Sin distinciones ideológicas, desde hace un tiempo asistimos en América Latina a un fenómeno recurrente: la implicancia de ex presidentes en investigaciones judiciales. El recorrido es similar en muchos países. Una vez que los mandatarios dejan su cargo quedan expuestos –ellos y sus colaboradores– a denuncias de todo tipo. En algunos casos, el avance de la Justicia les impide continuar participando en la vida política.
Según la óptica con que se miren, pueden ser procesos objetivos y rigurosos o el llamado lawfare, la guerra judicial mediática que suele denunciar la izquierda cuando señala acusaciones sin pruebas, extorsión a arrepentidos y estrechos vínculos de periodistas con magistrados y políticos.
La realidad indica que hay de todo: probados casos de corrupción, atropellos institucionales y variados delitos cometidos por funcionarios públicos, y también estrategias de persecución judicial con el fin de inhabilitar a candidatos.
Si en la década del ’90 los denunciados eran ex mandatarios neoliberales (Fernando Collor de Melo, Carlos Menem o Alberto Fujimori), desde comienzos de 2000, el espectro ideológico se amplió: entre otros, la Justicia apuntó a Lula, a Néstor y a Cristina Kirchner; a Hugo Chávez, a Evo Morales y a Rafael Correa, aunque también a Álvaro Uribe, Fernando De la Rúa, Mauricio Macri y Jeanine Áñez. Hasta Donald Trump tiene cuentas pendientes con la Justicia.
También ocurrió en Panamá, México, el Salvador, Nicaragua y Paraguay. En cualquier caso, se trata de mandatarios que, una vez que dejaron su cargo, deben enfrentar la Justicia.
“Cuando los presidentes están en la cresta de la ola se sienten omnipotentes y avasallan la ley. Cuando la marea baja, el nuevo gobierno se las cobra. El ciclo político se repite con cada ciclo económico y los únicos que aprendieron a gobernar contracíclicamente son los chilenos”, opinó días atrás el politólogo Andrés Malamud en La Nación.
“El problema no son los presidentes que fueron, sino los que quieren volver. En Estados Unidos, como en México, la prohibición resolvió ese problema”, planteó.
Jueces del poder
El abogado y especialista en corrupción política Juan Carlos Vega se refiere a “los jueces del poder” cuando mira a aquellos magistrados con una especial sensibilidad para acompañar con sus investigaciones y fallos el rumbo de los gobiernos de turno.
“(Los jueces) no tienen ninguna ideología. A ellos lo que les interesa es el mantenimiento de su poder”, enfatiza el autor del libro “La corrupción como modelo de poder”.
El ejemplo más reciente de un ex mandatario con problemas en la Justicia ocurrió en Bolivia con la detención de la ex presidenta interina Áñez, acusada de “sedición y terrorismo” por los sucesos que en 2019 terminaron con la salida del gobierno de Evo Morales. Con el MAS de regreso en el Palacio del Quemado, la Justicia va tras Áñez, sus ministros y la cúpula militar. Morales también sufrió embates judiciales. Fue denunciado por corrupción, fraude electoral y hasta por estupro, entre otros delitos.
“Algunos recuerdan en estos días que no hay mucha diferencia entre estas detenciones algo escandalosas de las conducidas durante 2019 y 2020 por el ex ministro fuerte del Gobierno de Áñez, Arturo Murillo, que se empeñó en ‘cazar’ (ésa es la palabra que utilizaba) a ex funcionarios del gobierno de Morales. Lejos de justificarlas, la comparación de las detenciones irregulares del MAS con las del gobierno de Áñez, pone en evidencia el escándalo mayor del asunto: que es el mismo sistema judicial, jueces y tribunales los que han servido para castigar y perseguir a uno y otro bando. Lo mismo se puede decir de la Policía”, advirtió el ensayista Mauricio Souza Crespo en el sitio el DiarioAR.
Tras la detención de Áñez, y por si hiciera falta aclararlo, el Tribunal Supremo de Justicia boliviano manifestó, a través de un comunicado, su plena “independencia judicial” a la vez que su “compromiso por el respeto a los derechos constitucionales y garantías jurisdiccionales”.
El caso de Lula
En una decisión sorpresiva, el 8 de marzo el juez de la Corte Suprema de Brasil, Edson Fachin, anuló todas las sentencias dictadas contra el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva por la Justicia federal de Paraná dentro de la operación anticorrupción Lava Jato.
