El Gobierno provincial retomó este miércoles las reuniones paritarias para comenzar a delinear los ajustes salariales de los trabajadores de la Administración Pública, que cerraron incrementos por el primer trimestre del año y que ahora afrontan negociaciones para abril, mayo y junio.
El primer encuentro en la subsecretaría de Trabajo no tuvo fuertes acercamientos, y los tres gremios que recibieron propuestas, que fueron el SUTE, ATE y Ampros, las rechazaron. De esta forma, todo seguirá la semana que viene, cuando retomen el cuarto intermedio que solicitó el Poder Ejecutivo a partir del miércoles que viene.
La propuesta que no se aceptó fue para todos por igual: un 10% para abril, un 10% para mayo y otro 10% para el mes de junio.
Segunda propuesta
Quien hizo referencia a una segunda propuesta salarial fue el gobernador Alfredo Cornejo. En diálogo con los medios en un actividad en el predio de la cárcel Almafuerte II, adelantó que harán “una propuesta en dos etapas, como hicimos anteriormente”, en referencia a las negociaciones que se dieron en los primeros meses del año.
No obstante, advirtió que la mejora salarial “no va a andar lejos de lo que estamos ofreciendo, porque ofrecemos cosas que podemos realmente pagar”.
Cornejo, quien no dio mayores detalles de lo que podría ser dicha mejora, expresó que pretenden que el objetivo es que se firmen acuerdos “con todos, como la otra vez y de la misma forma”. De hecho, salvo la excepción del gremio de judiciales, valoró la negociación con los sindicatos. “Nos pareció muy bueno el comportamiento de ellos en la anterior paritaria, que fueron comprensivos, y les pedimos lo mismo para esto”.
En tanto, con el sector de judiciales que ha seguido con medidas de fuerza sobre todo en las oficianas fiscales, indicó que “ni siquiera han acatado la conciliación obligatoria. Eso es gravísimo y requiere multas. Estamos obligados a multarlos por el paro ilegal que hicieron el fin de semana”, contó, y agregó que están en conversaciones con el Ministerio Público Fiscal “sobre nuevas formas de atención de las oficinas fiscales debido a esto”.
En tanto, la directora de Política Salarial del Gobierno de Mendoza, Mariana Lima, señaló que esta oferta “se suma a lo ya percibido en los primeros tres meses de este año, que fue de 5,8% en el mes de enero, 15% en febrero y otro 15% en marzo”.
Y agregó: “El gremio realizó diferentes planteos específicos del sector que serán analizados por nuestros equipos técnicos, y acordamos reunirnos nuevamente el próximo 10 de abril”.
Recordemos que en la negociaciones del primer trimestre, 15 gremios aceptaron una suma no remunerativa, no bonificable de $90.000 e incrementos al básico de 15% para febrero y 15% para marzo. El resto, optó por la alternativa del aumento del 16% en febrero y 16% en marzo. En enero, en tanto, todos tuvieron una suba del 5,8%.
Enojo gremial
Desde los sindicatos manifestaron que fue “insuficiente” el ofrecimiento, e incluso desde el SUTE lo calificaron de “absurdo”, al sostener que los sueldos iniciales “no tendrán ningún tipo de suba, ya que todo lo absorberá el fondo compensador, que es el que lleva el salario de un docente que recién se inicia a $290.000″.
En diálogo con Los Andes, el secretario gremial del SUTE, Gustavo Correa, sostuvo que la oferta fue “casi una tomada de pelo”, ya que llegó solo el 10% de aumento al básico y estado docente, pero “faltan un montón de cosas”.
En este sentido, expresó que “si no modifican los pisos de la escala salarial no aumentarán los salarios de la mayoría de los docentes”. Indicó además que el Ejecutivo “está cambiando la cláusula de garantía por estado docente, pero el sueldo no se modificaría”, indicó, además de expresar que de igual forma ese 10% cada mes “es insuficiente”.
“Para hacerlo simple: si quieren cambiar el sueldo del docente, suban los pisos de las escalas salariales”, marcó al Gobierno. Como ejemplo, expresó que el 10% de aumento al piso salarial docente, que está en $290.000, pasaría a $320.000. “Pero eso no ocurre en las simulaciones”, advirtió.
Y finalizó: “Les falta mucho para mejorar. O arrancaron de muy atrás, o no tienen pensado aumentar más”.
Quien respaldó estos dichos fue el exlegislador, Lautaro Jiménez, quien dijo en redes sociales que de abril a junio, con esta propuesta, el sueldo docente seguiría en $290.000; y los comparó con las dietas de los legisladores provinciales, que pasarían de un sueldo de $1,8 millones en abril, a $2 millones en junio (ya que es la propuesta que tuvieron los trabajadores de la Administración Central, que es donde se aplican dichos porcentajes al funcionarios provinciales y legisladores).
Ante la consulta de Los Andes, desde el Gobierno se limitaron a indicar que “desde el SUTE plantearon que quieren ajustar la pirámide y es uno de los puntos que se tratarán en las reuniones técnicas que tendremos en estos días. Se analizará para trabajarlo en una segunda propuesta que se llevará la semana próxima”, acotaron.
En tanto, indicaron que si bien “hay impactos” de los incrementos salariales, “a algunos les impacta más que a otros, porque el fondo compensador lo que hace es ‘achatar’ la escala. Mientras sube el estado docente, baja la cláusula de garantía”, marcaron.
Paro del SUTE
Por otro lado, Correa aseguró que este jueves el SUTE se plegará al paro que organiza a nivel nacional la Ctera, en la cual solicitarán la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid); más la defensa de las jubilaciones docentes y también más financiamiento para educación.
“Nos vamos a concentrar en la Legislatura a las 18.30″, informó Correa, quien sostuvo que la situación económica de los trabajadores “no sólo pasa por la inflación, sino que cada vez estamos peor y se ve más la desigualdad entre los que más y menos tienen”, expresó.
ATE también con quejas
Por otro lado, ATE rechazó la misma propuesta que se ofreció tanto para la Administración Central, como también para los no profesionales de la salud.
“El Gobierno tiene que presentar una política concreta de restauración salarial para los trabajadores”, sostuvo Roberto Macho, secretario general de ATE, a la salida de la reunión en la Subsecretaría de Trabajo.
Al respecto, manifestó que se trató de “un 30% en total que está muy alejado de los costos reales que enfrentan los trabajadores cada vez que van a un supermercado, a cargar combustible o la SUBE, o a pagar cada uno de los servicios que el Ejecutivo que aumentan de manera reiterada. No hay bolsillo que aguante y los estatales no somos la excepción”.
Para Macho, el Gobierno “no dice la verdad” cuando habla de la baja en la recepción de recursos, y aseguró que “tiene una recaudación sustentable para dar un aumento salarial a los trabajadores estatales, quienes están muy por debajo de la inflación”.
“El Gobierno cuenta con los recursos para presentar una propuesta salarial seria. No debe ser cómplice del ajuste y derrocamiento del Estado que está llevando adelante el presidente Javier Milei”, añadió.
Por otro lado, descartó algún tipo de medida de fuerza ya que están en proceso de discusión salarial; pero señaló que el espacio de “Gremios Estatales Unidos” ya han fijado “los parámetros de los reclamos generales que sostenemos; y vamos a agotar las instancias de diálogo”, concluyó.
