A la espera de la presentación del Presupuesto 2027, el presidente de la Corte, Dalmiro Garay, defendió los resultados de dos reformas en la Justicia penal
Informe de la Suprema Corte de Justicia plantea mejoras por las dos últimas reformas en el fuero
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Archivo Los Andes
A un año de la reforma que promueve las audiencias penales en turno vespertino y con seis meses de aplicación de los cambios en flagrancia, la Suprema Corte de Justicia elaboró un informe sobre el impacto de ambas medidas. Según el relevamiento, aumentó un 23% la resolución de causas sin necesidad de sumar más jueces.
La definición del presidente de la Corte, Dalmiro Garay, contrastó con la postura del ministro coordinador del Fuero Penal Colegiado, José Valerio, quien reclamó mayores recursos y personal en su disidencia parcial a la acordada que aprobó el proyecto de Presupuesto 2027 del Poder Judicial.
El informe estadístico compara los resultados de la gestión penal entre 2023 y septiembre de 2026, con foco en las reformas del procedimiento correccional y de flagrancia.
El relevamiento oficial midió el impacto de las leyes 9666, que modificó el procedimiento correccional, y 9703, vinculada al sistema de flagrancia.
La primera trasladó los debates correccionales desde los Juzgados Penales Colegiados (JPC) hacia los Tribunales Penales Colegiados (TPC), mientras que la segunda introdujo cambios para acelerar la respuesta judicial ante delitos cometidos en flagrancia.
“La muestra estadística que hemos hecho entre 2023-2025 y la de este año con la aplicación de estas reformas es que se ha resuelto el 23% más de las causas”, explicó Garay a Los Andes.
El presidente de la Suprema Corte sostuvo que la redistribución de tareas permitió descomprimir los juzgados, que concentraban una mayor carga de trabajo, y aprovechar la capacidad de los tribunales.
“Me parece que se ha logrado con la misma cantidad de personal, con los mismos jueces, esta reingeniería en la asignación de procesos, mejorar la resolución en lo correccional”, señaló.
Los datos del informe muestran que la proporción de casos activos que llega a una decisión de fondo pasó del 43,4% al 49,2%.
Entre las variaciones más significativas aparece un aumento del 55,1% en las suspensiones de juicio a prueba, del 18,5% en los juicios abreviados, del 6,7% en las absoluciones y del 6,3% en las condenas dictadas en juicio común.
Los resultados se produjeron pese al incremento de la demanda. Entre enero y septiembre de 2026 ingresaron 18.296 causas nuevas y, de mantenerse ese ritmo, la proyección anual indica un aumento del 17,2% en el ingreso de delitos frente al promedio de los tres años anteriores, deslizaron.
La reforma que cumplió un año también buscó incrementar las audiencias en horario vespertino. Sin embargo, el avance fue moderado: frente a datos de agosto de 2025, cuando dos de cada diez audiencias se realizaban por la tarde, entre fines de ese año y lo que va de 2026 la proporción llegó a tres de cada diez audiencias correccionales.
La reforma también mostró resultados en el sistema de flagrancia. Según el relevamiento, la tasa de realización efectiva de las audiencias iniciales pasó del 48,7% al 78%, mientras que el tiempo mediano para fijar la primera audiencia se redujo de 55 días a siete.
“Al día de la fecha tenemos más de 350 sentencias de flagrancia, lo cual muestra que el sistema funciona, pero esencialmente que no hemos necesitado hasta ahora más personal ni más funcionarios”, afirmó Garay.
El magistrado atribuyó los resultados a una combinación de factores: los cambios normativos, la gestión de causas por parte del Ministerio Público Fiscal y el traslado de los debates correccionales a los tribunales penales. Esta reorganización, explicó, liberó tiempo en los juzgados para atender la demanda de flagrancia dentro de los plazos establecidos.
La mejora también alcanzó a otras causas pendientes. La espera máxima para fijar el 90% de las audiencias generales bajó de 129 a 106 días, una reducción de 23 días.
Los resultados del informe contrastan con los cuestionamientos que planteó el ministro José Valerio en su disidencia parcial a la acordada 32.745, mediante la cual la Corte aprobó el proyecto de Presupuesto 2027 para el Poder Judicial.
Valerio acompañó la remisión del presupuesto al Poder Ejecutivo por razones institucionales, pero cuestionó la metodología utilizada para elaborarlo. Según sostuvo, el proyecto se confecciona a partir de los requerimientos de los organismos administrativos, sin que exista previamente una definición de la política judicial por parte de los ministros de la Corte.
“La falta de elaboración y decisión de políticas públicas judiciales a cargo de la Suprema Corte de Justicia genera una indebida delegación burocrática de la función y la confusión de roles con la confección del presupuesto”, planteó.
Valerio también advirtió sobre las diferencias en la organización de los fueros, la relación entre la cantidad de jueces, funcionarios y empleados, y la necesidad de modernizar los procesos mediante tecnología y nuevas estrategias de gestión.
En particular, puso el foco en el Fuero Penal Colegiado y planteó que faltan recursos para el horario vespertino: “He solicitado en reiteradas oportunidades por cada presupuesto para el ítem personal y recursos para funcionamiento en turno vespertino para toda la provincia, incluido el presente ejercicio 2025, sin resultados favorables, pero con una crítica constante a la falta de audiencias vespertinas, por parte de quien suprime en el presupuesto tales requerimientos".
El ministro respondió por elevación a las críticas que el gobernador Alfredo Cornejo expuso el año pasado, al anunciar la reforma de la Justicia penal vigente.
Consultado por la disidencia de Valerio, Garay defendió la estrategia de reorganización interna y consideró que la mayoría de la Corte tiene acuerdo sobre el rumbo a seguir.
“La disidencia del doctor Valerio se enmarca en un conjunto de muchas disidencias que viene haciendo normalmente”, afirmó. Luego, contrapuso el reclamo por mayores recursos con la posibilidad de mejorar el funcionamiento mediante cambios en la gestión.
“Para mí la cuestión hay que mirarla no desde la disidencia, de lo negativo, de la queja, sino de lo positivo, de hacer que por reingeniería de procesos podamos mejorar de manera eficiente los sistemas”, señaló.
El presidente del máximo tribunal insistió en que la reforma penal permitió elevar las resoluciones sin incorporar más personal y sostuvo que la tecnología puede contribuir a aprovechar mejor los recursos existentes.
Como ejemplo, mencionó la automatización del sistema de beneficios de litigar sin gastos en el fuero civil, que, según indicó, permitió ahorrar 8.000 horas de trabajo y redistribuir empleados hacia otras áreas.
“Si nosotros somos inteligentes en la manera en que gestionamos y aplicamos y usamos la tecnología que tenemos a disposición, vamos a lograr siempre mejores resultados que pidiendo más”, manifestó.
En cuanto al Presupuesto 2027, Garay indicó que la Corte solicitó nuevos cargos y que se aprobaron cuatro puestos de jueces de primera instancia. Explicó que el tribunal evaluará el impacto de las reformas para determinar si necesita sumar magistrados en otras jurisdicciones.
También reconoció que las partidas destinadas a proyectos de inversión suelen sufrir recortes y que todavía analizaban su asignación presupuestaria. No obstante, destacó las obras edilicias previstas, entre ellas el Polo Judicial de Tunuyán, que se inaugurará en diciembre; el nuevo edificio de Familia en Maipú y las adecuaciones vinculadas con la reforma del fuero penal juvenil.