Fachin apuntaba a la falta de competencia jurídica del tribunal que juzgó a Lula, a cargo de Sergio Moro, quien –vale aclararlo– al poco tiempo fue ministro de Justicia de Jair Bolsonaro. El líder del PT fue investigado por cuatro causas diferentes (compra de inmuebles, donaciones ilegales de Odebrecht) y sentenciado en dos de ellas a 12 y 17 años de prisión. Pasó 580 días en la cárcel y fue liberado en noviembre de 2019 después de que la Corte fallara que una persona sólo puede ser encarcelada cuando no le queden apelaciones posibles.
Inhabilitado para participar de las elecciones de 2018, su delfín Fernando Haddad no pudo ante Bolsonaro.
Con ese fallo, Lula podría volver a ponerse en carrera rumbo a 2022, algo que el actual presidente no ve con malos ojos, ya que apuesta a una máxima polarización.
Tras acusar de lawfare, la izquierda festejó la decisión de Fachin. “Celebro que Lula haya sido rehabilitado en todos sus derechos políticos. Se hizo justicia”, afirmó el presidente argentino Alberto Fernández.
“El lawfare contra Lula para evitar que fuera candidato y abrir el camino a la ultraderecha, ejemplifica el nuevo modus operandi de los grandes poderes. Al final ha quedado en nada”, señaló el vicepresidente segundo de España y líder de Podemos, Pablo Iglesias.
Naiara Galarraga Gortázar, corresponsal de El País en Brasil, escribió que “el alto tribunal tiene una enorme presencia en la vida política y, gracias a sus fallos y al manejo de los tiempos, también una gran influencia”. Cuenta la periodista destacada en Sao Paulo que los brasileños suelen bromear con que desde que estallaron los primeros casos graves de corrupción los nombres de los 11 jueces del Supremo son tan conocidos como el 11 titular de la selección de fútbol.
Correa, inhabilitado
En setiembre del año pasado, la Justicia ecuatoriana ratificó la condena al ex presidente Rafael Correa a ocho años de prisión y otros tantos de inhabilitación para ejercer cargos públicos por cohecho agravado.
La investigación contra el ex mandatario izquierdista probó, según el fallo, que su partido obtenía recursos de empresas privadas para la campaña electoral con presiones a cambio de ofrecerles contratos con el Estado.
“Esto era lo que buscaban: manejando la Justicia, lograr lo que nunca pudieron en las urnas”, expresó tras calificar la decisión de “mamarrachada”. Luego, una vez ratificada la sentencia, disparó: “Finalmente lo lograron. En tiempo récord sacan sentencia definitiva para inhabilitarme como candidato”. En una elección manchada por la denuncia de fraude del indigenista Yaku Pérez, el correísta Andrés Arauz y el empresario Guillermo Lasso empataron y disputarán el balotaje. “Todos esos procesos judiciales abren un panorama nuevo en Ecuador, en donde la Justicia ha sido históricamente cooptada por los partidos políticos dominantes. Una encuesta de principios de 2020 dice que apenas tres de cada 10 personas confiaban en el Consejo de la Judicatura -órgano que administra el sistema judicial-, la misma cantidad que confiaban en la Fiscalía y apenas uno de cada diez confiaba en los jueces”, escribió la periodista María Sol Borja en The Washington Post.
“Ese sistema, en el que pocos tienen confianza, es el que juzgó a Correa y a los ex funcionarios. Se trata también de un sistema que fue maquinado por el gobierno correísta cuando, en 2011, convocaron a una consulta popular para reformarlo. Ganaron y la Justicia refundada pasó a ser obsecuente con Correa como antes lo había sido de otros”, agregó.
Perú es tal vez el país con mayor cantidad de ex presidentes denunciados por corrupción en la región. En los últimos 30 años, la Justicia investigó a Fujimori, Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra. Alan García se suicidó cuando la policía se aprestaba a arrestarlo en su casa luego de que fuera acusado de recibir 24 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht. Una de sus hijas reveló que el ex presidente dejó una carta en la que insistía con su inocencia.
“El Lava Jato involucró a todos los presidentes elegidos desde 2021 -contó a La Voz el analista Juan Carlos Requena–. Todos ellos enfrentan alguna acusación referida a este tema y tienen algún proceso judicial en marcha. Sin embargo, con detenciones preliminares muy mediáticas, ningún caso –quizás con la excepción de Toledo– llegó a avanzar de manera que se pueda combatir la impunidad. Muchas de las acusaciones, eran de dudoso sustento y se encarceló sin condena. Entonces, creo que ha sido una participación de la Justicia con luces y sombras. Es la gran deuda pendiente”.
