El edificio de los Tribunales federales de calle España y Pedro Molina es una mole que se alza en el barrio cívico de la Ciudad de Mendoza. Poco se sabe de lo que sucede adentro en lo cotidiano. Pero cuando alguna información se filtra desde adentro, es un terremoto.
Desde la década del ’90, esos tribunales han dado pocos titulares en los medios, pero los que dieron fueron escándalos. Podría decirse que el caso del juez federal Walter Bento, quien supuestamente habría vendido beneficios a acusados en causas que el magistrado tramitaba, sigue esa tradición escandalosa del oscuro edificio.
Como siempre, la memoria reciente suele ser la que se tiene más presente. En pocos años, durante la década pasada, toda una camada de magistrados federales terminó su carrera abruptamente, la gran mayoría comprometidos en violaciones a los derechos humanos en los años oscuros de la dictadura militar.
Fue con el inicio de los juicios de la verdad y la memoria en la provincia que se inició el escándalo más reciente de la Justicia federal mendocina. Algunos exmagistrados fueron enjuiciados (Rolando Carrizo y Guillermo Petra Recabarren). Junto a ellos cayeron otros dos jueces que hasta el momento del inicio de los procesos estaban en la Cámara Federal de Apelaciones: Otilio Roque Romano y Luis Francisco Miret. Los cuatro fueron condenados en 2017 por la justicia a prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua, por no haber intervenido en una enorme cantidad de casos de secuestro y tortura que fueron denunciados y que cayeron en sus manos, al punto de convalidar el accionar de las fuerzas de seguridad involucradas. En los años de plomo Carrizo era juez; Miret y Petra Recabarren, jueces subrogantes; y Romano era procurador fiscal.
El caso de este último fue el que más ruido hizo: en 2011, cuando fue suspendido por el Consejo de la Magistratura, se fugó a Chile. El 16 de diciembre de ese año fue destituido. Su colega Miret había lo sido ese mismo año, unos meses antes.
Otro camarista activo en aquellos años, Carlos Pereyra González, también tuvo su mención en los juicios por la verdad: en el primer juicio de Cuyo, ocurrido en San Luis, fue señalado como testigo en sesiones de tortura; en el Proceso militar Pereyra González era secretario de un juzgado federal. El ex camarista renunció a su cargo en 2009 y así evitó el proceso de destitución en el Jury.
Dos años después cayó otro camarista, Julio Petra. En 2010, éste separó a Bento de una investigación sobre el rol de su colega Romano durante la dictadura militar. Antes, en 2008, Petra había firmado la falta de mérito al capitán e intendente de facto de San Rafael Luis Stuhldreher. Acosado por las causas, Petra renunció en 2011.
El caso Leiva y otros anteriores
El anterior escándalo desatado en los tribunales federales también está en la memoria de los mendocinos. Se trata de las investigaciones por la caída del Banco Mendoza, con empresarios detenidos, incluido el poderoso Raúl Moneta, y la caída del juez que llevó adelante la pesquisa: Luis Leiva.
En mayo de 2002, el magistrado fue destituido por el jurado de enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura. De las 15 imputaciones en su contra, el Jury destituyó a Leiva por una, presentada por un allegado de Moneta: lo acusaba de no haberse apartado de una causa por un supuesto complot contra su propio juzgado y el tribunal entendió que esa causa debía ser llevada por otro juez.
Otro de los miembros de esa cámara se tuvo que ir por otro motivo. Alfredo López Cuitiño estaba siendo investigado por abuso sexual y acoso laboral por varios empleados de la Justicia. En diciembre de 2012, la entonces presidenta Cristina Fernández le aceptó la renuncia y López Cuitiño se transformó en el último de los miembros de esa controvertida cámara que dejó su cargo.
Otro escándalo de la Justicia Federal local se vivió a principios de la década del ’90. El protagonista fue Gerardo Walter Rodríguez, titular del juzgado federal número 3. El 8 de abril de 1992, Rodríguez le otorgó la ciudadanía argentina a Monser Al Kassar, quien por entonces era un millonario sirio que tenía vínculos con el menemismo y sospechoso de traficar armas y pertrechar a terroristas de Abu Abbas. Hoy, Al Kassar cumple una condena a 30 años por terrorismo en Estados Unidos.
El juez Rodríguez dejó su cargo en 2003. También estaba siendo investigado por el Consejo de la Magistratura por dictar fallos en causas de otras provincias.
De esa camada de magistrados, solo el titular del juzgado federal número 3, Alfredo Manuel Rodríguez, fue el que tuvo un paso poco problemático, aunque dejó un muy mal recuerdo en la Universidad Nacional de Cuyo porque a finales del siglo pasado le dio la razón a Dalvian en la puja por una franja de tierras ubicadas al norte del campo de deportes de la Casa de Estudios.
Unos años después, en 2007, la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, con la firma de Julio Petra, Antonio Endeiza y Carlos Pereyra González, le volvió a dar la razón al barrio del Grupo Vila-Manzano. En aquellos años desde la UNCuyo se recordaba que Petra vivía en Dalvian. Finalmente la Corte Suprema de la Nación terminó zanjando a favor de la Casa de Estudios en setiembre de 2012.
En esa oportunidad no fue la única vez que el grupo Vila-Manzano avanzó con causas en el edificio de España y Pedro Molina. Una que resultó relativamente exitosa empezó en manos de Olga Pura Arrabal cuando estaba a cargo del juzgado federal número 2. Fue un expediente iniciado por el grupo local contra Cablevisión, a pesar de que la empresa porteña no tiene operaciones en nuestra provincia. Arrabal fue separada de la causa porque familiares directos de ella tenían trabajo en empresas del grupo Vila-Manzano.
Entonces la causa recayó en Walter Bento. El 20 de diciembre de 2011, Bento ordenó desde Mendoza allanar e intervenir la empresa Cablevisión, ubicada en Buenos Aires, en sintonía con los ataques del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner contra el Grupo Clarín. Todas las actuaciones de ese expediente, luego de casi dos años de tramitación, fueron rechazadas por nulas por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación con serios cuestionamientos sobre el proceder del hoy imputado juez federal.
Esa causa, y el hecho de que contratara a su mujer en la Secretaría Electoral a su cargo, llevaron a Bento al Consejo de la Magistratura. En julio de 2012, el kirchnerismo lo salvó del jury. Ahora, deberá enfrentar al mismo Consejo por segunda vez.
