuyo de la Anses, aseguró a Los Andes que cuando se lanzó la asistencia en medio de la pandemia, era necesario hacer énfasis en dos focos: sostener el empleo por un lado y asistir al desocupado o al no registrado.
“En los países de Europa con el ATP (orientado al empleo registrado) seguramente alcanzaba, pero en Argentina hay que contar con la situación particular de la región latinoamericana, que está caracterizada por el crecimiento del trabajo informal y la desocupación. Acá se necesita más presencia del Estado. El IFE es para que la gente sin empleo, o en negro, pueda tener un plato de comida en la mesa, y el ATP para sostener los puestos de trabajo”, diferenció el funcionario.
Además, declaró que la importancia de estos programas es que estos recursos tienen una “doble función”, que es por un lado atender las contingencias y por el otro, motorizar el consumo en tiempos complejos como éste. “Eso es imprescindible para las economías regionales, porque ni el ATP ni el IFE van a parar a la ‘bicicleta financiera’, porque lamentablemente estamos hablando de salarios promedio de $ 40.000 o de gente que perdió el empleo”.
El mayor peso de la región
En este sentido, en el resto de los países de la región también se han lanzado bonos o asistencias, pero con un impacto menor al de nuestro país. Comparando al IFE con el resto de los países, en Argentina tiene una cobertura del 66% de los hogares del país, mientras que en Brasil, con el “coronavoucher” se ha llegado al 23,5%; en Chile con el “Bono Covid-19”, al 31,8%, y Bolivia, con el “bono familia”, al 55,2%, entre otros. “Regionalmente el IFE ha sido prepotente en comparación al resto”, añadió.
Gallo también aprovechó, a propósito de la asistencia del ATP, a poner en foco que la Anses no apunta solamente a sectores “vulnerables”. “La Anses es seguridad social y atender las contingencias, que hoy han llegado a más argentinos. Uno no sabe qué puede ocurrir o no, y sin la presencia del Estado mucha gente puede quedar desamparada”, consideró.
Lo que todavía es una incógnita es si seguirán o no, o cuánto durarán asistencias como estas luego de que pase la pandemia. “Es una discusión que se está dando en la mesa política del Gobierno nacional como también en organizaciones sociales. Se habla a nivel mundial de una renta básica universal, pero también hay que tener en cuenta cómo se va a financiar”, declaró el funcionario, quien puso énfasis en que la Anses se financia a través de aportes y contribuciones de empleados registrados y empleadores, y “será importante ver cómo sigue la economía” a futuro.
Radiografía del IFE y la ATP
En Mendoza, el IFE y la ATP representan hasta el momento una inversión de $ 12.277 millones, lo que equivale a casi el 6% de los gastos totales de la provincia, según el Presupuesto 2020 aprobado.
Desagregando el IFE, que tiene un desembolso de $ 10.000 por beneficiario, del total de 356.646 aportes en Mendoza, 212.210 son trabajadores informales o desocupados, 105.987 reciben también la Asignación Universal por Hijo (AUH) o por Embarazo (AUE), 26.385 son monotributistas A, B o sociales, 6.205 son personal de servicio doméstico y los 5.829 restantes son jóvenes que reciben el plan Progresar.
Con respecto a los indicadores sociales, el IFE llegó al 34,5% de los hogares que están bajo la línea de pobreza e indigencia.
Por otro lado, 204.563 son mujeres y 152.053, hombres. Asimismo, lo recibió el 28,8% de los mendocinos que tienen entre 18 y 65 años, lo que representa al 38,3% de la Población Económicamente Activa (PEA).
En tanto, en relación al ATP, que cubre el 50% del salario neto (desde un salario mínimo vital y móvil hasta dos), ha llegado a 7.212 empresas y se cubrió parte del salario de 58.456 trabajadores privados registrados de la provincia.
Según comentó Gallo, han ido de a poco disminuyendo los sectores que cubre, teniendo en cuenta que en Mendoza se ha pasado del aislamiento al distanciamiento social, y se entiende que de a poco se está reactivando la economía. De hecho, a la primera tanda del ATP accedieron 7.804 empresas y 72.532 trabajadores.
Finalmente, en la comparación con provincias, sumando ATP más IFE, Mendoza queda en quinta posición en la cantidad de beneficiarias, detrás de los populosos Buenos Aires, CABA, Córdoba y Santa Fe. Aquí se observa que, salvo algunas excepciones, el ránking tiene correspondencia con la población de cada provincia.
